Marianne Díaz Hernández. Abogada y narradora venezolana, activista de @accesolibreve y líder legal de Creative Commons en Venezuela.
Twitter: @mariannedh

Aunque sigue sin aparecer en los informes globales de censura a Internet, Venezuela posee un historial de prácticas dudosas con respecto al filtrado de contenidos y a la prosecución de usuarios por sus actividades en línea.

A pesar de lo que pueda creerse, los antecedentes de prácticas de filtrado a Internet en Venezuela no son para nada recientes: datan al menos del año 2007, cuando se reportaron los primeros bloqueos de páginas web llevados a cabo por Cantv, la principal compañía de telecomunicaciones del país, re-nacionalizada ese año por el entonces presidente Hugo Chávez, quien acababa de comenzar su tercer período gubernamental.

A partir de ese año, y durante los sucesivos, una serie de prácticas (detenciones a usuarios de redes sociales, bloqueo de páginas web desde Cantv, polémicas declaraciones sobre la influencia de las redes sociales en la política nacional y la estabilidad de la nación) comenzaron a hacerse de uso habitual. Dos personas (ambas con muy pocos seguidores y casi nada de influencia) fueron detenidas en 2010 por escribir en Twitter sobre el sistema bancario, luego de una ola de intervenciones a entidades financieras, bajo la acusación de “desestabilizar el sistema bancario” del país. Luego de las elecciones parlamentarias de 2011 (cuando el Ministro de Telecomunicaciones desconectó al país entero de Internet durante alrededor de treinta minutos, alegando que la medida se había tomado “para evitar hackeos a la página web del Consejo Nacional Electoral”), un ciudadano fue detenido por presuntamente publicar en Facebook una foto de material electoral siendo quemado (que correspondía a un proceso electoral anterior), a pesar de que era evidente que el usuario no había sido el origen de la difusión de la foto (por demás masiva en las redes sociales). Páginas web como Noticiero Digital y La Patilla fueron bloqueadas temporalmente en diversas ocasiones por la publicación de ciertos contenidos, como la cobertura de los enfrentamientos en la cárcel de La Planta. En 2013, luego de la muerte del presidente Chávez, todos los dominios .co (relacionados con acortadores de direcciones como los de Twitter) estuvieron bloqueados por dos días, en un intento de evitar que una supuesta grabación de Chávez se diseminara en la red.

No obstante, la gestión del actual presidente, Nicolás Maduro, sucesor de Chávez después de su fallecimiento, ha traído consigo su propia política de medios electrónicos, en toda apariencia una versión redoblada de la anterior. Desde noviembre de 2013, cuando Maduro anunciara en televisión nacional en vivo su decisión de bloquear todo sitio web que contuviera información sobre la cotización del dólar paralelo (dando lugar al bloqueo desde CONATEL de entre 500 y 900 páginas web), su política con respecto a la materia estuvo clara. Si bien los bloqueos a webs sobre el llamado “dólar negro” datan también de muchos años atrás (con el control cambiario remontándose a más de una década, en 2003), Chávez se había limitado a proscribir dos o tres sitios emblemáticos, jamás entregándose a una campaña tan masiva de filtrado de contenidos.

En 2014 fue el turno de las protestas. Desde mediados de febrero, cuando las protestas dieron inicio en el estado Táchira, y durante marzo y abril, cuando tuvieron sus puntos más álgidos en las ciudades más importantes del país, la red fue utilizada para documentar, organizar e informar sobre las protestas, y se convirtió de este modo en uno de los objetivos a controlar por parte del gobierno, que puso en marcha tanto prácticas sutiles, como el sospechado throttling a las conexiones (que se hacían terriblemente lentas durante las horas de la noche, cuando la represión a las protestas era mayor y la gente recurría a las redes para informarse ante la ausencia absoluta de cobertura en los medios de señal abierta), como medidas muchísimo más drásticas (el estado Táchira, donde las protestas fueron más intensas, estuvo desconectado completamente de Internet durante dos días sin que las autoridades dieran ninguna explicación plausible al respecto). El gobierno anunció públicamente estar interfiriendo las comunicaciones de la aplicación Zello, denunciando que ésta estaba siendo utilizada para planificar las protestas, e inmediatamente después ésta fue bloqueada. Aplicaciones de VPN, como TunnelBear, o de anonimización como Anonymouse se hicieron igualmente inaccesibles.

