Por Danny O´brien* y Katitza Rodríguez**

Organizaciones civiles a nivel mundial advierten a los Estados miembros de las Naciones Unidas sobre la necesidad urgente de cumplir con sus obligaciones internacionales de derechos humanos para proteger a sus ciudadanos de los peligros planteados por la vigilancia masiva en Internet. Activistas presentan declaración conteniendo Trece Principios Internacionales contra la vigilancia masiva.

Cuando el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas abrió su vigésima cuarta sesión en septiembre, se vio obligado a tocar el programa de vigilancia masiva por parte del gobierno de Estados Unidos y Reino Unido. La presencia de interrogantes sobre privacidad y espionaje dirigidas a los usuarios de Internet del mundo no resultaron sorprendentes, si tenemos en cuenta que el marco legal norteamericano, que autoriza la inteligencia a extranjeros, no otorga protección alguna a la privacidad de los ¨no americanos¨.

Sin embargo, la sudafricana Navi Pillay (en este momento Alto comisionado de la ONU en Derechos Humanos y especialista en derechos humanos) advirtió, durante su declaración inaugural del Consejo de Derechos Humanos, sobre el «amplio alcance de la vigilancia de seguridad nacional de los países, incluyendo los Estados Unidos y el Reino Unido» y solicitó a todas las naciones «asegurar que salvaguardas adecuadas sean desplegadas para impedir que las agencias de seguridad se extra-limiten, al mismo tiempo que protejan el derecho a la intimidad y otros derechos humanos.»

En este mismo espíritu, el pasado 13 de septiembre, el Embajador alemán Schumacher emitió una declaración conjunta en representación de Austria, Alemania, Liechtenstein, Noruega, Suiza y Hungría expresando su preocupación sobre las consecuencias de la “vigilancia y recolección masiva de datos» y el 20 de septiembre, en una reunión paralela del Consejo de Derechos Humanos sobre la privacidad digital, Access, Association for Progressive Communications, Privacy International, Human Rights Watch, Electronic Frontier Foundation y muchas otras organizaciones de la sociedad civil alertaron sobre los peligros de la vigilancia masiva llevada a cabo por gobiernos de todo el mundo, y en particular por la vigilancia masiva de los Estados Unidos y Reino Unido. En este evento paralelo se aprovechó para presentar oficialmente los 13 Principios sobre la aplicación de los derechos humanos a la vigilancia de las comunicaciones, que está dirigido a restaurar la aplicación de los derechos humanos para estos y futuros programas de vigilancia estatal.

Los 13 Principios se encuentran en su totalidad en es.necessaryandproportionate.org y dejan claro que la privacidad es un derecho humano fundamental y es primordial para el mantenimiento de sociedades democráticas. Que toda restricción al derecho a la privacidad, incluida la vigilancia de las comunicaciones, sólo puede justificarse cuando es prescrita por ley, necesaria para alcanzar un objetivo legítimo y proporcional al fin perseguido.

Asimismo, requieren que toda medida de vigilancia sea adecuada y supervisada por una autoridad judicial competente e imparcial; también obliga al Estado a notificar a las personas afectadas si ha autorizado la vigilancia de sus comunicaciones y ésta debe realizarse con el tiempo e información suficientes para permitirles apelar la decisión. Los obliga, asimismo, a ser transparentes sobre el uso y el alcance de las técnicas y los poderes de la vigilancia de las comunicaciones.

Los Estados deberían publicar, como mínimo, información global sobre el número de solicitudes aprobadas y rechazadas, un desglose de las solicitudes por proveedor de servicios, según el tipo de investigación y sus propósitos. Los Principios también requieren que los Estados establezcan mecanismos independientes de supervisión para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas de la vigilancia de las comunicaciones.

Otros principios requieren la protección integral de los sistemas de comunicación y dejar claro que poner en peligro los sistemas de seguridad de software o hardware casi siempre pone en peligro la seguridad en términos generales. Finalmente, los Principios incluyen salvaguardas frente al acceso ilegítimo de las comunicaciones mientras solicita se otorgue protección a los Whistleblower.

La presentación de principios viene de la mano de un importante informe del Relator Especial de las Naciones Unidas, Frank La Rue, sobre el derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión, que detalla el uso generalizado de la vigilancia del Estado, estableciendo que dicha vigilancia socava gravemente la capacidad de los ciudadanos a disfrutar de una vida privada, expresarse libremente y disfrutar de los demás derechos humanos fundamentales.

Los 13 Principios – que han sido firmados por más de 274 organizaciones alrededor del planeta — también proporcionan un marco referencial que las personas pueden utilizar para evaluar e impulsar cambios en sus propias leyes de vigilancia. Al mismo tiempo, permiten medir las prácticas de vigilancia de los Estados en contra de los parámetros ya establecidos por las normas de derechos humanos y establecen explícitamente que cualquier medida de vigilancia de las comunicaciones no debe aplicarse discriminando, entre otras cosas, nacionalidad o cualquier otra condición social.

En la actualidad las prácticas de vigilancia masiva tienen poco que ver con espionaje a potencias extranjeras y sí con la cotidianidad de los individuos. Las revelaciones de la NSA han demostrado que los Estados pueden pretender obedecer “en forma” las leyes establecidas, mientras rompen con su espíritu. Los 13 Principios articulan un lenguaje que enuncia el estándar de protección y lo equipara con las convenciones internacionales de derechos humanos, en contraposición a las interpretaciones caprichosas de los servicios de inteligencia y se usarán para defender, a nivel nacional, regional e internacional, un cambio sobre cómo se interpretan las normas actuales y futuras de vigilancia, incluso instando al gobierno de los Estados Unidos a re-diseñar su programa de vigilancia nacional para cumplir con las normas internacionales de derechos humanos.

*Director Internacional, Electronic Frontier Foundation. Twitter: @mala
**Directora Derechos Humanos, Electronic Frontier Foundation. Twitter: @txitua