Las autoridades de Guatemala coquetean con la idea de regular redes sociales y aplicaciones, debido a que muchas de ellas serían potenciales promotoras de abusos. ¿Necesita el país este tipo de medidas?

Por Renata Ávila, World Wide Web Foundation.

Guatemala ha gozado por un largo tiempo una relativa calma en cuanto a censura y control de las actividades usando Internet, a pesar de tener otros problemas regulatorios relacionados con la distribución del espectro radioeléctrico y la diversidad mediática. Sin contar el incidente en el cual un usuario de Twitter fue arrestado por “incitación de pánico financiero” y fue a dar a la cárcel en pleno escándalo político. Su sentencia sería anulada con posterioridad.

Aunque la conectividad no es alta y el acceso a banda ancha es de los peores en el continente, con menos de 4 %, Guatemala goza de alta conectividad móvil. No existen más que un proyecto de ley de protección de Datos Personales, abandonado desde 2009 y disposiciones legales dispersas respecto de las redes sociales, hasta el día de hoy.

Sin embargo, existen dos leyes que, de alguna forma y aunque pasen desapercibidas por las autoridades, regulan las actividades en línea. La Ley de Protección de la Niñez y Adolescencia, conocida como Ley P.I.N.A., que tiene carácter de ley de orden público y que indica que los niños y las niñas tienen derecho a que se les proteja de toda información nociva; y la Ley de Equipos Terminales Móviles, que impone la obligación de un registro de usuarios de telefonía celular, creando bases de datos de teléfonos asociados con el Documento Único de Identidad, y que además permite sin que medie autorización judicial alguna, que las autoridades soliciten información acerca de ubicación e identidad de usuarios y llamadas. Esta ley también establece el delito de conspiración usando medios electrónicos, aún si el crimen no es perpetrado, abriendo la posibilidad de vigilancia electrónica de todo tipo.

A inicios de septiembre, y luego de un incremento de actividad alrededor de la aplicación SECRET en Guatemala, la Vicepresidente de Guatemala, Roxana Baldetti, anunciaba la urgencia de tomar cartas en el asunto para “proteger” a menores de los peligros de esta aplicación, pues la calificó como una herramienta promotora “de la violencia sexual, la pornografía infantil y el bullying”.

La vicepresidente delegó entonces en el titular de la Superintendencia de Telecomunicaciones, el ente regulador de las compañías de prestación de servicio de telefonía móvil e Internet, la obligación de hacer algo al respecto y pidió que se adquiriera equipo para poder llevar a cabo un exhaustivo programa para identificar a los usuarios de la aplicación SECRET, incluyendo su ubicación geográfica y su identidad. Más de un mes después de dichas afirmaciones, aún no consta en el portal de transparencia de la SIT la adquisición de dicho equipo.

También se formó una coalición de gobierno para solicitar que, por medio de una orden judicial, se suspendiera la distribución de la aplicación en Guatemala, formada por el Ministerio Público, la Procuradoría General de la Nación, la Comisionada Presidencial por la Transparencia y Gobierno Electrónico y el Superintendente de Telecomunicaciones.

A esta acción conjunta, siguió un anuncio desafortunado por parte del Ejecutivo, sobre la regulación de las redes sociales en Guatemala, por medio de la inclusión de modificaciones en el Proyecto de Ley de Delitos Informáticos, pendiente de discusión y aprobación, añadiendo a la misma la Iniciativa de Ley de Protección de la Moral e Integridad de la Persona por Medio de Comunicaciones Informáticas. El texto aún no ha sido publicado por el Congreso de Guatemala y en un país en el que el uso de redes sociales aumenta día a día, es un riesgo de censura y control, sobre todo hacia el año 2015, cuando el país celebre sus elecciones generales.

Por cierto, no existe aún orden judicial que prohíba SECRET. La amenaza de regulación de aplicaciones puede entonces venir a petición del organismo Ejecutivo, por orden judicial o bien vía una nueva ley.

Los partidarios de la medida, como el Periódico Nómada, consideran que la prohibición de la aplicación es una medida correcta, por el uso de la aplicación en Guatemala para denigrar y destruir la reputación de las mujeres, en un país donde los índices de violencia y asesinatos de mujeres se ubican entre los más altos del mundo.

Sin embargo, la opinión general entre periodistas y abogados es que la regulación de las redes sociales erosionaría la privacidad de los ciudadanos en momentos críticos, tanto políticos como sociales. El marco legal con el que cuenta Guatemala, regulando de manera general la injuria y difamación, los abusos contra menores y la violencia verbal contra la mujer, hacen innecesario regular en específico dichos temas, ya que los comportamientos ilícitos ya están tipificados sin que importe el medio utilizado para perpetrarlos.

Además, abre la oportunidad para que aquellos en el poder persigan y monitoreen opositores y las voces más críticas. Por lo demás, cabe preguntarse si este tipo de regulaciones sobre redes sociales harán variar de forma sustancial los comportamientos sociales violentos y denigrantes, que se reflejan no solamente en el uso de una aplicación, sino en los comportamientos sociales generales, cada día.

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Renata es la Global Campaigns Manager de la iniciativa Web We Want, de la World Wide Web Foundation.