Entre el 14 de febrero y el 08 de abril de 2014, la organización no gubernamental Acceso Libre recabó reportes de inaccesibilidad en torno a 25 páginas web representativas, de diversa índole, a través de Herdict y con el apoyo de usuarios de todo el país. Luego de 2155 reportes individuales recabados, se observó, entre otras cosas, que mientras sitios como los que informan sobre el dólar paralelo permanecían bloqueados en todos los proveedores, otras páginas web estaban evidentemente inaccesibles sólo en Cantv (como Pastebin, PasteHTML y otras similares). Casos similares ocurren con herramientas de VPN y anonimizadores como TunnelBear y Anonymouse, que presentan casi en su totalidad reportes de bloqueo, proporcionalmente mucho más en Cantv que en otras operadoras.

Si bien el gobierno alega que estos bloqueos tienen fundamento en la ley venezolana, lo cierto es que ésta (la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, conocida como RESORTE-ME) contradice los estándares internacionales en materia de derechos humanos, al conceder competencias para la restricción de contenidos a un órgano administrativo, dependiente de la Presidencia de la República (CONATEL). La ley RESORTE-ME, aprobada en 2011, confiere a los ISPs la obligación de bloquear todo contenido que se ajuste a una serie de previsiones vagas, como “desconocer a las autoridades” o “fomentar zozobra”. Más aún, las medidas tomadas no cumplen con el principio de proporcionalidad. Cabe recordar que la Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión en Internet de la OEA establece que el filtrado de páginas web enteras constituye una medida extrema, medida que sólo se justifica en casos gravísimos, y que el filtrado de contenido no controlado por el usuario final constituye una forma de censura previa (práctica prohibida por la Constitución venezolana). En el mismo orden de ideas, la Declaración Conjunta establece que “la interrupción del acceso a Internet, o a parte de este, aplicada a poblaciones enteras o a determinados segmentos del público (cancelación de Internet) no puede estar justificada en ningún caso, ni siquiera por razones de orden público o seguridad nacional”, y lo mismo se aplica a las medidas como el throttling, con lo cual, prácticas como la admitida por el mismo Ejecutivo durante las elecciones de 2011 constituyen una violación frontal a la libertad de expresión en Internet.

Culminando 2014, las protestas se han agotado casi en su totalidad, a pesar de que las circunstancias que las originaron siguen siendo las mismas y de que ningún acuerdo fue logrado con el gobierno. No obstante, todo parece apuntar a que las políticas en materia de comunicación en la red por parte del gobierno venezolano siguen la misma línea, imperturbables: apenas la semana pasada, dos personas han sido detenidas a causa de mensajes publicados en Twitter (ambos en relación con el asesinato del diputado del Partido Socialista, Robert Serra), y el portal de noticias Infobae fue bloqueado, esta vez de manera pública y abierta de acuerdo con declaraciones dadas por el presidente de CONATEL.

La absoluta carencia de transparencia con respecto a estos procedimientos, y el tono en el que las autoridades se expresan con respecto a los medios electrónicos y redes sociales (acusándolos de contribuir a la “guerra sicológica”), aunado a medidas como la creación del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA), una agencia de seguridad que tiene como misión “neutralizar los planes de desestabilización contra la nación”, y entre otras potestades la de declarar como clasificada cualquier información, incluyendo contenidos en Internet, demuestran una clara voluntad de continuar apretando la llave del libre flujo de información en la Web.