Con la excusa de perseguir el crimen, en Paraguay quieren que los proveedores de internet guarden por un año los datos de todos los usuarios. El peligro de la vigilancia masiva vuelve al país.

Por Maricarmen Sequera y David Bogado, TEDIC

Era 1992 cuando Martín Almada y otros activistas descubrieron en una comisaría de Lambaré, el denominado «Archivo del Terror», la prueba contundente de la existencia del «Operativo Cóndor», en el que Alfredo Stroessner y otros dictadores de la región acordaron intercambiarse documentos, presos políticos, métodos de tortura, secuestro y desaparición forzada a miles de personas, basados en la seguridad nacional y la erradicación del comunismo.

El Archivo del Terror de la dictadura paraguaya se convirtió en una referencia latinoamericana del meticuloso y perverso trabajo de las fuerzas policiales en obtener la mayor cantidad de información posible de todos los ciudadanos.

A 23 años del hallazgo, y tal vez convencidos de que los paraguayos aprenderíamos la lección sobre la gravedad de la vigilancia masiva, un reciente proyecto de ley puede traer de vuelta esos archivos pero en un formato digital y de vigilancia mayor pero con el menor esfuerzo.

Estas mismas fuerzas policiales que lograron volver a cierta convivencia democrática, ven con buenos ojos la posibilidad de retomar un sistema de rastreo de comunicaciones con más sofisticación que nunca.

El proyecto de ley «Que establece la obligación de conservar datos de tráfico», presentado por los Senadores Fernando Silva Facetti, Roberto Acevedo, Arnaldo Giuzzio y Arnoldo Wiens en junio del año 2014, y que está en trámite en el Congreso Nacional con aprobación de dos comisiones, puede ser el retorno de las actividades de vigilancia intrusiva a los ciudadanos.

Además de trasladar la responsabilidad del Estado en la persecución de los delitos hacia los proveedores de internet (ISPs) para que documenten los datos que intercambian los usuarios, estas empresas no tendrán otra opción que mantener e incluso subir los ya elevados costos del servicio a fin de obtener los superequipos de retención de información, que según datos extraoficiales, sería de 4 millones de dólares para las empresas con mayor cantidad de clientes.

Si un grupo de delincuentes (pedófilos, estafadores, secuestradores, etc.) utilizan el servicio de internet para estos y otros fines, ¿por qué el resto de los usuarios debe quedar expuesto a tener sus comunicaciones intervenidas?

Al parecer, el Ministerio Público, la Policía Nacional y los congresistas que presentaron este proyecto consideran que retener un alto porcentaje de la información que comparten los usuarios de internet es la única forma de encontrar a los criminales.

¿Qué pensarán los cientos de policías e informantes (pyragués en guaraní) que trabajaron por años en la elaboración de lo que hoy conocemos como Archivo del Terror, cuando sepan que hay un proyecto que les hace un guiño en el año 2015?

No hay duda que existen abusos durante la vigencia de estos tipos de ley. En países donde existió esta ley se develaron varios atropellos a la intimidad de las personas. El periódico Der Spiegel había develado la forma en que el gobierno germano utilizaba la retención de datos de tráfico para espiar a periodistas y activistas. También hubo un caso similar en Polonia, mientras que en Irlanda un funcionario público fue descubierto utilizando el aparato de espionaje para controlar a su ex-pareja. 
Está demás decir que este proyecto de ley pondrá en peligro las comunicaciones de los periodistas, sus fuentes, políticos, activistas, defensores de un estado democrático.

Actualmente, se cuenta con fallos judiciales contra este tipo de ley a nivel mundial. La Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su decisión de Digital RightsIrelandLtd del 2014, declaró inválida la Directiva de conservación de datos de la Unión Europea. “En otras palabras, nunca debería haber sido aprobado”: la directiva jurídica considera que la recogida masiva de datos de tráfico en internet en Europa supone una “interferencia de amplio alcance y particularmente grave de los derechos fundamentales a la vida privada y a la protección de los datos personales”.

En Argentina en el año 2005, la ley de retención de tráficos de datos fue declarada inconstitucional. Otro antecedente jurídico es un caso que involucró a Brasil (Escher y Otros vs. Brasil), la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó que los metadatos tienen la misma importancia que el contenido, por lo que deben ser protegidos de igual forma.

Este último documento jurídico reafirma que el proyecto de ley de retención de tráfico de datos en Paraguay viola la Constitución Nacional en su artículo 36, que se extiende a todas las comunicaciones realizadas por cualquier medio.

La Constitución también reconoce en su artículo 137 los tratados Internacionales ratificados por el Estado Paraguayo y consolidan la legalidad de los mismos sobre los derechos humanos. Se le suma además el derecho a la privacidad garantizada en el artículo 33.

La situación actual de Paraguay en términos de inseguridad es sumamente preocupante, sin embargo, la persecución de los delitos y crímenes debe ser específica, necesaria y proporcional; la vigilancia masiva, como en este proyecto, es desproporcional, innecesaria e invasiva a la vida de todos los ciudadanos.

Paraguay cuenta actualmente con el acuerdo MLAB con EEUU, es un memorando de entendimiento para que las empresas de aplicaciones de contenido en Internet: Microsoft, Apple, Twitter, Facebook, entre otros,monitoreen a sus usuarios/clientes si estos cuentan con contenidos sospechosos y faciliten a la Fiscalía local o viceversa documentación o pruebas para la persecución de los delitos. En este momento el proceso es engorroso y lento, existe una coalición a nivel mundial para la modificación de este MOU para acelerarlo y resolver los delitos o crímenes en tiempo real o casi. Así, la fiscalía solicita a los ISP la preservación del tráfico de datos del IP sospechoso y no su conservación de todos los IP.

Un Estado democrático no convive con este tipo de ley que representa a un estado policial como lo fue nuestro país hace 26 años atrás. ¿Queremos volver al pasado? ¿Estamos dispuesto a permitir esto? Si la respuesta es “No”, invitamos a solidarizarse votando la Petición contra la ley Pyrawebs,aquí.

Mas información: http://www.pyrawebs.tedic.org