El caso de la tarjeta SUBE en la Argentina es un buen ejemplo de cómo en nuestros días muchas políticas avanzan sobre nuestra vida privada sin que nadie se queje o siquiera se de cuenta.

Por Ramiro Alvarez Ugarte, Asociación por los Derechos Civiles.

Hacia fines de 2011, todos los habitantes de la ciudad de Buenos Aires y su periferia querían su SUBE, como se conoce a la tarjeta de transporte público en nuestra ciudad. La nueva tecnología prometía solucionar un problema y evitar uno a futuro. Por un lado, nos evitaría el incordio de tener que perseguir, conseguir y atesorar monedas para poder viajar en los buses locales, ya que no aceptan dinero de papel. Por el otro, el plan se presentaba como una posibilidad para evitar posibles aumentos: se nos decía que el gobierno crearía un sistema de subsidios diferenciados por los cuales los pasajeros de menores recursos tendrían un boleto más barato.

Si visitaban Buenos Aires en febrero de 2012 hubieran visto largas colas de ciudadanos que querían acceder a su tarjeta. Para ello debían presentar el documento nacional de identidad, de modo que su tarjeta quedaba vinculada a ellos de manera personal. Ese vínculo parecía esencial para la política de subsidios diferenciados y tenía el beneficio adicional de poder recuperar el crédito que estuviera en la tarjeta en caso de que fuera perdida. Además, registraba todos los movimientos de los pasajeros y permitía –por ejemplo— conocer en qué estación de subte y a qué hora se utilizaba el transporte, para lo cual bastaba con ingresar el número de tarjeta en el moderno sitio web del Sistema Único de Boleto Electrónico.

El caso de la tarjeta SUBE en la Argentina es un buen ejemplo de cómo en nuestros días muchas políticas avanzan sobre nuestra vida privada sin que nadie se queje o siquiera se de cuenta. El mecanismo funciona de la siguiente manera.

En primer lugar, los avances en las tecnologías permiten hacer cosas que antes no eran posibles como, por ejemplo, tener un sistema único y personalizado de pago del transporte público, registrar y compartir con miles de funcionarios públicos los datos biométricos de los ciudadanos o crear enormes bases de datos donde se cruza información impositiva, financiera, criminal, etc., etc. En segundo lugar, esas políticas se nos presentan como avances que aumentan nuestra seguridad, permite diseños más inteligentes de las políticas públicas, aumenta la eficiencia del Estado,  etcétera. Y finalmente se nos asegura que los riesgos que estas políticas implican para nuestra privacidad son menores, toda vez que el Estado utilizará la información que recaba de un modo compatible con los estándares y principios de un estado democrático.

En conclusión, se nos ofrecen beneficios concretos frente a riesgos hipotéticos. Y así es cómo estas políticas que tienden a achicar cada vez más el espacio de privacidad con que contamos los ciudadanos avanzan sin enfrentar mayores oposiciones.

Sin embargo, si analizamos estas cuestiones en mayor profundidad veremos cómo en realidad, esos supuestos beneficios no son tales. Miremos por un momento al caso de la SUBE. Es cierto que ya no necesitamos monedas y que viajar es más cómodo. Sin embargo, podríamos contar con una tarjeta anónima como ocurre con la Oyster de Londres: allí el registro de esta tarjeta es optativo. En la Argentina ni siquiera se informaba que la tarjeta podía obtenerse sin necesidad de presentar identificación de ningún tipo, una posibilidad que la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) conoció gracias a un pedido de acceso a la información pública. Y en la práctica, el documento de identidad era requerido expresamente. Asimismo, los subsidios diferenciados se quedaron en meras hipótesis y promesas vacías.

Por otro lado, los riesgos fueron y son muy concretos: cuando el sistema se lanzó, una persona podía controlar a su pareja simplemente conociendo el número de su tarjeta SUBE. Y si nos robaban la billetera, el ladrón tendría inmediatamente información sobre nuestras rutinas laborales y sobre dónde vivimos. Estos riesgos fueron parcialmente resueltos cuando frente a las quejas de activistas por el derecho a la privacidad los administradores de la SUBE establecieron que para poder acceder a esos datos era necesario ingresar una clave establecida por el usuario.

Los datos de la SUBE ya se utilizaron para procesar a una persona en una investigación penal. En efecto, ellos permitieron saber que una persona acusada de robar a otra en un autobús público efectivamente había estado en el lugar del hecho. Esto nos dice algo muy cierto respecto de la nueva tarjeta que nos ofrece comodidad: ella es un sistema de vigilancia novedoso. Y él se agrega a los muchos sistemas de vigilancia ya existentes: nuestros celulares dejan rastros segundo a segundo, las cámaras de seguridad se expanden vertiginosamente, tenemos tarjetas personales para el gimnasio y el supermercado, etcétera. Muchos dirán que llamar «sistema de vigilancia» al sistema único de boleto electrónico es una exageración. Yo creo que, técnicamente, no lo es. Pero si lo fuera, que al menos sirva para llamar la atención sobre el futuro que estamos construyendo: es hora de que empecemos a discutir si él nos gusta o no.

Ramiro Álvarez es director del Área de Acceso a la Información de ADC.
E-mail: rugarte (at) adc.org.ar