La frágil protección de la libertad de expresión en Paraguay y su limitado desarrollo en Internet es un síntoma más de lo lento que resulta el proceso de afianzamiento en su etapa de transición hacia una democracia con el respeto a los derechos humanos y una cobertura estatal garantizada para la justicia digital entre sus habitantes.

Por Yeny Villalba, con la colaboración de Natalia Enciso

Dicho de otro modo y no siendo nueva esta premisa: a mayor desarrollo de Internet y posibilidad de infraestructura social para el disfrute y ejercicio pleno de la libertad de expresión sin discriminaciones – integrado con otros derechos reconocidos-, se posibilita un estado social de derecho, podemos decir que es un país que se construye con valores democráticos, previene obstáculos, incluidos aquellos que puedan tratarse de “medios indirectos” de violación de derechos, como la falta de infraestructura para una Internet libre y neutral y todo elemento que ponga en evidencia o “bloquee” la claridad del modelo democrático que se busca, más allá de un dogma o propaganda.

¿Transición hacia la democracia, con una transición hacia la justicia digital?

Paraguay lleva una larga transición hacia la democracia (1989- 2014) tan larga como su dictadura (Alfredo Stroessner 1954-1989) en un escenario donde el debate interno plantea otras prioridades como los niveles de desigualdad social existentes, pobreza y extrema pobreza, injusticia tributaria, se deja el tema de la justicia digital como un pequeño brote de la democracia paraguaya, un brote que crece en las sombras.

Sombras no solo porque Paraguay aún no cuenta con una ley especial que proteja y abra los canales del derecho al acceso a la información pública, sino por la permanente criminalización de los activistas que movilizan la libertad de expresión y el interés público sobre temas que complementan la agenda digital. El derecho digital en este contexto, casi queda fuera de la realidad y debate político. Estamos hablando de un país con menos alternancia de gobierno de la región, lo que en cuanto a estándares mínimos vigentes lo diferencia desde ese punto básico a sus pares de América latina, también por la escasa cantidad de interlocutores que permitan una madurez del debate de derechos en Internet, de discusión de la agenda digital en los programas de gobierno – si los hay- sin dejar de entender la integralidad de derechos humanos que se une a la frágil realidad social paraguaya.

Para hablar de una transición digital de este escenario paraguayo, desde un punto de vista más enfocado en derecho digital, antes conviene referir y contextualizar que en las últimas elecciones de abril de 2013 se han dado casos de criminalización y de tensión respecto a la transparencia y el debate de temas de interés público de personas que utilizaron como medio de expresión las herramientas –limitadas- y disponibles, accesibles en Internet. El hecho es que ciudadanos utilizando la tecnología, expresando abiertamente sus pareceres a través de aplicaciones, demandan transparencia, buen manejo de los bienes públicos y ponen en foco de críticas como es lógico en etapa electoral los perfiles de candidatos o candidatas, asunto que podría tratarse de algo común, sin una novedad y aparente acto de riesgo y exagerada valentía en una democracia participativa, plural, pero no ha sido así.

El debilitamiento de la democracia ha encontrado un escenario hostil para la ciudadanía indignada y en donde candidatos y candidatas en contienda electoral han generado precedentes negativos al intentar “ejemplificar” con algunos casos lo importante de “mantenerse callado” puesto que lo que se diga en contra puede ser investigado como un caso de “difamación y calumnia”, una interpretación débil que en contexto electoral propiamente planteado es aún mucho más peligrosa.

“Políticos” con visión de debate e inserción a estándares de accesibilidad, desarrollo tecnológico, diversidad y aumento de capacidades para el ejercicio de todos los derechos en sus programas de gobierno, como una posibilidad y en particular que respeten el derecho humano a la libertad de expresión, privacidad y otros temas que se hallan en la agenda global de los derechos digitales, no estuvieron presentes en la última contienda electoral paraguaya de abril de 2013. Es por ello que utilizaré este corte electoral como un segmento de la vida paraguaya que ilustra y la vincula en el foco de la libertad de expresión que se vincula a la agenda digital, pues desde esta se ha constatado hasta con una sanción internacional emanada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo que está en riesgo más allá de los cambios de gobierno: la criminalización de activistas y el sutil “bloqueo” a sus libertades.

En una contienda electoral los dichos de terceros debieran llevar a candidatos a transparentar y desmentir, exponer con la verdad en la arena pública, aprovechar un juego político para exponer lo mejor de cada uno, pero la inclusión del tipo penal de calumnia y difamación en la normativa en procesos judiciales es una tentación demasiado fuerte que está prevista como recurso y más allá del amedrentamiento, utilizarla en las vías judiciales ejemplifican suficientemente y dejan en el imaginario colectivo algo más contundente que la verdad: el miedo a decir, escribir notas, postear o tuitear porque no hay “pruebas suficientes”.

