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El sector empresarial y los gobiernos latinoamericanos han recibido con entusiasmo el fenómeno del Big Data. Mucho se ha dicho sobre como el tratamiento masivo y automatizado de datos a través de algoritmos podría implementarse en distintos rubros a fin de mejorar la productividad de los negocios, permitir a los gobiernos mejorar la administración del sector público y ayudar a las organizaciones a diseñar su planificación estratégica. Lamentablemente, el uso abusivo y las consecuentes vulneraciones a los derechos fundamentales que puede producir un uso indiscriminado de esta herramienta no ha recibido el mismo nivel de atención.

By ONG Derechos Digitales

Big Data puede ser definido como la capacidad para aplicar análisis algorítmicos a los crecientes volúmenes de información que tanto empresas como gobiernos recolectan de las personas. Esto permite inferir, a través de correlaciones, información útil no contenida explícitamente en dichas bases de datos. Este análisis masivo y automatizado de datos se caracteriza por las “4 Vs”: Volumen (datos a gran escala), Velocidad (en tiempo real), Variedad (múltiples bases de datos que se entrecruzan) y Veracidad (intenta dar fiabilidad a datos intrínsecamente imprecisos).

Este procesamiento de datos, a partir de grandes características comunes de grupos, permite también dilucidar información sobre personas individuales, incluyendo información sensible no revelada por los propios individuos. Es así como el análisis de datos puede predecir el género, inclinación sexual, raza, edad y afiliación política de una persona basándose únicamente en sus “me gusta” de Facebook. Pero de eso también surge la posibilidad de tomar decisiones a partir de esa información. Así ocurrió cuando Xerox cambió sus políticas de contratación, al concluir que no era la experiencia laboral el mejor factor a considerar a la hora de contratar a sus empleados, sino que otros elementos como el hecho de que vivan cerca del trabajo, y que no fuesen demasiado empáticos o inquisitivos.

Esta inusitada capacidad para recolectar e inferir información a partir de la huella digital que las personas dejan en Internet, o de bases de datos que no controlan, puede vulnerar la privacidad de las personas, esconder sesgos imperantes bajo el velo de la objetividad y resultar en decisiones arbitrarias o discriminatorias. Es lo que ocurrió cuando la cadena de supermercados Target incluso fue capaz de saber que una adolescente estaba embarazada antes que su propio padre. Pero al acumular esa información en enormes bases de datos y aplicar parámetros algorítmicos para adoptar decisiones, el riesgo de daño se hace mayor. Esto resulta particularmente sensible si dicho mecanismo se utiliza para el perfilamiento basado en factores como el género, la raza o la inclinación sexual, o se utiliza para seleccionar personal basado en factores distintos al mérito profesional; o discriminando a quienes, por ejemplo, tienen un pasado de activismo sindical. No solamente nuestra huella individual nos pone en peligro, sino también los criterios, escondidos detrás de algoritmos, que a partir de datos aparentemente irrelevantes nos dejan susceptibles a la discriminación.

Latinoamérica tiene un triste historial de gobiernos aficionados a espiar y vigilar a sus ciudadanos. Vulneraciones a los derechos fundamentales como la última reforma a la ley de telecomunicaciones incluyó políticas explícitas de geolocalización de teléfonos celulares sin requerir orden judicial en México. Grandes acumulaciones de datos, como el Sistema Federal de Identificación Biométrica para la Seguridad (SIBIOS) de Argentina y el proyecto de ley que asocia la tarjeta de transporte público a una persona en Chile, esconden también el riesgo de sujetar políticas públicas a la aplicación de técnicas de Big Data con fines vulneratorios de derechos y libertades.

Por otro lado, la falta de una regulación robusta y la ausencia de buenas prácticas en el sector privado han dado paso a un pujante mercado de datos personales, en donde bases de datos que contienen incluso información sensible, son compradas y vendidas sin atención a como esto puede afectar la privacidad de las personas, y como esos datos pueden mal utilizarse. Las reglas vigentes parecen insuficientes para enfrentar y regular la recolección y el tratamiento de datos personales. El uso de los datos personales sujeto a sofisticadas operaciones se vuelve así valioso para grandes empresas, sin necesariamente considerar los beneficios para las personas cuya información se recolecta.

Por lo anterior, se vuelve cada día más necesario que la región no sólo fortalezca su legislación de protección de datos personales, sino que es necesario repensar los mismos principios sobre los cuales descansa dicha legislación. Los cambios tecnológicos y el desafío que implica la adopción del Big Data hace cada día más difícil que la regulación solo se apoye en el principio de consentimiento informado, y hace necesario resguardos adicionales que permitan salvaguardar, desde una perspectiva de derechos humanos, el derecho a la autodeterminación informativa.

No se trata de satanizar una tecnología: el Big Data puede, y debe, generar grandes beneficios sociales, pero para que ello sea posible, se deben tomar las medidas tendientes a proteger los derechos fundamentales de las personas ante las consecuencias perversas de su mala utilización.

Imagen: data.path Ryoji.Ikeda – 3 by r2hox (CC-BY-SA 2.0)