Por, Renata Avila

Brasil propondrá ante la ONU una iniciativa para un Marco Civil de Internet Internacional. Otros líderes latinoamericanos han unido esfuerzos diplomáticos para garantizar el respeto al derecho internacional y a los derechos humanos, una rara ocasión en que la agenda política, diplomática y de derechos humanos encuentran convergencia en tantos países al mismo tiempo. ¿Podrá la región liderar el cambio necesario para prevenir el avance de la vigilancia masiva y total?

Indefensión de datos de ciudadanos extranjeros y diplomacia como única respuesta (hasta el momento)

Desde el mes de abril de 2013, una serie de revelaciones sobre la vigilancia masiva y encubierta por la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América han sacudido las agendas políticas y diplomáticas de la región latinoamericana. En el mes de Septiembre de 2013, el conflicto ha escalado al más alto nivel.

La publicación de evidencia de espionaje, ya no masivo, sino dirigido tanto a los jefes de gobierno de México y Brasil, como sectores estratégicos, como el energético-petrolero, incluso al Ministerio de Energía y Minas de Brasil, aún con la complicidad de su equivalente en Canadá, ha forzado a que la respuesta de los mandatorios de dichos países se eleve al nivel diplomático y político más alto, tanto en mecanismos regionales como internacionales.

Resoluciones de MERCOSUR, UNASUR, ALBA y elevadas al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas así como al Secretario General de Naciones Unidas en meses anteriores hacían un llamado a la defensa de la privacidad, la defensa de la soberanía y el respeto a la normativa de derecho internacional público que prohíbe explícitamente conductas que amenacen el goce y ejercicio de los derechos humanos, sin embargo, los eventos de Septiembre abren la puerta a acciones concretas que podrían derivar en acciones legales y aún sanciones hacia los gobiernos involucrados, al confirmarse que actos concretos de espionaje fueron ejecutados por la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, dirigidos a sectores estratégicos de Brasil, así como a sus máximas autoridades en forma exhaustiva, monitoreando cada comunicación electrónica aún de la Presidente electa de Brasil, Dilma Roussef y el entonces candidato a la presidencia de México, Enrique Peña Nieto.

La Carta de la Organización de Estados Americanos establece que el derecho internacional debe ser la norma de conducta de los Estados en sus relaciones recíprocas y la buena fe debe regir las relaciones de los Estados entre sí. Estados Unidos y Canadá son Estados miembros de dicha organización, que aún no se decide a examinar como un punto central de su agenda para los próximos meses, dicha conducta contraria a los principios, que podría aún llevar a la suspensión de estos países.

Rousseff reaccionó de forma severa y contundente, en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas calificando los actos de vigilancia y espionaje masivo de ofensa a la legislación internacional y a los principios que deben regir entre los Estados, como un grave caso de violación de derechos civiles y falta de respeto a la soberanía nacional, describiendo las actividades que rutinariamente lleva a cabo la NSA como un atentado contra la libertad de expresión, a la democracia y a las relaciones entre naciones.

Oportunidad para diálogo y acción conjunta

Del otro lado están los ciudadanos latinoamericanos, que, aunque han recibido con simpatía y solidaridad la fuerza con la que algunos gobiernos han defendido sus derechos para no ser vigilados por organismos de inteligencia extranjeros, se reservan dicha prerrogativa para ejecutar vigilancia masiva doméstica. Bajos estándares de protección a la privacidad en cada país y débiles o inexistentes autoridades de protección de datos son problemas pendientes en las agendas nacionales. Mientras las autoridades están objetando la vigilancia masiva por un tercer Estado, sus ciudadanos están pidiendo que las mismas restricciones a la vigilancia masiva e indiscriminada sean aplicadas en casa.

La comprensión sin precedentes de la amenaza para todos que presenta la vigilancia ha generado un efecto positivo, las propuestas de protección a la privacidad y peticiones para una mejor rendición de cuentas de los organismos de inteligencia son escuchadas por los poderes ejecutivos y los parlamentos regionales. Los “Principios Internacionales sobre la Aplicación de los Derechos Humanos a la Vigilancia de las Comunicaciones», recientemente presentados ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y su abierta recepción por los países miembros del mismo son un ejemplo de la oportunidad de promover los más altos estándares en la región. El establecimiento de grupos de trabajo para estudiar el impacto y posible soluciones a la vigilancia masiva, recién instalados en ALBA, MERCOSUR y el Consejo de Seguridad de UNASUR ofrecen otra oportunidad de incidencia y acercamiento entre expertos internacionales, promotores de derechos humanos, la comunidad técnica y la sociedad civil para desarrollar el mejor marco posible, existiendo hoy voluntad política, una voluntad que puede desvanecerse tan pronto como las noticias desaparezcan de los titulares.

La Presidente de Brasil Dilma Rousseff ha anunciado a través de su cuenta de Twitter la propuesta de un Marco Civil Internacional para Internet, buscando resguardar los derechos de todos los ciudadanos alrededor del mundo. Dicha propuesta sería enviada a la ONU y también se esperaría la aprobación de una nueva versión de Marco Civil y su incorporación a la legislación brasileña, la nueva versión estaría ampliando las garantías a la privacidad de los ciudadanos. Al parecer Brasil está consolidándose como el país que liderará las alternativas, la respuesta global, a la guerra contra la privacidad de los ciudadanos.

El obstáculo a estas iniciativas regionales puede ser el bloqueo de países afines al modelo de vigilancia, que podrían contar con acuerdos similares con la NSA y la DEA. Ésto se evidencia en el silencio de Peña Nieto y la falta de una respuesta dura ante las revelaciones de espionaje directo en países dependientes de la ayuda militar y policial para combatir la “guerra contra las drogas¨. Es precisamente a los ciudadanos de dichos países más que a nadie, a los que beneficiaría la aprobación de un marco regional y aún mundial de protección contra la vigilancia masiva, arbitraria, que no rinde cuentas a nadie y que impunemente viola normativa internacional y local. Para grupos vulnerables, como periodistas y activistas en México, Honduras y Colombia, la vigilancia y la protección contra ella, es un asunto de vida o muerte.

La región en su mayoría cuenta con los más favorables marcos legales para la criptografía a nivel mundial, es una región en paz y una región joven que tiene enfrente la posibilidad de proponer a sus líderes apostar por una Internet robusta, que garantice el máximo goce de los derechos de todos así como del potencial económico y tecnológico, que derivará en un mayor y mejor desarrollo humano aún para los sectores marginales. Es momento de pasar de protesta a propuesta, y de propuesta a acción.

«Este trabajo fue realizado como parte del Cyber Stewards Network con el apoyo de una beca del International Development Research Centre, Ottawa, Canada”