La situación actual exige decisiones urgentes, pero tienen que estar muy bien planeadas, bajo pena de ser inofensivo o, aún peor, de retrasar el desarrollo tecnológico nacional. Para tomar buenas decisiones, es necesario que se escuchen las visiones de los distintos sectores: técnico, académico, empresarial y la sociedad civil.

Por Marília Maciel y Luiz Fernando Moncau *

Introducción

En todo el mundo, las revelaciones hechas por Edward Snowden acerca de los programas de espionaje, vigilancia y monitoreo de comunicaciones desarrollados por la NSA – National Security Agency – no sólo han provocado intensas discusiones sino también han tenido influencia en la agenda gubernamental.

En Brasil, las denuncias de Snowden impactaron no sólo la agenda legislativa, pero también fueron el fusible para las iniciativas gubernamentales cuyo objetivo sería promover una mayor seguridad a las comunicaciones brasileñas. En el ámbito sudamericano, respuestas conjuntas fueron articuladas rápidamente dentro de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y del Mercado Común del Sur (Mercosur). El tema fue llevado por los países de la región al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y hay un deseo de establecer la discusión en otros foros de la ONU, como el Consejo de Derechos Humanos.

1) Agenda legislativa

Como se señaló en el artículo publicado en el último número de Digital Rights LAC, uno de los impactos más evidentes de las revelaciones hechas por Snowden ocurrió en el trámite del Marco Civil de Internet. El programa de espionaje estadounidense ha traído a la agenda de los principales medios de comunicación y del Congreso cuestiones como privacidad y seguridad de las comunicaciones. El deseo del gobierno de mostrarse activo y diligente le llevó a proponer cambios en el texto de ley con el fin de reforzar la privacidad de los ciudadanos de Brasil y mitigar la posibilidad de espionaje. Los cambios sugeridos, sin embargo, no tienen condiciones de producir impacto significativo.

Uno de los cambios fue defendido por el Ministro de Comunicaciones, Paulo Bernardo, que sugirió incluir en el proyecto de ley del Marco Civil un dispositivo determinando que las compañías de Internet que ofrecen servicios en Brasil deberían almacenar los datos de los ciudadanos brasileños en territorio nacional. Hay que considerar, sin embargo, que almacenar datos en Brasil puede ser mucho más caro do que hacerlo en servidores americanos, por ejemplo. El alto coste de hardware y del acceso a backbones y la cobertura más baja de la banda ancha en el país, son algunos de los factores que impactan los costos. Incluso las compañías brasileñas a menudo albergan datos fuera del país.

Si el gobierno quiere mantener datos en el país, la mejor manera sería crear incentivos de mercado, reduciendo costos. Sin embargo, mantener los datos en Brasil no es una garantía de seguridad, al menos por tres razones. En primer lugar, el hardware de origen extranjero puede tener backdoors que permiten el espionaje por los conocen estas debilidades. En segundo lugar, el contenido de las comunicaciones que viajan a través de la infraestructura internacional seguiría vulnerable, puesto que hay maneras de capturar datos directamente de los cables submarinos o satélites. Por último, hay que considerar la posibilidad de que los datos alojados a nivel nacional estarían sujetos a vigilancia de actores en el proprio Estado brasileño. Es importante recordar que Brasil no tiene hasta hoy una regulación que protege la privacidad y los datos personales de sus ciudadanos.

Aunque ineficaz y problemática, parece que la propuesta de almacenamiento de datos en territorio nacional va a ser defendida por el Gobierno Federal en la votación del Marco Civil. La presidenta Dilma Rousseff ha solicitado en el 11 de septiembre urgencia constitucional en el manejo del proyecto. Con esto, se espera que el proyecto sea sometido a votación en la Cámara dentro de 45 días. Después, el Senado de Brasil tendrá 45 días para discutir y votar sobre el texto. Según la posición oficial del gobierno Dilma, el proyecto que fue construido colaborativamente por la sociedad podrá ser transformado.

2) Inversiones y programas gubernamentales

Además del impacto en el trámite del Marco Civil, el caso Snowden puede afectar directamente

algunas políticas brasileñas relacionadas con la innovación y la inversión pública en tecnología. El desarrollo de la tecnología nacional ha sido una preocupación del gobierno brasileño, que elaboró programas de incentivos para el mediano y largo plazo, como el Start-up Brasil. Por otra parte, hay inversiones en infraestructura de telecomunicaciones, sobre todo en el área de satélites y en puntos de intercambio de tráfico (IXPs) en América del Sur.

El impacto negativo del monitoreo de las comunicaciones de la presidenta Dilma Roussef, sin embargo, hizo Brasil tomar decisiones urgentes, apresuradas y que pueden tener pocos resultados prácticos. Entre estas medidas está el desarrollo de un servicio de correo electrónico nacional que estaría bajo la responsabilidad de la Compañía Brasileña de Correos y Telégrafos. El desarrollo de tecnología nacional es bienvenido, pero eso no protegerá la privacidad de los brasileños mientras se sigue utilizando redes sociales que cooperan con la NSA, además del hardware y la infraestructura que permiten el espionaje.

Aunque no haya soluciones de corto y mediano plazo para el problema de espionaje, la creación de plataformas nacionales podría contribuir no sólo al desarrollo tecnológico, sino también para impulsar el uso de tecnologías abiertas que sean más transparentes y verificables. Este es el caso del software libre, que permite el análisis del código y la identificación de cualquier falla y backdoors. La dependencia creciente que las sociedades mantienen de la tecnología no es consistente con el uso de tecnologías opacas. Nadie firma un documento importante sin leerlo, de la misma manera, no deberíamos basar el desempeño de actividades vitales en el funcionamiento de softwares que no conseguimos “leer” o investigar.

3) Acciones en el ámbito internacional

Las acciones coordinadas en el ámbito de UNASUR y del Mercosur, aunque embrionarias, son alentadoras. Los países miembros instruyeron dos de los Consejos de UNASUR – el Consejo de Defensa Suramericano (CDS) y el Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN) – avanzar en sus respectivos proyectos sobre la defensa cibernética y en la interconexión de redes de fibra óptica, con el objetivo de hacer más seguras las telecomunicaciones y promover el desarrollo de las tecnologías regionales.

En el ámbito del Mercosur, los países aprobaran la “Decisión de rechazo al espionaje por parte de los Estados Unidos sobre países de la región”, en la cual afirmaron que la vigilancia consistía en una violación del derecho humano a la privacidad y a la información. Esto demuestra que existe un espacio político y voluntad de articular medidas, que es fundamental. El problema del espionaje no se puede resolver a través de decisiones unilaterales, sino a través de acciones conjuntas, cuya fuerza política es más grande, y puede ser más fructífera desde el punto de vista de la interoperabilidad.

Todavía es pronto para saber si algunas de estas iniciativas del gobierno brasileño efectivamente despegarán. La situación actual exige decisiones urgentes, pero tienen que estar muy bien planeadas, bajo pena de ser inofensivo o, aún peor, de retrasar el desarrollo tecnológico nacional. Para tomar buenas decisiones, es necesario que se escuchen las visiones de los distintos sectores: técnico, académico, empresarial y la sociedad civil. Este momento clave debe generar la consolidación de la experiencia brasileña de discusión multisectorial de temas relacionados con Internet, materializada en el Comité Gestor de Internet en Brasil (CGI.br).

* Marilia Maciel y Luiz Fernando Moncau son investigadores y gestores del Centro de Tecnología y Sociedad (CTS) FGV-Direito Rio