El Senado argentino renovó la discusión sobre neutralidad de la red a partir de un proyecto que es cuestionado, en varios de sus puntos, por especialistas y activistas de los derechos digitales.

Eleonora Rabinovich, ADC*

El 17 de septiembre pasado las comisiones de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión y de Justicia y Asuntos Penales y de Derechos y Garantías del Senado organizaron una reunión plenaria para escuchar distintas perspectivas sobre algunos de los puntos en discusión. El año pasado, la comisión de Sistemas, Medios y Comunicación ya había organizado una serie de reuniones en los cuales convocó a académicos, sociedad civil y representantes del sector privado.

La discusión más fuerte giró en torno a algunos artículos de la iniciativa, donde las opiniones fueron divergentes. En primer lugar, especialistas y organizaciones de la sociedad civil cuestionaron la incorporación de un lenguaje vago y ambiguo al establecer términos como el de “arbitrariedad” para fijar prohibiciones. “En efecto, se considera que se trata de un término poco preciso que puede ser interpretado de distintas maneras: mientras algunas de ellas puede resguardar el principio de neutralidad, otras interpretaciones podrían no hacerlo”, sostuvo la Asociación por los Derechos Civiles (ADC).

También cuestionaron la calificación de “contenidos, aplicaciones, servicios o protocolos” como legales o ilegales, toda vez que el proyecto nada dice respecto de qué autoridad pública estaría habilitada para declarar la legalidad o ilegalidad. Desde organizaciones de la sociedad civil se sostuvo que esta característica del proyecto genera el riesgo de que sean los propios proveedores de servicios de Internet (ISPs) los que juzguen dicha legalidad o ilegalidad, lo cual tiene el potencial de afectar seriamente los derechos de los usuarios. “¿Quién determina qué contenido es legal? Y una vez determinado, ¿quién se encarga de verificarlo y cómo? Porque la única forma de hacerlo es inspeccionando el contenido de los datagramas (“paquetes”)”, ya había advertido la Fundación Via Libre en una nota enviada al Senado. En cualquier caso, advirtieron, la autoridad que podría señalar la legalidad o ilegalidad de un contenido debería ser la judicial, sobre la base de los estándares de derechos humanos en materia de debido proceso y libertad de expresión. Estos dos puntos, en cambio, fueron defendidos por representantes de la Asociación Argentina de Sociedades de Autores e Intérpretes.

Otra de las críticas –señalada por, por ejemplo, la Cámara Argentina de Internet (CABASE) apuntó a la regulación sobre los “servicios especiales”: a través de este concepto se pueden adoptar medidas o políticas comerciales que afecten el principio de neutralidad y la libre competencia. Sin dudas, una discusión clave para el futuro de Internet en Argentina.

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*Eleonora Rabinovich es Directora Adjunta de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Argentina.