En Digital Rights LAC quisimos preguntarles a distintos especialistas de la región sobre su balance personal en temas de derechos digitales. Este es el caso de Miguel Morachimo de Perú, al que le preguntamos ¿en qué sentido el caso de la cancelación del dominio peruano thepiratebay.pe, evidencia malas legislaciones que no comprenden cómo funciona Internet? y ¿qué derechos están en juego?

El 2013 fue un año cargado de debates sobre libertades en Internet en Perú, desde las negociaciones del TPP hasta la ley de delitos informáticos pasando por las propuestas pendientes para filtrar contenidos pornográficos y las de nuevas excepciones y limitaciones para el derecho de autor. Sin embargo, quizás el caso que más nos ha demostrado la fragilidad de nuestro sistema es la cancelación del nombre de dominio peruano de The Pirate Bay.

A inicios de diciembre, The Pirate Bay empezó a usar un nombre de dominio peruano (thepiratebay.pe) como dirección principal para su sitio. Solo seis días después, la Comisión de Derechos de Autor del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual (INDECOPI) dictó de oficio una medida cautelar fuera de procedimiento ordenando al registrador peruano la cancelación del nombre de dominio. Para la Comisión fue suficiente el hecho de que en otros países los administradores de la página hayan sido procesados por contribución a la infracción de derechos de autor. En ningún momento se dio la oportunidad de que los titulares del servicio afectado presenten sus descargos y ni siquiera se les notificó la propia medida cautelar. Tampoco se tiene noticia de que hayan iniciado un procedimiento principal por infracción a los derechos de autor.

Lo peor es que todo esto lo hicieron dentro de la propia Ley de Derechos de Autor. En Perú, un organismo administrativo puede otorgar medidas cautelares ordenando la suspensión o cese de cualquier medio a través del cual se cree que se están cometiendo infracciones a los derechos de autor. Eso significa que cualquier página web o medio de expresión en línea puede ser suspendido sin necesidad de que exista un procedimiento en curso o se respete el derecho de defensa del afectado. Ni siquiera es necesario que alguien lo solicite porque lo puede hacer de parte. Sin duda, una regla peligrosa cuando se aplica a Internet y que demuestra lo terriblemente frágil que es nuestra libertad de expresión en línea.