La Relatoria Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha publicado el informe Libertad de Expresión e Internet. Constituye, probablemente, la principal herramienta legal y constitucional para avanzar la lucha por una Internet libre y abierta en las Américas.

Por Ramiro Álvarez Ugarte*

El informe no es un tratado internacional ni obliga directamente a los Estados. Sin embargo, es una interpretación oficial de la Convención Americana de Derechos Humanos adelantada por uno en los órganos del sistema. Lo que hace es extender al mundo digital los generosos estándares en materia de libertad de expresión que el sistema interamericano ha creado a lo largo de décadas.

El informe es extenso y abarcativo e incluye estándares y principios de derechos humanos, así como buenas prácticas. Se nutre de lo que existe y señala hacia direcciones posibles y –en ocasiones– necesarias para resguardar el derecho a la libertad de expresión en Internet. Cubre cuestiones como neutralidad de la red, acceso, privacidad, ciberseguridad y responsabilidad de intermediarios. Y en cada uno de esas cuestiones explica lo que los estándares de derechos humanos del sistema tienen para decir sobre ellas.

Históricamente, esta clase de informes de la CIDH han sido herramientas útiles en la defensa de los derechos humanos. En numerosos países, los tratados internacionales son aplicables directamente y –en muchos casos– tienen jerarquía constitucional. Algunos incluso sostienen –constitucional, legal o jurisprudencialmente– que es necesario prestar atención a las interpretaciones que los órganos internacionales autorizados hagan de esos tratados. Por ello es que este informe es relevante: es un tipo de soft law que ha demostrado ser sumamente efectivo en el pasado.

Para las organizaciones de la sociedad civil, resulta necesario recordar lo que hacemos para comprender en su cabalidad la importancia de este informe. En efecto, los activistas interesados en que Internet sea un espacio libre y abierto actuamos por fuera de las estructuras formales del Estado. No conformamos partidos políticos ni nos presentamos a elecciones. Actuamos políticamente de otra forma: buscamos persuadir a nuestros funcionarios públicos de que los principios que sostenemos son correctos y que estos deben guiar a las decisiones judiciales y a las opciones políticas y de regulación que se tomen sobre estas cuestiones.

Esta política de la persuasión es la forma en que se desarrollan los reclamos basados en derechos desde hace décadas: el movimiento por los derechos civiles, por los pueblos originarios, el movimiento feminista y el LGBTI son prueba de ello. Contamos con recursos escasos y los combinamos de distintas maneras: mientras algunos se dedican a organizar a ciudadanos y lanzan campañas públicas de comunicación hacia nuestros representantes, otros prefieren estrategias de cabildeo directo y algunos utilizamos a los tribuales como plataforma para presentar nuestras demandas al Estado. Los derechos que invocamos como fuente de nuestras agendas son uno de los recursos más valiosos que tenemos. Y en las sociedades democráticas ellos suelen ser argumentos poderosos en nuestra tarea de persuasión. El informe que comento de la CIDH fortalece significativamente ese recurso por al menos dos razones.

En primer lugar, porque nos permite unificar la discusión a nivel regional. Principios que estaban dispersos ahora están reunidos en un documento que los articula de cara a los estándares del sistema interamericano. Cuestiones sobre las que había dudas o criterios disímiles ahora quedan más claras. El informe es un primer paso fundamental para generar una auténtica conversación regional sobre el futuro de Internet, que podría impactar –debería impactar– en la discusión más amplia que se está llevando a cabo en foros globales.

En segundo lugar, porque abre un espacio de incidencia adicional. La CIDH suele dar seguimiento a sus informes, lo que significa que la Comisión y –eventualmente– la Corte Interamericana serán espacios en los que seguir actuando para avanzar la agenda de la libertad en Internet. El sistema interamericano genera un gran incentivo para la coordinación de tareas a nivel regional: nos invita a cruzar las fronteras y a tomar una perspectiva amplia que incluya a otros países.

El sistema interamericano ha sido un espacio que ha fortalecido la lucha por los derechos humanos, especialmente en América Latina. Celebremos que la lucha por una Internet abierta y libre ingrese a ese espacio.

* Ramiro Álvarez Ugarte es Director de las Áreas de Acceso a la Información Pública y Privacidad de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC).