El 22 de mayo de 2015 se firmó un acuerdo entre el Plan Ceibal  (implementación uruguaya del proyecto OLPC, una laptop por estudiante) y la empresa Google, mediante el cual todos los estudiantes (del sistema público y privado) y docentes del país podrán acceder, de forma gratuita y sin límite de capacidad, a los servicios de correo electrónico (Gmail), alojamiento de datos en la nube (Google Drive) y a software educativo (Google Apps for Education).

Por: Ismael Castagnet Lacuesta*

Dicho acuerdo fue anunciado por el gobierno con bombos y platillos y ampliamente difundido en medios de prensa uruguayos. Varios artículos (en su mayoría sin firma) hablaban de un “salto cualitativo en la educación uruguaya”, citaban a Google Apps for Education como “la escuela del siglo XXI” y hablaban que este era el primer paso de un acuerdo que “permitirá continuar trabajando en la ampliación de los servicios ofrecidos a la educación”.

En noviembre de 2014, el encargado de desarrollo de negocios para Latinoamérica de Google for Education (“una serie de herramientas gratuitas para enseñar y aprender”), Jim Ballentine, había visitado las instalaciones del Plan Ceibal “para impulsar acuerdos de cooperación”.

Desde el primer día de firmado el acuerdo empezaron a circular correos electrónicos entre educadores, investigadores y activistas por la cultura libre tratando de conseguir más información y cuestionando diversos aspectos de este tipo de acuerdos. Fue así que se confeccionó una carta abierta alertando a los ciudadanos uruguayos a la vez que planteando varias interrogantes a las autoridades educativas y del gobierno nacional, y se empezó a recolectar firmas apoyando dicha carta.

Se cuestionó la forma en que se tomó la decisión: el no haber consultado a la comunidad educativa, la falta de información sobre los alcances del acuerdo, la falta de fundamentos pedagógicos, el hecho de que en la mayoría de las actuales laptops entregadas a los niños uruguayos (hay varios modelos) no se pueden ejecutar las Google Apps for Education (lo cual nos induce a sospechar que puede haber interés de comprar laptops de Google en futuras licitaciones), etcétera. También se citaron ejemplos de incumplimiento en acuerdos de este tipo por parte de Google y de la falta de seriedad de autoridades de Google y del mismo Plan Ceibal a la hora de responder a los cuestionamientos sobre la privacidad de los datos de los usuarios.

En la carta se plantea que “la tecnología no es neutra; implica una elección de principios y tiene consecuencias que van más allá de su funcionalidad o gratuidad”, aspecto que consideramos de vital importancia, ya que a diario nos vemos enfrentados a un discurso hegemónico donde nos quieren hacer creer que los adelantos tecnológicos son buenos por sí mismos, sin reparar en otros aspectos como por qué, para qué, cómo ni para quién.

A la vez resulta sospechoso el anuncio de tantos beneficios de forma completamente gratuita (por aquello de que cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía). Considerando la visita del encargado de desarrollo de negocios de Google for Education, tenemos todo el derecho a sospechar que acá hay algo más que una colaboración desinteresada por parte de la multinacional de la información. La pregunta es: ¿dónde está el negocio para Google en todo esto?

Empezamos a buscar convenios similares y sólo encontramos unos pocos antecedentes: el acuerdo con el estado de Baja California (México) en mayo pasado; acuerdos puntuales con universidades en distintos países y el acuerdo para registrar monumentos arqueológicos en Perú. Llegamos a la conclusión de que era la primera vez en el mundo que se firmaba un acuerdo de estas características que involucrara a la totalidad de docentes y estudiantes de un país. Como las cosas no suelen acontecer por casualidad, tenemos el derecho a suponer que este convenio es un experimento para, en caso de resultar exitoso, ser replicado en el resto de América Latina u otras regiones del planeta.

En la carta proponemos que se estudie la posibilidad de proveer herramientas similares a las de Google por parte de organismos públicos uruguayos. Preguntamos a propósito del control de las autoridades uruguayas sobre los contenidos alojados en servidores de Google fuera de la jurisdicción nacional (o sea, fuera del alcance de la justicia uruguaya). Exponemos el riesgo de que las políticas educativas uruguayas terminen dependiendo de la multinacional (y siendo determinada por esta). Finalmente pedimos que se reconsidere la decisión de firmar el acuerdo y que se habilite una discusión lo más amplia posible sobre este tema.

