Por Luisa Fernanda Guzmán Mejía

Después de aprobar el Tratado de Marrakech la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) deberá retomar la Agenda para el Desarrollo, el turno debe ser ahora para revisar las necesidades de las bibliotecas y los archivos pero, ¿habrá voluntad política para hacerlo?

Las bibliotecas y archivos tienen la misión de recopilar, preservar y facilitar el acceso al conocimiento y a la información. Sin lugar a dudas son garantes de derechos fundamentales como la libertad de expresión y el acceso a la información. Estas instituciones contribuyen a mejorar la educación, la investigación, la inserción laboral y son una fuente de esparcimiento; también promueven la circulación de las ideas y la libertad de pensamiento, la creatividad y la innovación. Debido a su importante rol son un eje central del ecosistema cultural.

Aunque las bibliotecas invierten anualmente cerca de 24 billones de dólares en libros, revistas, audiovisuales y contenido digital, y aunque atienden más de 1.000 millones de usuarios en el mundo, no hay un escenario legal claro que les permita realizar las actividades básicas de su misión. En algunos países por ejemplo, el préstamo público de materiales supone la autorización previa y expresa de los titulares de derechos de autor. Esto pone a las bibliotecas en situación de vulnerabilidad al implicar que las actividades que realizan son ilegales dado que es irreal solicitar todos estos permisos.

La ausencia de garantías para el ejercicio de derechos fundamentales dentro del sistema de derecho de autor, como lo son las excepciones y limitaciones, amenaza el cumplimiento efectivo de la misión de las bibliotecas y los archivos, los condena a la obsolescencia y los restringe a prestar sus servicios en una sala de consulta tradicional, sin la posibilidad de explorar el potencial del entorno digital. Esta situación resulta paradójica especialmente en los países en desarrollo como Colombia, donde en algunas regiones las bibliotecas son la única forma de acceso a los libros.

De acuerdo con un estudio de la OMPI realizado en 2008, 21 de los 184 estados miembros de esta agencia de las Naciones Unidas no cuenta con excepciones y limitaciones para bibliotecas y archivos, por su parte, tan solo 27 consagran una excepción general que no resulta muy útil. Actualmente, la actividad de estas instituciones prácticamente depende de la “buena voluntad” de autores y titulares quienes amablemente en la mayoría de los países de la región se han abstenido de demandar por los usos de las obras que allí se realizan.

Esta situación se analizará precisamente en el Comité Permanente de Derechos de Autor y Derechos Conexos, comité de la OMPI encargado de estas temáticas, el cual se reunirá entre el 16 al 20 de diciembre en Ginebra.

En la búsqueda de una solución

En 2004 Brasil y Argentina propusieron la Agenda para el Desarrollo con el fin de integrar las Metas del Milenio de las Naciones Unidas en todas las actividades de la OMPI. Ese mismo año Chile propuso que la OMPI avanzara en un consenso sobre estándares mínimos para garantizar que tanto las bibliotecas y los archivos como el sistema educativo puedan cumplir con su misión, y para que las personas con discapacidad pudieran ejercer sus derechos. Esto mediante excepciones y limitaciones que deberían contemplarse en todas las legislaciones para restaurar el equilibrio entre los derechos de los titulares y los usuarios.

Los intereses en juego: las propuestas y posiciones sobre un instrumento internacional para bibliotecas y archivos

En 2008, bajo la “sombrilla” de la Agenda para el Desarrollo, Brasil, Chile, Nicaragua y Uruguay plantearon una propuesta de trabajo que seguía la iniciativa original de Chile.

En 2011 este plan de trabajo se concretó en dos propuestas de regulación distintas:

a. El proyecto del Grupo Africano, con una aproximación holística, que propone un tratado para beneficiar tanto a las personas con discapacidad, como a instituciones docentes y de investigación, y a las bibliotecas y a los archivos. Sin embargo, la decisión fue abordarlas separadamente en la OMPI.

b. Brasil, Ecuador y Uruguay, presentaron una propuesta complementaria a la del Grupo Africano que retomaba las consideraciones de un documento gremial (fruto del trabajo de la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas –IFLA en inglés-, el Consejo Internacional de Archivos –ICA en inglés-, la Electronic Information for Libraries –EIFL– e Innovarte) que Brasil había previamente presentado a la OMPI.

