En Uruguay también se reportan compras de tecnologías de vigilancia y los ciudadanos se alarman. Cuando se analiza el alcance de este tipo de herramientas digitales y los riesgos siempre vigentes de prácticas anti-democráticas, la promesa de las autoridades de “respetar las garantías de siempre” ya no es suficiente.

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Por Fabrizio Scrollini*

La noticia de que el gobierno uruguayo había comprado de forma secreta un software para realizar operaciones de vigilancia electrónica fue sorpresiva, pero no inexplicable. La seguridad ciudadana ha sido uno de los temas más candentes en el debate público, y el gobierno ha avanzado en distintos tipos de soluciones que involucran tecnología: videovigilancia, software y uso de drones entre otras incorporaciones.

«El Guardián» (nombre del software recientemente comprado) permite a las autoridades analizar en tiempo real llamadas telefónicas y correos electrónicos. Se trata de una poderosa tecnología que, según las autoridades, será usada “con las garantías de siempre”, es decir mediando orden judicial.

La tecnología provista por la empresa brasileña Digitro ya ha sido utilizada previamente en Brasil durante la Copa del Mundo. Las empresas telefónicas uruguayas ya han comenzado a adquirir equipos para poder hacer la implementación.

El marco de secretismo que ha rodeado ha impedido responder preguntas clave: ¿Qué tipo de protocolos seguirán las agencias de seguridad uruguaya al implementar estas políticas? ¿Cuáles son los arreglos institucionales en términos de rendición de cuentas para quienes operen esta tecnología? ¿Cómo las agencias de seguridad uruguayas cooperarán con otras agencias a nivel internacional?.

Dos factores complican responder estas preguntas: el manto de secretismo sobre esta operación y la falta de regulación clara. Por un lado, la compra de esta herramienta sin ningún tipo de control parlamentario y en secreto habla de un procedimiento no adecuado en una democracia, por decir lo menos. Por otro lado, aquí conviven distintos tipos de regulación: protección de datos personales, regulación sobre sistemas de inteligencia y acceso a la información pública. No existe un análisis en Uruguay de cómo este juego de regulación establece normas claras para la operación de esta tecnología que respeten los derechos humanos fundamentales.

Este escenario debe a su vez ser contextualizado en la realidad uruguaya: un país en general respetuoso de la ley y los derechos humanos. Pero los derechos humanos en la era digital son poco comprendidos por los tomadores de decisiones. Un ejemplo de lo anterior es la reciente declaración de las organizaciones que integran la Red de Gobierno Abierto en Uruguay, oponiéndose a una ley de ¨delitos informáticos¨. Si bien la norma tiene algunos aspectos atendibles, muchas de las definiciones no son claras, y en algunos claros prohíben comportamientos totalmente legales. A la fecha varias organizaciones de la sociedad civil que incluyen a DATA, CAINFO y Amnistía Internacional han manifestado preocupación por el tratamiento de este tema.

La compra del Guardián y el escaso debate que ha seguido a la misma demuestra la necesidad de repensar varias políticas públicas en materia de seguridad en el país. Uruguay es hoy una democracia consolidada pero, en su pasado, gobiernos autoritarios establecieron sistemas de vigilancia sobre la población civil sin control.

Aunque ese pasado se encuentre ya lejano, el futuro que se construya debe estar guiado para prevenir abusos. La tecnología hoy permite niveles de vigilancia sobre la población nunca antes conocidos y mucho más eficientes. Las necesidades de seguridad de los Estados en un mundo complejo donde poderosas organizaciones criminales también tienen acceso a esta tecnología son reales.

Pero las respuestas desde el Estado deben ser guiadas bajo los principios de necesidad y proporcionalidad, respetando los derechos humanos. Para esto no basta con afirmar que existirán “las garantías de siempre”, sino establecer regulación adecuada y capacitar a todos los actores (gobierno, sociedad civil, parlamentarios y jueces) para nuevos tipos de desafíos en la era digital.

La llegada del Guardián y el proyecto de ley de delitos informáticos, entre otras medidas, auguran un futuro sombrío a los derechos digitales en Uruguay, y es una tendencia que parece consolidarse en el continente. Solo la acción decidida e inteligente en busca de normas y políticas que brinden garantías y una sociedad civil con capacidad de control, pueden evitar esto.

*Data Uruguay. Este texto resume algunos puntos del trabajo “Penumbra: Surveillance, Security and Public Information in Uruguay” disponible en línea.