El 27 de julio de este año, mientras los más de 30 millones de peruanos disfrutaban del feriado nacional, el gobierno promulgó el Decreto Legislativo 1182, una norma que en la práctica convierte a todos los ciudadanos en posibles criminales a los que hay que mantener vigilados.

A través de sus decisiones, la APDP y el TC reconocen que la publicidad de ciertos datos personales puede afectar la privacidad de los ciudadanos. Sin embargo, en lugar de impedir esta afectación en su origen, se limitan a sancionar a los terceros que replican lo que ya hizo el Estado en primer lugar. ¿Qué protegemos realmente aplicando ese criterio? Claramente, no la confidencialidad de dichos datos personales.

En el último capítulo de una larga polémica, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual suspendió por un año al consejo directivo de la Asociación Peruana de Autores y Compositores. ¿Pero qué esconde esta larga discusión en un país como Perú (…)  Leer Artículo »

En Digital Rights LAC quisimos preguntarles a distintos especialistas de la región sobre su balance personal en temas de derechos digitales. Este es el caso de Miguel Morachimo de Perú, al que le preguntamos ¿en qué sentido el caso de la cancelación del dominio peruano thepiratebay.pe, evidencia malas legislaciones que (…)  Leer Artículo »

Por Eduardo Alcócer Povis, Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿Por qué esta iniciativa –informalmente conocida como “ley Beingolea”- ha levantado tantas voces críticas en Perú? En un breve análisis, el profesor Eduardo Alcócer disecciona la ley (que está en poder del Ejecutivo luego de ser aprobada por el Congreso) y (…)  Leer Artículo »