Esta práctica coloquialmente conocida como un “cierre de Internet” o “interruptor para apagar Internet”, que podría considerarse fácilmente como la “última forma de control” sobre la infraestructura de Internet, no sólo se ha considerado o utilizado por regímenes dictatoriales.

Por Patricia Vargas León*

En enero de 2009, Egipto desapareció del mundo en línea durante las protestas de la plaza Tahrir que duraron casi seis días. Más tarde, se sabría que se trataba de una acción del gobierno para detener la comunicación entre los manifestantes que exigían cambios democráticos dentro y fuera del territorio egipcio. Sin embargo, el gobierno egipcio justificó sus acciones en el marco de la seguridad nacional, un concepto ampliamente interpretado y que dista de ser claro.

Esta práctica coloquialmente conocida como un «cierre de Internet» o «interruptor para apagar Internet», que podría considerarse fácilmente como la «última forma de control» sobre la infraestructura de Internet, no sólo se ha considerado o utilizado por regímenes dictatoriales, tales como Egipto, Siria, Libia o china (Dunn, 2011). Desde el 2009, esta práctica también ha sido considerada por democracias consolidadas como Estados Unidos de América y el Reino Unido (Harding, 2011; Opderbeck, 2012), y en regímenes híbridos como Venezuela (Infobae, 2014), siempre en nombre de la seguridad nacional.

El «interruptor para apagar Internet» expresión se ha definido como un único punto de control para «apagar» Internet y, por tanto, para detener toda la actividad de Internet (Johnson, 2011). Sin embargo, algo así como un único punto de control para detener la actividad en Internet no existe y lograr el 100% de éxito en el intento por apagar internet es muy poco probable. No obstante lo cual, Internet puede ser seriamente afectado por este tipo de prácticas. El que quiera apagar Internet o intente hacerlo, tiene que controlar los proveedores de servicios de Internet (PSIs), los puntos de intercambio de tráfico (PITs) y tener acceso a los cables de fibra óptica.
Independientemente del caso bajo análisis, hay un elemento común a todos los casos, que es la existencia (o posible existencia) de una amenaza a la seguridad nacional, un concepto inherente a la supervivencia de los Estados-nación, las entidades principales en el ámbito internacional. Teniendo en cuenta esta información, los siguientes números sobre la práctica de apagar Internet nos dan un panorama de lo que está sucediendo a nivel mundial:

1. Desde 2005, ocho regímenes autoritarios, una democracia plena y un régimen hibrido intentaron “apagar Internet” con diferentes niveles de éxito.

2. Entre 2011 y 2013, dos Estados democráticos y un régimen híbrido consideraron “apagar Internet”. (OpenNet, 2013)

Esta situación no sólo debe someter a debate prácticas gubernamentales cuestionables, sino que también contemplar las futuras consecuencias sobre múltiples variables:

1. El derecho a la libertad de expresión: por el cierre de Internet, el derecho a la libertad de expresión puede ser directa o indirectamente afectado, independientemente de si esta es la intención de los gobiernos.

2. La conceptualización de Internet (como una herramienta, derecho constitucional o libertad civil): una entidad está protegida por la ley en función de lo que esta entidad representa. Por lo tanto, aquí tenemos un problema de conceptualización: ¿qué es Internet? ¿Es una herramienta? ¿Es un derecho? ¿O es una herramienta que debe tener protección constitucional siempre y cuando se garantice el derecho? Esto es importante porque, según esta respuesta, no será un nivel específico de protección del gobierno. Si goza de protección constitucional, los apagones de Internet no deben suceder.

3. Impacto sobre las economías nacionales por tener Internet fuera de servicio por un periodo indeterminado de tiempo: la economía egipcia resistió 6 días con un 30% de tasa de penetración de Internet; ¿Cuánto resistirían otras economías? ¿Cuál sería el impacto de una economía sin internet, como los EE.UU., sobre pequeñas o economías dependientes?

4. Impacto en el modelo de múltiples partes interesadas de la gobernanza de Internet: tradicionalmente el gobierno de Internet se ha distribuido entre los diferentes grupos de interés, tales como la academia, la sociedad civil y el sector privado. Este objetivo principal de este modelo es mantener la infraestructura de Internet libre de un control centralizado. Al contrario, el cierre de Internet implica una alta concentración de poder en una sola autoridad. ¿Cómo es posible conciliar estos dos modelos? ¿Cuáles son las consecuencias de una política de cerrar más el modelo de múltiples partes interesadas?

Todas estas preguntas se refieren a problemas específicos generados por un Internet cerrado. El principal problema es, sin embargo, lo mucho que los derechos políticos, el desarrollo económico y las políticas de Internet están subordinados a algo llamado » seguridad nacional», una razón que a menudo aparece citada, pero que nunca es explicada.

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* Patricia A. Vargas-Leon, Candidata a PhD. School of Information Studies, Syracuse University.
Email: pavargas@syr.edu
http://my.ischool.syr.edu/People/pavargas
http://www.researchgate.net/profile/Patricia_Vargas-Leon?ev=hdr_xprf