Por Claudio Ruiz

Una de las sorpresas del último Internet Governance Forum (IGF) fue la emergencia de Brasil como uno de los países que le puede hacer sombra al dominio de Estados Unidos en estos temas. Sin embargo, las dudas en concretar verdaderos cambios al modelo persisten.

Como era de esperar, ningún representante del gobierno de Chile estuvo en la 8va versión del Internet Governance Forum (IGF) que se desarrolló en octubre en la isla de Bali, Indonesia. Era esperable no sólo por la famélica —por no decir inexistente— estrategia digital del gobierno del presidente Piñera, sino porque para ser estrictos, nunca un representante de Chile ha asistido a esta reunión que organiza la Organización de Naciones Unidas, donde emisarios de gobiernos discuten en igualdad de condiciones con el sector privado y la sociedad civil los problemas y desafíos de la regulación de la gobernanza de Internet.

Como es también de esperar, la agenda de este año estuvo intensa y concentrada particularmente en aspectos vinculados con seguridad, privacidad y derechos humanos. El primero, un tema ‘clásico’ para quienes han hecho seguimiento a este foro desde sus comienzos, tuvo aún más relevancia luego de las revelaciones de este año de Edwards Snowden, que develaron las dudosas prácticas de vigilancia online del gobierno de Estados Unidos, poniendo en jaque buena parte de la infraestructura sobre la que descansa Internet, al menos como la conocemos.

Respecto de los otros dos, privacidad y derechos humanos, también fueron analizados con referencia a las revelaciones de Snowden, aunque han sido también piezas claves de la discusión sobre la gobernanza de Internet en el pasado. A diferencia de años anteriores, esta vez fue la primera oportunidad en que la conversación de los derechos humanos en el entorno digital fue tratado con especial relevancia, siendo parte de una parte completa de la programación, y teniendo por primera vez una sesión plenaria especialmente dedicada al tema.

Pero hubo dos grandes “elefantes en la habitación” presentes en buena parte de las discusiones del IGF.

Uno, la tensión existente entre quienes sostienen que la mejor forma de gobernanza de Internet es aquella que pretende mantener, con ciertos matices, el estado actual de la misma, centrada en ICANN (Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números): un modelo denominado multistakeholder, que se encuentra bajo el control usualmente considerado benevolente por los analistas más naive del gobierno norteamericano; por otro lado, hay una creciente presión por parte de una serie de países —algunos con dudosos récords en materia de derechos humanos como China y Rusia— de entregarle algo más de legitimidad democrática a esta gobernanza utilizando estructuras de Naciones Unidas ya existentes como la ITU y de esta manera evitar el control de Estados Unidos de la infraestructura crítica.

Esta tensión se ha tornado cada vez más presente luego de las últimas revelaciones sobre la NSA y, al mismo tiempo, debido a la presión de Brasil, un actor de alto vuelo cuando se trata de relaciones diplomáticas y con antecedentes un poco menos dudosos que sus socios principales en esta cruzada.

Estrechamente relacionado con lo anterior, es la aparición fulgurante de Brasil como un actor clave para hacerle frente a Estados Unidos. No fue casual la frontal reacción del gobierno de Dilma ante las revelaciones de espionaje no sólo al gobierno federal sino también a empresas claves del sector energético, ni tampoco el encendido discurso de la presidenta ante el pleno de Naciones Unidas.

Mientras que en buena parte de los países del sur global las revelaciones de espionaje —que incluyen a Chile y al presidente electo de México, sin ir más lejos— han sido movidas más bien efectistas y con mayor o menor pirotecnia y escasa sustancia, en el caso de Brasil pareciera haber sido un momento bisagra para tomar la delantera como una voz legitimada y vigorosa a favor del respeto de los derechos humanos en Internet.

Y la forma que decidió usar Brasil no deja de ser sorprendente.

Sólo días antes del IGF, y luego de reunirse con Fadi Chehade, en representación de ICANN, Dilma anunció un foro global que, en un modelo de multistakeholders discuta estos asuntos en Brasil en abril-mayo de 2014. Sin objetivos ni resultados esperables claros, además del sorpresivo apoyo de Chehade, existe algo de inquietud por parte de los representantes de la sociedad civil de que este nuevo foro pretenda socavar al IGF como el escenario global de discusión de estas materias.

No pareciera ser necesario, en principio, la creación de una nueva instancia global, tomando en cuenta la necesidad de tener una participación multisectorial real, aún no garantizada concretamente por Brasil, y de la existente legitimidad del IGF actual, aún con todos sus problemas.

Pero lo que no sólo es ineludible sino que urgente, es la necesidad de generar espacios de trabajo y debate de la manera en la que queremos que Internet se construya en el futuro. No parece razonable pensar que reforzar la autorregulación y la supervisión benévola del gobierno de Estados Unidos en un modelo multisectorial lleno de vicios, sea la mejor manera de resolver los problemas del presente. El rol de los gobiernos es importante y urgente también, aunque tomando el respecto de los derechos humanos y a la participación multisectorial como punto de partida. Ojalá el gobierno de Chile también pueda tomar un rol activo en la materia en el corto plazo.

Claudio Ruiz es el director ejecutivo de ONG Derechos Digitales.
Email: claudio [at] derechosdigitales.org