La noticia de que Alemania vende tecnologías de la vigilancia sin adecuado licenciamiento a Argentina, Chile y México, devela la imperiosa necesidad de presionar a los Estados para que equilibren la comprensible necesidad de seguridad pública con el respeto de los derechos humanos de sus ciudadanos.

Por Francisco Vera, Derechos Digitales*.

La noticia más importante del año 2013 fue, indudablemente, el conjunto de revelaciones de Edward Snowden sobre la vigilancia de la NSA en nuestras comunicaciones digitales. Ellas permitieron al público entender el alcance y masividad que estas actividades tienen a nivel global, y el escaso nivel de protección que reciben nuestras comunicaciones online. Pero estas dudosas actividades de agencias de inteligencia no son privativas de Estados Unidos: el caso de Latinoamérica merece especial atención.

Una nueva pista fue revelada por un par de prestigiosos investigadores que analizaron el régimen de exportación de tecnologías de vigilancia que tiene lugar en Alemania. Entre los aspectos más interesantes del artículo, aparece que la industria global de tecnologías de vigilancia mueve entre tres y cinco mil millones de dólares al año, que Alemania está incrementando sus esfuerzos por regular la exportación de estas tecnologías, y que entre los países que han adquirido éstas figuran tres Latinoamericanos: Argentina, Chile y México.

En cifras consignadas por Spiegel, Alemania registra exportaciones de tecnologías de vigilancia a Argentina por 1,2 millones de euros, a Chile por 174 mil euros, y a México por 1,2 millones de euros. Ahora bien, y como se consigna en el artículo, aunque cabe considerar que la parte de estas tecnologías que corresponde específicamente a tecnologías de vigilancia ronda el 20% de los montos totales.

Sin embargo, ni Alemania es el único proveedor de estas tecnologías de vigilancia, ni tampoco todas las ventas que se están haciendo de estos productos cuentan con la licencia correspondiente del gobierno de ese país. De ahí que, por ejemplo, FinFisher, una de las tecnologías que deberían estar sujetas a controles de exportación en Alemania y en Inglaterra, han sido detectadas en México y Panamá como expuso una investigación del Citizen Lab.

Lamentablemente, aún cuando la mayoría de los países de Latinoamérica cuentan con gobiernos democráticos, son Estados con rasgos post autoritarios, donde hay un débil marco legal e institucional para el respeto de los derechos humanos en muchos de los países. Esto obliga a los defensores y activistas del derecho a la privacidad a darle suma atención estos reportes de adquisición de tecnologías de vigilancia: ¿por qué se compraron?, ¿cómo se regulan esas compras?, ¿cómo afectan los derechos de los ciudadanos?, etcétera.

Asimismo, hay que considerar que los discursos de seguridad pública se han tomado la agenda en varios países, debido a la violencia derivada del narcotráfico, como en México; de la guerrilla y los paramilitares, como en Colombia; o de terrorismo doméstico de menor escala, como en Chile. Lo anterior viene impulsando una serie de respuestas de política pública tendientes a dar mayores atribuciones a las agencias policiales y de inteligencia. La nueva Ley de Telecomunicaciones mexicana, el sistema de escuchas PUMA en Colombia, o las actuales discusiones en Chile sobre para modificar su agencia de inteligencia son un ejemplo hacia dónde avanzan las políticas públicas: dotar a las policías y agencias de inteligencia de nuevas atribuciones

Sin embargo, estas discusiones dejan de lado la necesidad acuciante de (además de la observancia plena a los derechos humanos) mejorar los bajos niveles de transparencia y rendición de cuentas actuales, especialmente respecto de varias agencias que tienen un pasado autoritario y poco democrático. Una mayor transparencia y rendición de cuentas permitiría saber si esas mayores atribuciones tienen algún impacto positivo en la seguridad pública, y si dichas atribuciones se están empleando de manera eficiente.

Así, se hace imperativo diseñar políticas públicas que obliguen a las agencias que importan y emplean estos mecanismos a rendir cuentas sobre su utilización, adoptando las siguientes medidas:

– Transparentar los montos invertidos, el nombre de los los proveedores de las tecnologías de vigilancia y su país de procedencia, con el objetivo de auditar si la empresa proveedora cuenta con la necesaria licencia de exportación en el país de origen.

– Implementar licencias de importación para privados que deseen emplear estas tecnologías, limitando cualquier posible utilización que pueda afectar el ejercicio de derechos humanos.

– Obligar a las agencias policiales y de inteligencia a que el uso de estas herramientas sólo pueda ser efectuado contando con la respectiva orden judicial, que a su vez debe cumplir con estándares estrictos de derechos humanos.

– Contar con mecanismos de rendición de cuentas de las agencias policiales y de inteligencia que garanticen la participación del gobierno, congreso y poder judicial de cada país, mediante procedimientos informados y efectivos.

– Publicar reportes de transparencia que indiquen, sin la necesidad de individualizar cada caso, cuántas acciones de vigilancia fueron emprendidas dentro de un período específico.

La adopción de estas medidas es la única forma de mantener un sistema que pueda balancear razonablemente la demanda por seguridad pública con el respeto a los derechos humanos. En tiempos como éste, donde la vigilancia digital se ha convertido en un tema prioritario para gobiernos y activistas, es imprescindible adoptar políticas públicas que respeten los derechos humanos, y garanticen la transparencia y rendición de cuentas respecto de estas actividades en la región.

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Francisco Vera es el director de políticas públicas de Derechos Digitales.