Por Tyler Snell*

Actualmente una creciente y perjudicial tendencia está afectando en gran medida las políticas digitales alrededor del mundo; se trata del ‘Lavado de Políticas”. Por “Lavado de políticas” entendemos el uso sigiloso de tratados de libre comercio internacionales para presionar a los países a aprobar leyes restrictivas o demasiado permisivas, que, ordinariamente, no pasarían en un proceso transparente y democrático interno.

 

No solo que el proceso se haga a puerta cerrada y en secreto hace de esta práctica algo cuestionable; también el hecho de que muchos de los representantes negociando estos tratados no son representantes elegidos sino comerciantes designados y grupos de corporaciones representando multinacionales poderosas. El ‘Lavado de políticas’ priva a cada jurisdicción, y aún más importante a sus ciudadanos, de la oportunidad de entablar un debate legislativo legítimo.

Las leyes relacionadas con el derecho de autor, no fueron tradicionalmente un tema central de los tratados de comercio, y sin embargo, han sido el objeto de las principales negociaciones privadas en estos tratados internacionales desde la década de los 90. En los Estados Unidos, por ejemplo, el Digital Millenium Copyright Act (DMCA) prohibó grabar el contenido de un CD directamente a un reproductor MP3; para que sea legal la grabación debe pasar por un computador antes de alojarse en el reproductor MP3. Además, la DMCA prohíbe desbloquear un teléfono celular si ha sido comprado en un compañía específica de servicios telefónicos. ¿Como llegaron a pasar estas leyes raras y restrictivas? la respuesta es: Lavado de políticas.

En la década de los noventa el Secretario asistente de Comercio de los Estados Unidos, Bruce Lehman, no encontró el apoyo que necesitaba internamente para pasar leyes que hicieran ilegal la elusión de las Medidas Tecnológicas de Proteccion (MTP son mecanismos digitales que evitan algunos usos de los contenidos como por ejemplo ver una película adquirida en Europa en el reproductor adquirido en América Latina). Ante este “inconveniente” acudió a la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) para poner esas normas dentro de un acuerdo internacional de Interpretación o Ejecución y Fonogramas que fue finalmente aprobado en 1996. De esta forma lo que Lehman no había podido pasar por el congreso de los Estados Unidos, democráticamente: hacer que la protección penal que evita la elusión de MTP, se convirtío en un requerimiento internacional que debería convertirse en ley federal. Así la DMCA empieza como una obligación internacional y a partir de allí desarrolla obligaciones todavía más restrictivas y fuertes que las pactadas en la OMPI.

Latinoamérica está enfrentando una verdadera amenaza con esta peligrosa práctica que EEUU empezó a usar en los Tratados bilaterales de Libre Comercio (TLC) y más recientemente en el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP por sus siglas en inglés) para exportar su DMCA. El TPP es un acuerdo de comercio que usa el lavado de políticas en forma sustancial, incluso desde sus procesos de negociación que son opacos y antidemocráticos.

Nacido en 2005 entre Singapur, Chile, Nueva Zelanda y Brunei, sus miembros se expandieron para incluir a los Estados Unidos , Australia, Vietnam y Perú en 2008. Malasia entró en las discusiones en 2010, Japón en 2011, mientras en 2012 los últimos miembros oficiales en llegar fueron Canadá y México. Colombia, tiene tratados de libre comercio con cinco de los doce países del TPP, ha intentado ingresar a las negociaciones pero permanece como un candidato remoto hasta que se terminen estas rondas.

Los actuales rondas de negociaciones del TPP en Canadá han ido al extremo considerando que no se divulgó ni el horario ni el lugar dónde se celebrarán. Lo cambiaron de Ottawa a Vancouver en el último momento y dejaron negociadores importantes fuera de la discusión. Esta preocupación es alarmante, especialmente porque restringe a la sociedad civil de involucrarse en los debates. Dado que después de cinco años de negociaciones, no se ha revelado ninguna declaración oficial por ninguno de los países involucrados sobre sus posturas a la hora de negociar, este secreto no sorprende. Todo lo que sabemos sobre los negociaciones y la agenda del TPP viene de las revelaciones de Wikileaks que mostraron la propuesta sobre el capítulo de propiedad intelectual y más tarde documentos de los charlas de Noviembre de 2013 en Salt Lake City, Utah, Estados Unidos. Una tendencia preocupante de los negociaciones del TPP es la falta de inclusión a los organizaciones de sociedad civil pero, en cambio, las principales multinacionales han sido grandes influenciadoras sobre los posiciones en que se negocia. Por ejemplo, los representantes de la industria del cine Estadounidense, como la MPAA (Asociación Cinematográfica de América por su sigla en inglés), tiene acceso al texto completo de los acuerdos mientras miembros del Congreso de los Estados Unidos se quedaron en la oscuridad.

Lo que estas revelaciones de Wikileaks muestran debe preocupar a los individuos y a los diferentes negocios afectados por las leyes de derechos del autor. Las industrias suelen considerar que el exceso de regulaciones crea una barrera para el comercio. Por contraste con esta afirmación, MPAA (Asociación Cinematográfica de América), RIAA (Asociación de Industria Discográfica de Estados Unidos) y otras empresas multinacionales de contenidos consideran que la falta de cumplimiento de las normas de derechos de autor es una barrera significativa para el comercio. Por este motivo abogan por leyes de propiedad intelectual fuertes y restrictivas que al final lo que hacen es vulnerar la libertad de expresión y la innovación.

