En los últimos meses, se ha reactivado en Argentina el debate parlamentario respecto de un proyecto de ley que versa sobre la responsabilidad de intermediarios de Internet. En un país donde el poder judicial recibe frecuentemente demandas contra los buscadores más importantes de Internet, como Google o Yahoo!, por contenidos que han sido posteados por terceros, la importancia de este tipo de proyectos no es menor.

Atilio Grimani and Eleonora Rabinovich, Asociación por los Derechos Civiles.

El proyecto, que tiene el número 2668-D-2012 y puede descargarse aquí, fue impulsado por el diputado Federico Pinedo del PRO. El proyecto en cuestión ostenta como puntos fuertes, un modelo de inmunidad condicionada y la intervención judicial previa a cualquier clase de retirada de contenido. Constituye un avance positivo respecto de versiones previas de este tipo de iniciativas. Sin embargo, no está exento de situaciones puntuales que deben ser mejoradas.

Un primer punto a tomar en cuenta está relacionado con el uso de medidas cautelares muy amplias y generales, cuyos requisitos son muy pobres y no están especificados correctamente. Estas medidas pueden constituir una restricción enorme al derecho de los usuarios, incluso por encima de una responsabilidad ulterior, y puede acarrear problemas de bloqueo de sitios legítimos desde una perspectiva de la libertad de expresión y del artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Otro punto que fue señalado respecto del proyecto es el que permite la autorregulación mediante mecanismos de notificación y retirada de contenidos en manos de los propios proveedores de servicios de Internet, siempre que estos no constituyan un nivel de protección menor al otorgado por la ley. Se llega incluso a permitir la cancelación del servicio. Esta cláusula es altamente problemática, no tomando en cuenta los derechos fundamentales de los usuarios y desestimando la Declaración conjunta de los relatores para la libertad de expresión, que en su artículo 2.a desaconseja la utilización de este tipo de mecanismos. Sería importante, en este punto, eximir expresamente a los intermediarios de la obligación de monitorear contenidos que los usuarios pudieran publicar.

En todo caso, deberá contemplarse la necesidad de incorporar mecanismos respetuosos del debido proceso de ley y el derecho de acceso a la información. La comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados puso en marcha reuniones de discusión del proyecto con especialistas de diferentes sectores, con lo cual pudieron escucharse diferentes opiniones en relación al proyecto y al tema en cuestión.

En este momento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene pendiente de resolución el caso Da Cunha, el primer caso de responsabilidad de intermediarios que llega al máximo tribunal de la Argentina. En este se plantea la responsabilidad de los buscadores de Internet frente a los daños que Virginia Da Cunha, actriz y cantante argentina, dice haber sufrido al verse su imagen, identidad y persona involucrada con sitios pornográficos y de oferta sexual. Hace dos años, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) presentó un amicus curiae sosteniendo que los buscadores no deberían ser responsables en estos casos.

De igual manera, variadas celebridades del país han iniciado acciones legales contra estos intermediarios, que han sido resueltos en primera y segunda instancia (ver documentos sobre el tema aquí y aquí). La forma en la que se sancione esta ley podría afectar en gran medida los resultados de estas causas y la forma en la que concebimos la libertad de expresión en línea en el país.

Atilio Grimani and Eleonora Rabinovich, Asociación por los Derechos Civiles (ADC)
E-mail: agrimani (at) adc.org.ar; erabinovich (at) adc.org.ar