A partir de abril es posible viajar como turista desde Chile a EE. UU. sin necesidad de una visa. Y aunque este acuerdo se celebró por el ex Gobierno chileno como un triunfo, el costo de que unos pocos puedan gozar el “privilegio” lo pagan los datos personales de todos los chilenos.

Por Juan Carlos Lara*

Cuando el ex canciller Alfredo Moreno celebraba en Washington con el ex embajador Rodrigo Bulnes el inicio del programa visa waiver para Chile, se celebró como un gran logro para el país pero poco se habló de lo que Chile entregaba a cambio de que algunos chilenos puedan viajar con la exención de visa: los datos personales de todos ciudadanos.La liviandad para tratar los datos de los chilenos no es solo un problema del Gobierno de Piñera o de las exigencias de Estados Unidos, sino de un Estado que ha sido incapaz de comprender lo fundamental de la privacidad en la era de la vigilancia.

El costo de la visa waiver para los ciudadanos chilenos se desprendede un convenio de intercambio de información para investigar y prevenir delitos, firmado en mayo de 2013, como requisito para estar en el programa de visa. Se trata de una forma de cooperación que descansa en la disposición de los Estados de responder ante los requerimientos de sus aliados, entregando información de personas que han sido identificadas mediante sus huellas dactilares, y sobre quienes existan sospechas o investigaciones pendientes por delitos graves. Por delitos graves, el acuerdo se refiere a todos los que tengan una pena privativa de libertad máxima de un año o superior, o una pena mayor distinta (como por ejemplo, la pena de muerte), a determinación de cada Estado en su legislación interna.

El Gobierno anterior envió el acuerdo al Congreso para su aprobación, haciendo hincapié en su importancia como parte del programa. Pero el acuerdo no viene transcrito en el proyecto que propone su aprobación, dejando fuera del escrutinio público detalles que podrían ser cruciales para los chilenos. Esto porque aunque se plantea que es para intercambiar información sobre personas y circunstancias específicas, también incluye la entrega de datos con unos fines de «prevención» de difusos límites, no muy distintos a los que ha denunciado Snowden que hace Estados Unidos para justificar la vigilancia masiva, pero que en este caso obligarían a entregar datos sin siquiera intervenir cables o sistemas. Un verdadero cheque en blanco sobre los datos de los chilenos, negociado a espaldas de la ciudadanía.

Pero este cuestionable acuerdo no es responsabilidad exclusiva del gobierno de Piñera. Hace menos de dos semanas, la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, entregó su informe sobre el acuerdo, aprobándolo de forma casi unánime (salvando la abstención de Guillermo Tellier) y sin levantar alertas sobre su contenido. A la aprobación de un acuerdo opaco, el Congreso estaba dando visa automática. Como si fuera poco, a la misma iniciativa se sumó el proyecto de ley (que ya está en manos de la misma comisión) que facilita este tipo intercambio de datos con otros países.

A estas alturas, es absurdo esperar que EE. UU. cambie su perspectiva respecto de su propia seguridad interna y externa. Lo que queda es la responsabilidad de nuestro propio Estado que, independiente del gobierno de turno, se rehúsa a tomarse en serio los derechos de las personas y a regular de manera apropiada los datos personales: autoridades dispuestas a abrir la puerta a un tráfico transfronterizo indiscriminado de datos, antes que asegurar que termine el mal uso de los mismos en Chile. ¿Acaso existen condiciones de seguridad para los datos personales en Chile? ¿Las hay acaso en el Registro Civil, después de la impune copia ilegal de sus bases de datos? ¿Tenemos resguardos reales? ¿Colaborará EE. UU. con Chile en los mismos términos?

Lo que falta es terminar de comprender que un país digno se erige frente al mundo no sobre los privilegios que otorga a algunos de los suyos, sino de los derechos que reconoce para todos. Sin asegurar esos derechos, sin una regulación adecuada para los datos personales de todos, no debe firmarse acuerdo alguno.

* Juan Carlos Lara es Director de contenidos de ONG Derechos Digitales
Twitter: @DonJC