Afortunadamente tuvimos una amplia repercusión con la carta. Nos dieron espacio en prensa oral, televisiva y escrita de medios nacionales como internacionales. Hubo asamblea de docentes del Instituto de Computación de Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, que decidió solicitar audiencias a parlamentarios de todos los partidos políticos para plantear nuestras inquietudes. Se coordinaron acciones con sindicatos de la educación, organizaciones estudiantiles y de la sociedad civil relacionadas con la cultura libre, como Creative Commons Uruguay, DATA, Derecho a la Cultura y CESoL (Centro de Estudios de Software Libre).

La Universidad de la República, en su órgano máximo, expresó su honda preocupación sobre el referido acuerdo sin la requerida discusión previa. El Rector citó a una reunión a autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública, el Plan Ceibal, ANTEL (empresa pública de telecomunicaciones, la mayor del país), la Agencia del Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y el Conocimiento (AGESIC), y la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, entre otros, para discutir sobre este tema.

En dicha reunión se acordó dejar en suspenso el acuerdo con Google (en lo referido a los alumnos, ya que los docentes ya pueden acceder a la plataforma) hasta que la Facultad de Ingeniería y ANTEL presenten una propuesta alternativa de uso de recursos informáticos para la educación en el plazo de un mes, bajo la premisa de que los sistemas estén alojados en territorio nacional.

Hay diversos aspectos por los cuales puede ser cuestionado un convenio así, desde los educativos y pedagógicos hasta comerciales, los referidos al derecho a la intimidad de los datos de los ciudadanos y hasta aspectos políticos a tomar en cuenta.

En estos días hemos sufrido la burla de algunos periodistas que nos preguntan de qué le sirve a Google guardar las tareas, fotos y videos de los estudiantes uruguayos. Esto demuestra la corta visión de estos “periodistas” respecto de la realidad tecnológico-política a nivel global.

Los que ahora son estudiantes uruguayos y guardan información trivial en la nube de la multinacional son los futuros trabajadores, sindicalistas, empresarios y políticos uruguayos. Dentro de dos o tres décadas serán la fuerza vital de nuestro país y si este acuerdo sigue en pie significará que Google conocerá todo sobre nuestros ciudadanos, desde su recorrido educativo, hasta sus contactos en cada etapa de su vida, sus pensamientos políticos y hasta información personal que tal vez no conozcan ni los más allegados, y que cada ciudadano tiene el derecho a mantener en secreto. Son casi ilimitadas las posibilidades de uso de dicha información (repito, de todos los ciudadanos de un país) para obtener beneficios económicos y hasta políticos.

También se nos dice que Google ya dispone de esos datos, que no necesita que se los demos y que igual pueden usarlos cuando se les ocurra. Es una verdad a medias, puesto que aunque los tengan, no pueden utilizarlos con cualquier fin, y ante un eventual incumplimiento por parte de la multinacional (no sería la primera vez, ya tiene juicios por ese tema en diversas regiones del mundo), los querellantes deberán enfrentarla en juzgados de EE.UU. y luchar contra todo el poder económico y mediático de Google. La alternativa de alojar los datos de los ciudadanos en servidores locales es una opción evidentemente más segura.

Otra respuesta que tuvimos fue que Google se compromete a no usar los datos de los estudiantes uruguayos con fines comerciales. Esto nos da a sospechar de que los fines últimos de la empresa sean de otro tipo, como ya aventuramos anteriormente. Si algo nos enseñaron las revelaciones de Edward Snowden es que todo el software que nos ofrecen “gratuitamente” las multinacionales de la información traen puertas traseras para que los servicios secretos de EEUU puedan espiarnos. Esto lo hacen de facto, sin reparar en coberturas legales.

¡Pues compliquémosle un poco las cosas al Gran Hermano! Si quieren tener nuestros datos, que tengan (al menos) que hackear nuestros propios sistemas. Entre otras cosas, porque si así lo hacen y podemos detectarlo, son pasibles de ser juzgados en nuestros países y con nuestros sistemas judiciales, que no es poco.

*Ismael Castagnet Lacuesta es Presidente de CESoL Uruguay.

Imagen: (CC BY-NC-SA) Pablo Britos / Flickr