Poca gente recuerda, pero Brasil inició en 2010 un proceso para crear una ley específica de protección de datos personales. Se puede atribuir parte de ese conocimiento al propio gobierno federal, el que por mucho tiempo ha mantenido parada su iniciativa de elaboración del texto de ley, sino también al hecho de que nuestra cultura no se muestra permisiva a evasiones de informaciones personales. Sin embargo, la maduración del Marco Civil de Internet, al tornarse ley, abre la puerta para que la privacidad ocupe un lugar central en la agenda política de la cultura digital en el País.

Por Paulo Rená da Silva Santarém

Entre noviembre de 2010 y abril de 2011, una colaboración del Ministerio de Justicia con la Fundación Getúlio Vargas de Río de Janeiro realizó un debate público sobre privacidad y protección de datos personales. En cinco meses, fueron recibidos 14 mil visitas y 795 comentarios. No obstante, todo el cúmulo de discusión no se mostró suficiente para asegurar la presentación de un anteproyecto de ley por el Poder Ejecutivo.

El gobierno federal sólo retomó el tema en 2013, cuando Edward Snowden denunció la vigilancia en masa realizada en la Internet por la Agencia Nacional de Seguridad de EE.UU., en colaboración con órganos similares de otros cuatro países (Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Reino Unido). Aun así, el enfoque se ha limitado a proponer cambios en el texto del Marco Civil de Internet, el que ya se tramitaba en la Cámara de Diputados desde agosto de 2011. Incluso los cambios propuestos – como la inicial exigencia de centros de datos en el país y la persistente obligación de retención de datos de acceso a servicios en línea – no se muestran exactamente adecuados para la protección de la privacidad.

Ciertamente el desinterés del gobierno brasileño en dar seguimiento a esa agenda se vincula a la poca sensibilidad de la población hacia las cuestiones de preservación de datos personales. Es sorprendente pensar en la inmensa cantidad de catastros que comúnmente son rellenados para acceder a cualesquier servicios, públicos o privados, o incluso para adquirir productos. Desde informar el Catastro de Persona Física (CPF) durante las compras para obtener la exención de impuestos, hasta dar su dirección particular para participar de una campaña de promoción exhibida en televisión, en Brasil las informaciones personales son fácilmente obtenidas por cualquier empresa.

Ese contexto imprime diversos riesgos, agravados por la creciente exigencia de que más y más datos sean fornecidos. En la lógica de la seguridad pública, la retención como regla y el acceso del Estado a los datos se defienden como si fueran necesarios para hacer viables las investigaciones de ilícitos, especialmente en el medio electrónico; en la lógica del mercado, los perfiles de consumo son activos reales que se pueden convertir fácilmente en efectivo por medio del mercadeo directo; en la lógica del entretenimiento, el big data permite a los consumidores la comodidad de una experiencia más personalizada. Por añadidura, resta poco espacio para problematizarse la cuestión del derecho a una vida privada.

Sin un debate político de carácter público, abierto a la participación y sometido a la criba social de manera amplia, actualmente las decisiones sobre la protección de la intimidad se toman de acuerdo a intereses privados. Eso es muy problemático, pues lo que es más rentable desde el punto de vista del mercado no necesariamente converge hacia la protección de un derecho. Para colmo, el propio gobierno, caso no sean impuestos límites legales a su acción, puede desempeñar un papel tirano en el tratamiento de las informaciones personales de adversarios internos y externos.

Es siempre importante destacar que no se trata sólo de la Internet. En primer lugar, tarjetas de crédito, teléfonos celulares, reproductores de mp3, videojuegos controlados por movimiento e incluso carros y televisores inteligentes: cualquier dispositivo personal que guarde informaciones digitalizadas. En segundo, cámaras de vigilancia, torniquetes electrónicos, identificación biométrica y registros relacionados al CPF. Es creciente el número de medios para construirse un mapa completo sobre la vida de cualquier persona.

La privacidad, en una visión más amplia, puede ser entendida como el derecho de trazar, para la propia vida, la línea que separa la parte pública de la parte íntima. Se trata de una elección libre e individual, de acuerdo con las propias convicciones y la forma de ver el mundo. Una garantía de que cada persona puede tener una vida privada en cuanto a lo que quiere. Más aún, sin que haya una imposición sobre esa elección y con la seguridad de que no habrá una falta de respeto.

Sin embargo, es obvio que la realidad no sigue apenas la lógica del Derecho. Individualmente, sólo unas pocas violaciones de privacidad valdrán el esfuerzo de tiempo y dinero para buscarse judicialmente una punición o reparación. En el ámbito público, en el caso de la vigilancia de la Web entre Estados, hay un componente político muy fuerte. Con todo, en medio a la complejidad social, que involucra la política, la economía, la religión, la ciencia, el entretenimiento e incluso la conveniencia, una hora reaparece la necesidad de definirse los límites de lo correcto y lo incorrecto, en términos de lo que es legal y lo que es ilegal.

La maduración del proceso de creación del Marco Civil ha ampliado la percepción de que es necesario asegurar la intimidad de las personas, dentro y fuera de la Internet. El contexto se muestra ideal para que el gobierno federal retome el debate sobre la privacidad que, en última instancia, solamente objetiva concretizar un comando expreso de la Constitución Federal, el cual a su vez resuena normas internacionales americanas y mundiales. A pesar de haber llegado tarde a ese debate, Brasil puede todavía asumir algún protagonismo también en ese punto o, por lo menos, alcanzar el nivel de los demás países vecinos latinoamericanos, los cuales ya cuentan con normas mínimas de protección de datos personales.