Dentro de las varias estipulaciones controversiales que han unido a una coalición variada de activistas ambientales, profesionales de salud y medicina, y defensores de derechos digitales para oponerse al TPP están las normas devastadoras y de amplio alcance que contiene el capítulo de propiedad intelectual. Entre las regulaciones más peligrosas que podrían afectar los derechos digitales se incluyen:

• La prohibición de eludir las Medidas Tecnológicas de Proteccion (MTP) aun para usos que no infrinjan la ley (parecido a los estipulaciones del DMCA que prohíbe desbloquear los celulares)

• El requisito de obtener licencias de los titulares de derechos del autor para ‘copias “buffer”’ que usan todas las computadoras para transmitir datos. Esa disposición haría que se requieran muchísimas más licencias y permisos para que los consumidores puedan mover información incluso aquella que ya les pertenece. Dado que todos los dispositivos regularmente usan este tipo de copias, como cuando está transmitiendo una cancion legalmente por un servicio de streaming legal como Spotify, esto puede tener impactos de muy amplio alcance para una Internet abierta, regulando Internet como la TV y no como el canal de doble vía que es.

• Ofrecer más estímulos a los proveedores de Internet para adoptar leyes de ‘tres strikes’ donde ellos, y no una autoridad judicial deciden sobre los contenidos que permanecen en Internet – abriendo puertas para la censura como lo ha denunciado la ONU. Con estas medidas los intermediarios se convierten en “árbitros” que deciden la responsabilidad de sus usuarios por la infracción de los derechos de autor, y tienen incluso el poder de expulsar al usuario de internet después de tres acusaciones de infringir una de estas leyes. Con estas disposiciones Chile tendría que anular su ley de 2010 que es mucho mejor en términos de proteger a los usuarios porque impone un régimen judicial para el retiro de contenidos. Este trámite permite incluso a los usuarios la oportunidad de borrar contenido que infringe derechos de autor antes de que llegue la posible sanción.

• Prevé sanciones severas para infracciones a los derechos de autor en pequeña escala, yendo más allá de la leyes Estadounidenses a establecer cárcel para tales infracciones.

• La falta de garantías para el ejercicio de otros derechos humanos que deben materializarse en más limitaciones y excepciones para derechos de autor e incluso en cláusulas abiertas sobre uso justo. Especialmente importante son estas garantías para bibliotecas, para la adaptación de obras creativas para personas con discapacidad, para el uso de obras dentro del marco de libertad de expresión, etcétera. Aunque puede que haya espacio en el texto para poner estas excepciones en el futuro, por ahora no hay ninguna.

• La extensión de las protecciones al derechos de autor. El sistema internacional actual protege los derechos de autor por un plazo mínimo de 50 años después de la muerte del creador. El TPP extendería este plazo a la vida del creador más 70 años o 120 años para las obras que pertenecen a una empresa.

(Contenido gracias a Public Knowledge y el Electronic Frontier Foundation)

Pero, tal vez la propuesta más perturbadora es la creación de un modelo de arbitraje ‘inversionista-Estado’ que permite a las corporaciones multinacionales demandar directamente a gobiernos soberanos. La propuesta del TPP es la de formar un tribunal internacional que defina casos de “expropiación injusta” y también ‘la presunta disminución de los beneficios potenciales de los inversionistas como resultado de la regulación’. Este tipo de sistemas son los que han permitido a la gran multinacional fabricante de cigarrillos Philip Morris demandar al gobierno de Uruguay por promulgaron leyes que restringen la venta y marketing de cigarrillos, Philip Morris alega la violación a un acuerdo de libre comercio. Estos sistemas perjudican especialmente a los países en desarrollo que no tienen los recursos para financiar un arbitraje internacional, los que grandes empresas multinacionales como Philip Morris, sí tienen.

El Presidente Obama asegura que firmar el TPP es prioritario para su administración, y espera revelar el texto del acuerdo al Congreso y al público en noviembre de este año. El Ministro de Comercio Australiano, Andrew Robb, no es tan optimista como Obama, afirma que espera terminar negociaciones en la primera mitad de 2015. Si bien se puede esperar que el acuerdo final mejorará las estipulaciones problemáticas actuales, la falta de transparencia en las negociaciones (que no solo ha empeorado esta ronda de charlas) además de la falta de representantes de la sociedad civil, no son un buen augurio para los consumidores globales, especialmente en los países en desarrollo.

Los TLC han servido de una u otra forma como sistemas de ‘lavado de activos’, muchas de las estipulaciones del TPP ya están implementadas en países de la región vía los TLC, pero es el TPP el que muestra un cuadro más completo de esta práctica que debe ser denunciada y expuesta.

El TPP se ha convertido en el actual campo de batalla donde los países que negocian acuerdos multinacionales de libre comercio aparentan bajar las barreras para el comercio international, pero terminan creando leyes sociales de gran alcance que amenazan la libertad de expresión en línea y la innovación. Debemos exigir que se abran las puertas del proceso de negociación para involucrar a la sociedad civil.

Para aprender más sobre el TPP y hacer oír tu voz referente a tus preocupaciones ante legisladores, visita: http://ourfairdeal.org/

* Google Policy Fellow en Fundación Karisma, 2014.