Estas propuestas de tratado buscan esencialmente establecer un mínimo de garantías jurídicas dentro del sistema de derecho de autor para que las bibliotecas y los archivos puedan preservar las obras (incluyendo la digitalización), reproducir y suministrar copias, facilitar el depósito legal, hacer préstamos e importaciones paralelas, usos transfronterizos; usos de obras huérfanas, retiradas u objeto de retracto; eludir las medidas tecnológicas de protección, realizar traducciones y hacer explícita la limitación de responsabilidad para estas entidades por los actos ilegales que puedan cometer sus usuarios.

Vale la pena afirmar que el Tratado de Marrakech ya soluciona una de las grandes dificultades de las bibliotecas y archivos a la hora de prestar sus servicios a las personas con discapacidad visual, no obstante, esto dependerá de que estas instituciones sean consideradas como entidades autorizadas y de la implementación a nivel local.

Pese a que se pide la firma de un tratado, lo cierto es que la naturaleza del instrumento aún no está definida. Esto refleja las tensiones entre los países en desarrollo (a favor de un tratado) y los países desarrollados que indudablemente parecen inclinarse hacia un instrumento no vinculante (recomendación, ley modelo, etc.). Estados Unidos ha manifestado su reticencia para negociar un tratado en esta materia, argumentando que en su legislación ya se encuentran incorporadas excepciones y limitaciones específicas para las bibliotecas, y que además cuenta con la doctrina del fair use.

La industria por su parte, encabezada por la Unión Internacional de Editores (IPA por sus siglas en inglés), ha sostenido que las flexibilidades existentes no sólo son adecuadas, sino preferibles y que no hay necesidad de nuevas normas internacionales vinculantes que restrinjan la libertad de desarrollo de excepciones localmente adaptadas. De igual forma, el representante de esta organización (que incluso en ocasiones ha trabajado conjuntamente con IFLA) ha afirmado que las circunstancias para que se aprobara el Tratado de Marrakech eran especiales y únicas pues había claras razones humanitarias, las cuales en su concepto no son extensibles al caso de las bibliotecas y los archivos.

La próxima reunión en la OMPI

La agenda para diciembre en el Comité de la OMPI implica trabajar en una propuesta de tratado para la protección de los organismos de radiodifusión y en dos propuestas sobre excepciones y limitaciones (la de bibliotecas y la de usos educativos), por esta razón estamos seguros que la primera presión que habrá será la definición de la agenda.

Los países del grupo B o países desarrollados (la Unión Europea y Estados Unidos) quieren priorizar el tratado para la protección de los organismos de radiodifusión. Precisamente el grupo de Europa Central y de los estados del Báltico (CEBS) propuso un plan de trabajo para acelerar que se concluyan los debates al respecto, con el fin de refinar el texto y con miras a una Conferencia Diplomática en 2015. Mientras tanto el grupo de la Agenda para el Desarrollo (Brasil) y el Grupo Africano, no comparten esta propuesta y prefieren dar prioridad a las excepciones y limitaciones, pero lo más probable es que la balanza se incline hacia el otro lado.

Muchos consideran que la OMPI quedó muy desgastada después de la negociación del Tratado de Marrakech y por tanto necesitará un respiro para retomar los temas de la Agenda para el Desarrollo, más polémicos entre los miembros por intentar fortalecer un sistema de garantías para los usuarios. Es probable que utilicen el tratado de los organismos de radiodifusión para generar ese espacio.

La Fundación Karisma asistirá a esta sesión del Comité de la OMPI para consolidar la participación de la sociedad civil en la región y para seguir de cerca la posición del gobierno colombiano, el cual a diferencia de países como Argentina, Brasil, Chile, Ecuador y Uruguay no ha sido muy activo en estos temas tan relevantes.

Luisa Fernanda Guzmán Mejía (@lfdagm). Abogada e Investigadora en el grupo de Derecho, Internet y Sociedad de la Fundación Karisma.