La Ley de Telecomunicaciones no solo ha sido polémica porque daña la libertad de expresión en la red, sino también porque en su proceso de discusión,los aportes de la sociedad civil se han reducido a una mínima expresión. ¿Dónde queda el interés público de esta legislación en estas condiciones?

Por Israel Rosas*

El primer año de Enrique Peña Nieto como titular del Poder Ejecutivo Federal de México estuvo caracterizado, entre otras cosas, por el impulso que ofreció a una serie de modificaciones al texto constitucional, llamadas reformas estructurales. Los sectores financiero, educativo y de telecomunicaciones fueron los primeros en figurar, gracias al Pacto por México, un acuerdo entre la Presidencia de la República y las tres principales fuerzas políticas del país.
La alianza, además de impulsar las reformas propuestas, también sirvió para remarcar las pocas oportunidades de participación con las que cuenta la sociedad civil mexicana. En la actualidad, el Pacto ya no se encuentra vigente. Sin embargo, las prácticas legislativas no han cambiado, lo que se reflejó en el proceso de dictamen de la nueva legislación en materia de telecomunicaciones.

El Pacto por México

Un día después de que Peña rindió protesta como Presidente Constitucional, fue anunciado un acuerdo entre la Presidencia de la República y los tres principales partidos políticos del país. El pacto incluyó al Partido Revolucionario Institucional (PRI), impulsor de la candidatura de Peña Nieto; al Partido de la Revolución Democrática (PRD), la principal fuerza de la izquierda partidista; y al Partido Acción Nacional (PAN), partido de derecha que acababa de ceder la presidencia.

Conformado por un total de 95 compromisos, agrupados en cinco grandes acuerdos, el pacto se propuso llevar a cabo una transformación radical del país por la vía legislativa. Los compromisos 39 al 45 contemplaron de manera exclusiva una reforma al sector de las telecomunicaciones.

Reforma constitucional en materia de telecomunicaciones

La iniciativa correspondiente al sector fue presentada el 11 de marzo de 2013 y enviada al Congreso de la Unión como parte de los trabajos del Pacto por México. El documento fue firmado por Enrique Peña Nieto y por los coordinadores parlamentarios del PRI, PRD, PAN y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la Cámara de Diputados.

Una vez en la Cámara de Diputados, el dictamen elaborado por las comisiones dictaminadoras fue aprobado por el Pleno con 414 votos en pro (397 aportados por los partidos signatarios del Pacto), 50 en contra y ocho abstenciones. Las reservas presentadas por otros partidos de oposición fueron sistemáticamente rechazadas sin ser discutidas, por lo que el dictamen fue turnado a la Cámara de Senadores.

En el Senado, el trámite legislativo fue similar. El dictamen elaborado en comisiones fue aprobado por 118 votos a favor y tres en contra. 117 de los votos favorables fueron aportados por la coalición que de facto integraron el PRI, el PRD, el PAN y el PVEM. Los artículos reservados fueron aprobados en los términos del dictamen siguiendo la metodología empleada en la Cámara de Diputados.

Un par de modificaciones adicionales provocaron que la iniciativa visitara ambas cámaras una vez más, con resultados parecidos. El 30 de abril de 2013, el dictamen fue aprobado en el Senado de la República y fue turnado a las legislaturas estatales del interior de la República, buscando la aprobación de la mayoría de estas, como exige una reforma constitucional.

¿Y la sociedad civil?

Luego de haber sido aprobada por la mayoría de los congresos estatales, la minuta fue declarada con validez constitucional por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en un receso de éste. La iniciativa fue turnada al Diario Oficial de la Federación para su publicación, la cual ocurrió el 11 de junio de 2013.

Dos de los artículos transitorios del Decreto de reforma constitucional establecen la obligación para que el Congreso expida un nuevo ordenamiento legal y adecúe el marco jurídico existente conforme al nuevo texto de la Constitución. A pesar de que el plazo para realizar estas modificaciones venció en diciembre de 2013, no fue sino hasta el 24 de marzo de 2014 que el Ejecutivo Federal envió a la Cámara de Senadores la iniciativa de legislación secundaria en la materia. Es en esta instancia donde estalla la polémica y varios actores de la sociedad civil advierten sobre las consecuencias en la libertad de expresión en Internet de la ley.

La descripción de la iniciativa señala que ésta fue construida tomando en cuenta las más de 33 contribuciones aportadas por diversos actores del sector. Resalta las enviadas por asociaciones y cámaras comerciales, como la Asociación Nacional de Telecomunicaciones (ANATEL), la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI), la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE). El documento refiere también la consulta a organismos internacionales y, si bien señala que algunas de las aportaciones fueron enviadas por actores de la sociedad civil, no especifica la cantidad ni la naturaleza de las mismas.

En el Senado de la República, las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes; de Estudios Legislativos; y de Radio, Televisión y Cinematografía, encargadas de generar el dictamen de la iniciativa, formularon un programa de trabajo con tal fin. El documento contempló la realización de foros públicos que tuvieron como finalidad conocer la opinión de especialistas en los temas abordados por el proyecto de legislación.

Desafortunadamente, los criterios para elegir a los ponentes no fueron claros. Aunado a este factor, una buena parte de los participantes fueron representantes de la industria, relegando a la sociedad civil a un papel secundario. Si bien cualquier interesado se encontró en la posibilidad de enviar sus propias aportaciones, no está claro el papel que jugaron en el proceso de análisis y dictamen por parte de los legisladores, incluso aunque hayan sido publicadas en el micrositio que el Senado destinó para tal fin.

La composición de ambas cámaras del Congreso de la Unión permite que los acuerdos políticos prevalezcan sobre las discusiones técnicas incluso en temas relativos al sector de las telecomunicaciones y aún sin el Pacto por México. Sobre todo cuando una reforma constitucional requiere del voto de las dos terceras partes de los legisladores, pero la aprobación de una nueva legislación solamente requiere el voto de una mayoría simple. En este escenario, poco importa si los puntos de vista de la sociedad son incluidos en la iniciativa en cuestión o no.

* Israel Rosas es miembro de los capítulos mexicanos de Internet Society y Wikimedia
Twitter: @irosasr