Chile fue el primer país del mundo en adoptar una ley de neutralidad de la red. Tres años después, las cifras del mercado de telecomunicaciones hace pensar en sus positivos efectos, pero otros antecedentes no la hacen parecer completamente eficaz para los consumidores.

Por Alberto Cerda, Derechos Digitales.

A casi tres años de haberse adoptado una ley sobre neutralidad de la red, es posible apreciar ciertos efectos de la regulación en Chile. La ley ha contribuido a disminuir los costos de conexión, incrementar el número de usuarios e introducir mayor competitividad en el mercado de telecomunicaciones. Sin embargo, dichos beneficios aparecen opacados por acusaciones de negligente supervisión de la ley por la autoridad pública.

El 2010, tras tres años de discusión parlamentaria, Chile se transformó en el primer país en adoptar una ley de neutralidad de la red. En síntesis, la reglamentación impone dos obligaciones claves sobre las concesionarias de servicio público de telecomunicaciones que prestan servicio a los proveedores de acceso a Internet, y a estos últimos: primero, proveer información a los usuarios y, segundo, abstenerse de interferir en las comunicaciones de los mismos.

Algunas alarmistas voces sugerían entonces, tal cual hoy hacen en otras latitudes, que la implementación de la ley acarrearía nefastos resultados para el mercado local de telecomunicaciones. Sin embargo, las estadísticas desmienten dichas aprensiones. Hoy, Chile dispones de más conexiones y a un menor costo para los usuarios.

Las cifras están a la vista. De acuerdo a cifras oficiales de SUBTEL, la autoridad local en telecomunicaciones, entre el año 2009 y 2012, el número de conexiones móviles pasó de 600 mil a casi 5 millones, mientras que las conexiones fijas se incrementaron desde 1.7 millones a 2.2 millones. Los costos hacia los usuarios también han decrecido, de acuerdo a SUBTEL, el 2012 se reportó descensos de hasta un 50 % en el precio de los servicios.

La apertura de las redes que garantiza la neutralidad de la red, ha permitido también el ingreso de nuevos operadores al mercado. Hasta el 2009, Chile contaba con sólo cuatro compañías de telefonía móvil, este número llega hoy a nueve. Tres de estos últimos son operadores móviles virtuales, cuyos servicios fueron obstaculizados por los operadores mayoritarios, hasta que la Corte Suprema obligó a estos a ofrecerles facilidades y reventa de planes sobre la base de criterios generales, uniformes, objetivos y no discriminatorios. Los nuevos operadores representan aún menos de un 2% de mercado de telefonía móvil. Lo propio sucede con el acceso a Internet móvil, que desde el 2012 cuenta con cinco nuevos operadores, que ya representan el 4,3 % de los suscriptores.

El mercado local de servicios de telecomunicaciones está aún fuertemente concentrado. Hacia diciembre del 2012, de acuerdo a cifras oficiales, un 75 % de las líneas de telefonía fija eran provistas por dos operadores, Telefónica y VTR, quienes concentraban un 80 % del acceso fijo a Internet. Mientras, más del 98 % de los abonados a telefonía móvil estaban en manos de tres operadores: Movistar (Telefónica), ENTEL y Claro, quienes concentran también más del 95 % de los abonados a Internet móvil. Aun cuando existen nominalmente otros operadores, estos suelen estar limitados a determinadas regiones del país, nichos de mercado, o acaban recién de ingresar al mercado.

Contrariando vaticinios funestos, el mercado de las telecomunicaciones es uno de los más dinámicos de la economía chilena. Las tasas de crecimiento de este sector exceden las otros sectores productivos, desde el 2007. El 2011, por ejemplo, se registró un record en las inversiones en el sector, con un incremento de sobre el 25 %. De hecho, la reciente crisis económica global parece no haber tocado al sector de las telecomunicaciones en Chile.

Es difícil establecer una correlación directa entre el mayor número de operadores y conexiones, así como los precios de los servicios, a una causa en particular. Simultáneamente a la ley de neutralidad de la red, Chile adoptó una ley de portabilidad numérica, una medida que se implementa gradualmente para telefonía fija desde finales del 2011, e inmediatamente para telefonía celular desde el 2012. La portabilidad del número ha debido contribuir a algunos de estos logros, en especial durante el último año. Sin embargo, estos logros eran ya manifiestos aún antes de implementarse la portabilidad numérica, y otros son mayormente atribuibles a la apertura del mercado que supone la neutralidad de la red.

Pero no todo son aspectos positivos. Si bien la ley de neutralidad de la red abre oportunidades para que nuevos operadores de servicios de telecomunicación ingresen al mercado, brindando más y mejores servicios a los usuarios, la ley parece no ser completamente eficaz para los usuarios mismos.

Recientemente, ONG Cívico, una organización sin fines de lucro que aboga por la protección de los consumidores en el sector de las telecomunicaciones, ha acusado a SUBTEL de no supervisar el efectivo cumplimiento de la ley. ONG Cívico denunció que la autoridad ha sido negligente en fiscalizar a VTR –un recalcitrante operador, que controla alrededor de 38 % de los servicios de acceso fijo a Internet y 44 % de los servicios de televisión de pago–, compañía que infringe la ley al degradar arbitrariamente la calidad de conexión de ciertos servicios.

SUBTEL ha rechazado las acusaciones, apuntando a las múltiples denuncias de los usuarios que han sido acogidas por la autoridad, si bien todas ellas referirían sólo a la obligación de informar a los usuarios, pero ninguna ha significado la sanción por interferencia arbitraria en los servicios, que es la irregularidad imputada a VTR. En reacción, la Cámara de Diputados citó a las autoridades de telecomunicaciones y de protección al consumidor a una sesión especial en que se analizarán las acusaciones.

En suma, aun cuando la ley de neutralidad de la red ya ha producido positivos efectos en el mercado local de las telecomunicaciones, un manto de duda se cierne sobre la fiscalización que la autoridad pública hace de la ley y, consiguientemente, hasta qué punto la ley está de forma efectiva protegiendo a los consumidores.

Alberto Cerda Silva es director asuntos internacionales de ONG Derechos Digitales
E-mail: alberto (at) derechosdigitales.org