Los avances en el acuerdo son cada vez más grandes y las maniobras de la sociedad civil se hacen cada vez más difíciles, y si bien pareciera que hay mejores perspectivas respecto a asuntos tecnológicos, queda un gran escollo para asegurar la soberanía de los países: la Certificación.

Por Pablo Viollier, Derechos Digitales.

Los resultados de la última ronda de negociaciones del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (Trans-Pacific Partnership, TPP) en Hawái fueron interpretados como un fracaso por los países que lo negocian, quienes esperaban firmar el tratado en Maui. No es la primera vez que este acuerdo de libre comercio, que se negocia en forma secreta por 12 países de la Cuenca del Pacífico y entre los cuales figura México, Perú y Chile, sufre retrasos. Esta vez, el intento de firma final se vio frustrado sorpresivamente por una polémica protagonizada entre Estados Unidos, Japón, Canadá y México, a propósito de las reglas de origen en el sector automotriz; y, en menor medida, la insatisfacción de Nueva Zelanda por las cuotas de exportación del sector lácteo.

Sin embargo, es el capítulo sobre patentes farmacéuticas –y en particular la protección de datos de prueba de medicamentos biológicos– el que se mantiene como piedra de tope para que los países alcancen un acuerdo. Recordemos que, al respecto, el ministro de relaciones exteriores de Chile expresó que el país defendería hasta el último su posición de no aumentar el plazo de protección de datos de prueba de medicamentos biológicos.

No obstante, esto no quiere decir que la ronda de negociación no haya producido avances. Por el contrario, se estima que se ha alcanzado consenso en 90% del tratado, y 27 de los 30 capítulos se consideran cerrados.

Lo avanzado del estado de negociación y el nivel de consolidación del texto hace difícil que la sociedad civil pueda cumplir un rol significativo de incidencia en el texto final del TPP. Por otro lado, si bien han existido avances en temas como bajada automática de contenido, medidas tecnológicas de protección y responsabilidad de intermediarios, todos estos avances se han producido en la forma de excepciones y flexibilidades en el lenguaje del texto.

Estas excepciones y flexibilidades en el lenguaje, le permitiría a los países, en teoría, implementar legislación más balanceada y acorde a su realidad local. Sin embargo, incluso esta posibilidad se encuentra en entredicho, toda vez que los países aún no definen un mecanismo de entrada en vigencia para el tratado.

Al respecto, la propuesta original de Estados Unidos era exportar un equivalente a su sistema de certificación, donde un ente externo a la negociación determina si la legislación implementada por un país cumple o no con lo requerido por el tratado, lo que en la práctica implica imponer determina interpretación del contenido de las obligaciones. Así, un porcentaje importante de los países negociadores se opusieron a esta propuesta, ya que implica un proceso intrusivo y unilateral. Comparar la experiencia de implementación entre el Tratado de Libre Comercio (TLC) Chile-EE.UU. y el TLC Perú-EE.UU. es ilustrativa al respecto.

En efecto, si los países en desarrollo han invertido su esfuerzo y energía para oponerse al maximalismo de los países desarrollados en el seno de la negociación del TPP, ha sido para alcanzar excepciones y flexibilidades en el texto y poder aprovecharlas al momento de implementar su legislación. La propuesta de Certificación de Estados Unidos hace de esa posibilidad una ilusión.

Para destrabar esta arista, Japón ha propuesto un sistema alternativo, en donde se le otorga un plazo de dos años a los países miembros para aprobar, en términos formales, el tratado según su legislación interna. La incorporación de países que no hayan ratificado el TPP luego de dos años, sería revisada por la comisión de libre comercio del mismo tratado, conformada por países que ya son miembros.

Si bien esta propuesta significa un avance, persisten las dudas respecto a cómo la comisión del libre comercio aprobará la entrada de países que se demoren más de dos años en ratificar el TPP. Si lo hace a través de un proceso intrusivo y unilateral, sólo se estará posponiendo dos años el mecanismo de certificación propuesto por Estados Unidos.

Por otro lado, la propuesta japonesa requiere que, dentro de los dos primeros años, un número de países equivalentes al 85% del PIB del tratado hayan ratificado el TPP para que éste entre en efecto. Ese porcentaje es imposible de alcanzar sin que Japón y Estados Unidos ratifiquen el tratado, por lo que en términos prácticos se les otorga un poder negociador desproporcionado, permitiéndoles ejercer una “certificación fáctica” sobre el resto de los países negociadores a fin de que implementen el tratado en su legislación de una forma afín con sus intereses particulares.

El mecanismo de entrada en vigencia puede marcar la diferencia entre un tratado equilibrado y uno donde se imponga la agenda de los países desarrollados. Por lo mismo, es necesario consensuar un sistema que sea respetuoso de la soberanía de cada país y de los derechos fundamentales de sus ciudadanos. Mientras aquello no se logre, todo indica que será la última gran batalla contra el TPP.

Imagen: (CC BY)  SumOfUs / Flickr