A través de sus decisiones, la APDP y el TC reconocen que la publicidad de ciertos datos personales puede afectar la privacidad de los ciudadanos. Sin embargo, en lugar de impedir esta afectación en su origen, se limitan a sancionar a los terceros que replican lo que ya hizo el Estado en primer lugar. ¿Qué protegemos realmente aplicando ese criterio? Claramente, no la confidencialidad de dichos datos personales.