Desde hace varios meses estamos realizando una investigación exhaustiva, que busca trazar el mapa de la protección de la vida privada y de los datos personales en Chile, y luego en el contexto sudamericano. Examinando de cerca las reglas pertinentes, como también la opinión de algunos actores del sistema, sabremos cómo abordar los problemas regulatorios y cómo hacerles frente.

Por Juan Carlos Lara

En numerosas ocasiones se ha puesto en la discusión pública la necesidad de mejorar las condiciones de protección de los derechos relacionados con la privacidad, como es la vida privada, la inviolabilidad de las comunicaciones y el tratamiento de los datos personales. En casi todas esas ocasiones encontramos una consagración de derechos que, por una u otra razón, resulta vacía frente a fenómenos generalizados de falta de observancia. Aparatos estatales que vigilan a sus ciudadanos, grandes empresas que lucran con el comercio indebido de bases de datos de personas, y entidades de persecución penal que pasan a llevar ámbitos de la vida privada sin ningún control, son clases de afectaciones sobre las que hemos venido leyendo desde hace tiempo.

Lógicamente, esto nos lleva a preguntarnos por la forma de protegernos frente a esa amplia gama de atentados contra el interés de controlar la vida propia. Hasta el momento, las respuestas a esas interrogantes han resultado útiles e informativas, junto con levantar serias alertas. Pero del mismo modo, ello ha puesto en evidencia que los sistemas nacionales a menudo tienen falencias importantes, que impiden una protección eficaz de la privacidad.

En Chile, este problema es constatable tan solo mirando la regulación constitucional: la consagración de un derecho a la protección de la vida privada y de la inviolabilidad de las comunicaciones, se realiza en términos tan amplios, que pareciera que todos los problemas de privacidad pudieran solucionarse con eso, mientras que en incontables cuerpos normativos existe una abundancia de reglas, pero falta una regulación integral, congruente y equitativa.

Otro ejemplo es la ausencia de mecanismos para la observancia sobre tratamiento de datos personales (que de forma excepcional en la región, no son objeto de protección constitucional), entre otros, por la falta de un órgano de fiscalización y control y la carencia de sanciones disuasivas. Es decir, a diferencia de varios países de la región, en Chile parecen existir reglas de sobra, pero al mismo tiempo, parecen faltar verdaderos derechos.

Por otra parte, aparecen también falencias por la existencia de prácticas rayanas en la ilegalidad, como ocurre con las empresas que trafican bases de datos para enviar información comercial no deseada, la vigilancia desde el aire mediante el uso de drones, y la obtención de información personal, aun en ausencia de un deber, ante la mera solicitud de las policías.

¿Cómo abordar un panorama con tantas formas distintas de afectación, en ámbitos tan relevantes de la vida de cada persona? ¿Cómo llegar a un punto de equilibrio, si por cada interés en juego hay un sinnúmero de amenazas? En el ámbito de la privacidad, en sus múltiples aristas, esto exige primero conocer el mapa de la problemática.

Para esto, un esfuerzo significativo se ha desarrollado desde ONG Derechos Digitales desde hace varios meses. Por una parte, mediante el estudio integral de lo que representa en Chile la protección de estos intereses. Por otro lado, se busca un diagnóstico de la situación mediante un análisis acabado de esa normativa en el ámbito de la persecución penal, a fin de conocer si los resguardos institucionales hacen eco de la protección constitucional. Adicionalmente, actores de los múltiples roles que participan en el sistema de persecución penal fueron objeto de indagación, a fin de conocer su modo de interacción con una normativa sobre la que parece haber más intuición que conocimiento.

Del examen más profundo desarrollado hasta el momento, las conclusiones demuestran que los problemas, tanto a nivel institucional como de prácticas, son todavía mayores que lo que se creía. Sin embargo, no es el propósito de la investigación dar cuenta acabada de los problemas y quedarse en el diagnóstico. Por el contrario: la formación de competencias tanto para la sociedad civil como para los agentes del Estado, como también la información de nuevas propuestas legislativas y de políticas públicas, que hagan del respeto a la privacidad uno de los pilares esenciales de su actividad, es uno de los objetivos buscados.

En un momento en que la privacidad parece estar al centro de la discusión mundial, América Latina tiene una gran oportunidad de alzarse como una región donde los derechos sí se respetan. Y para eso, todos aportamos.