Mucho antes de las últimas elecciones generales paraguayas, traemos el antecedente de las elecciones del año 1993, donde competiría quien sería el primer presidente civil pos derrocamiento de la dictadura militar, aunque siempre del mismo Partido Político (Asociación Nacional Republicana – Partido Colorado) el Ingeniero civil Juan Carlos Wasmosy hoy Senador Vitalicio; se dio el primer caso planteado contra Paraguay ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por permitir que un contrincante sea procesado criminalmente pos contienda electoral, por expresiones realizadas de alto interés público. Este caso fue analizado preliminarmente en materia de libertad de expresión, confirmado y condenado el país, a partir de los hechos probados en donde fueran observadas violaciones a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y con la sanción del 31 de agosto de 2004 “Ricardo Canese vs. Paraguay ”, la primera jurisprudencia internacional deja un hito para pensar en la transparencia en la contienda, el derecho a la libertad de expresión y la verdad como interés público.

No obstante, al año 2013 se han producido situaciones que afectan la libertad de expresión y Paraguay sigue en riesgo de nuevas sanciones tomando el antecedente del caso Canese. Los precedentes registrados, con menos perfil alto y político que el Ing. Canese dejan en claro que la defensa de la legitimidad del ejercicio de las libertades y derechos en Internet necesita con urgencia ingresar en las prioridades de la agenda social.

Trascendidos que “ejemplifican”

A falta de normativas específicas como la excusa perfecta para limitar el acceso a la información pública que daría fuerza a las “pruebas” e informaciones que acompañan casi siempre a las denuncias y el ejercicio pleno de la libertad de expresión, desde la seguridad de tratarse de asuntos de interés público y más evidentes en épocas electorales, basados en principios generales del derecho civil y penal, ha trascendido de publicaciones en los medios locales que candidatos al Congreso de manera indirecta dejan la percepción que se tomarán el tiempo y el oficio de asegurar e identificar a quienes dejen mensajes en aplicaciones donde se da interactuación pública. Uno de los polémicos casos que extraigo como referencia es de la querella y posterior condena suscitada a una política de un partido contrincante en un departamento del interior del país.

Conforme los trascendidos en los medios locales (acá y acá, también), “… el senador Juan Darío Monges (ANR) querelló a la dirigente liberal de su ciudad natal, Sapucái, Jacinta Barreto, ex candidata a intendenta de dicha comunidad. En su denuncia, el legislador afirma que supuestamente Barreto lo acusó de “abigeo” en la red social Facebook, durante la campaña política por la intendencia municipal de Sapucái, desarrollada en febrero de este año.

La acusada niega que ella haya escrito dicha acusación. Inclusive, pidió disculpas por el mismo medio, pues manifestó que “otra persona” (un hácker, por ejemplo) habría utilizado su perfil para dicha acusación.

Señaló además que todos conocen su condición humilde, que no tiene dinero para “limpiar la imagen” del senador, pagando la suma mencionada.

La intendencia de Sapucái fue ganada por el colorado Héctor Ovidio Cáceres, protegido de Darío Monges, el 16 de febrero último. La liberal Jacinta Barreto perdió por una diferencia cercana a los 500 votos…”

Otro de los casos que es muy elocuente, se cita del Diario ULTIMA HORA DIGITAL “…///…el diputado colorado Oscar Tuma, pidió en la red social Facebook, datos sobre una persona que publicó su dirección particular en la plataforma de Twitter el pasado sábado, lo que generó polémica en las redes. La persona que publicó la dirección particular del diputado Tuma fue Male Bogado (@fanquifungus en el Twitter). A continuación extracto de la nota que ilustra el comentario:

El exoviedista tuiteó entre otras cosas: «Miren TV Publica un c… de risa jaja cada aparato que habla», «Ahora al aire una ridícula. Parece una obra de teatro», «Estos impresentables todavía no digieren lo que pasó. Avisenle a los mismos que cambió la administración del país. Que vayan a Cuba». Además trató de «histéricas» a las presidentas Cristina Fernández de Kirchner, de Argentina, y Dilma Rousseff, de Brasil.

Male Bogado declaró a ULTIMAHORA.COM que le pareció una falta de respeto lo que el diputado decía en su cuenta de Twitter. «Se expresó de forma despectiva», señaló.

Cuestionó el hecho de que Tuma, una figura pública, y representante del Gobierno, se exprese de esa forma hacia personas que no tienen su misma postura. Cuando se enteró que el parlamentario empezó a buscar sus datos vía Facebook, Bogado manifestó que si de verdad querían contactarla, lo hubieran hecho de forma privada. «Que lo haga públicamente me dio la pauta de que no era serio», afirmó….Tras la polémica, Male Bogado protegió sus tuits y los que no son seguidores no la pueden leer. Explicó que hizo eso pues supuso que habría gente que simpatiza con Tuma que la seguiría ya que hubo usuarios en el Facebook que salieron a favor y en contra.

El tuit de @fanquifungus tuvo muchos retuits. Indicó que con eso pudo comprobar que hay gente que «no lo quiere». «Muchos se prendieron a un escrache», agregó. Para ella, no hay que subestimar el poder de las redes sociales. Sin embargo, aseguró que le entristece la gente que está a favor de Tuma «y postea cosas fuera de lugar». Consideró que si la gente quisiera actuar de forma violenta, ya habrían actuado o averiguado su dirección. Finalmente, Tuma consiguió los datos de @fanquifungus y hasta el momento de esa entrevista, aún no se había comunicado con ella.

Por su parte el diputado Óscar Tuma no quiso polemizar al respecto porque sería en vano. «No hay una denuncia penal, pero pasé lo que está circulando en las redes al Ministerio del Interior», indicó a ULTIMAHORA.COM

Igualmente, se generaron casos de “bloqueo” y “redireccionamiento” que han trascendido por el impacto social que supusieron y por constituirse un mal precedente, el bloqueo de sitios victorbogado.com y partidocolorado.org de parte de la oficina gubernamental de comunicaciones COPACO y posteriormente de parte de empresas de telefonía privada provisión de Internet TIGO y PERSONAL al sitio abc.me considerado un bloqueo a usuarios.

Como se difundiera otro caso en un medio local paraguayo, sobre miembros la Asociación de usuarios de Internet que publicaron las páginas victorbogado.com y partidocolorado.org espacios de interés público por la compilación ciudadana de irregularidades cometidas por el diputado y historia en el país en el contexto de campañas electorales. Al día siguiente de la publicación los propietarios detectaron el bloqueo y re-direccionamiento de las mismas. El hecho fue identificado por los mismos usuarios que técnicamente desde Copaco se realizaba esa operación y previa verificación ante escribanía, denunciaron la censura recurriendo a todos los medios informativos disponibles.

Igualmente, otra situación salto la alarma de usuarios fue cuando las empresas telefónicas proveedoras de Internet bloquearon el acceso al sitio www.abcolor.me señalándose que esta acción violaba normativa administrativa en materia de concesión para la explotación de servicios de Internet, establecida por la agencia estatal Conatel. Ambas telefónicas posteriormente comunicaron que desbloquearon el sitio ante la presión de sus usuarios en las redes con las disculpas correspondientes y la información del seguimiento del caso daba cuenta que un tercero realizó una querella penal contra las personas autoras de esta publicación.

En Paraguay no se ha dado aún amplia difusión y consecuente apropiación como instrumento de referencia para los usuarios, la Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión e Internet en relación al filtrado y bloqueo, pero sobre referencias de fondo en el derecho han presentado sus defensas y quejas aunque aun siempre con la presión que constituye esperar este tipo de reacciones y total parcialidad de las empresas de provisión de servicios de Internet. Recordemos en la regla 3 sobre el Filtrado y bloqueo. A propósito de los casos mencionados: “a. El bloqueo obligatorio de sitios web enteros, direcciones IP, puertos, protocolos de red o ciertos tipos de usos (como las redes sociales) constituye una medida extrema—análoga a la prohibición de un periódico o una emisora de radio o televisión— que solo podría estar justificada conforme a estándares internacionales, por ejemplo, cuando sea necesaria para proteger a menores del abuso sexual”. Y «b. Los sistemas de filtrado de contenidos impuestos por gobiernos o proveedores de servicios comerciales que no sean controlados por el usuario final constituyen una forma de censura previa y no representan una restricción justificada a la libertad de expresión” .

Incorporar como necesidad el reconocimiento de la tecnología y esta como medio irrestricto para la justicia social con derechos digitales, la relación directamente proporcional a lo que debiera habilitar y “dejar hacer” a las personas sujetas bajo su jurisdicción conforme a estándares mínimos, pretende ser un pilar de la justicia digital que permite una libertad de expresión de sus ciudadanos. El tradicional “dar a cada uno/a lo suyo” debe ser garantizado pero no en un escenario hostil entre autoridades y ciudadanos.

Internet libre y libertad de expresión en un marco de justicia digital para todas las personas sin distinción, finalmente juega un tema crucial en la agenda política, porque la democracia está debilitada, porque sin una sociedad civil que interactúe con el Estado y vuelva más dinámica la inercia no podremos avanzar en diálogo con las autoridades.

¿Incluir una agenda clara y exigir un escenario de diálogo nos permitirá también salir de la precariedad en nuestro debate y del miedo y autoritarismo posdictadura? ¿Cómo superar la tradición autoritaria y extremadamente paternalista resabio de la dictadura y el oscurantismo llevando a la justicia digital en el intento?

Como signos de esperanza para potenciar el debate de la agenda digital y fortalecer a la sociedad civil paraguaya en los temas de interés, es muy relevante que acaba de instalarse el Capítulo de ISOC en Paraguay, existen organizaciones que están construyendo una idea de política para el derecho digital, la justicia digital y la libertad de expresión garantizada pero aún queda mucho por negociar y fortalecer, sobretodo contar con el apoyo y la cooperación técnica para crecer en igualdad de condiciones con otros Estados y otras sociedades más plurales y dialogantes, superando de una vez por todas el “neo feudalismo” paraguayo en Internet.