Por Francisco Brito y Dennys Antonialli

Brasil debe prestar atención a las consecuencias de adoptar el discurso de la soberanía nacional para hacer frente al espionaje digital de Estados Unidos.

La reacción brasilera al escándalo de espionaje digital norteamericano, desencadenado por las revelaciones de Edward Snowden, presentó varios niveles. En el aspecto diplomático, el Gobierno de Rousseff articuló una reprimenda pública a través del discurso de la presidente en la apertura de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En términos de planeamiento estratégico, el estado brasilero tomó conciencia de la necesidad de invertir en infraestructura con el objetivo de descentralizar la red (así como la apuesta en cableado y otros equipos que puedan abaratar el tráfico de datos dentro del territorio nacional o la adopción de software auditable en sus equipos [1]). En la esfera legislativa, el Gobierno Federal está presionando a la Cámara de Diputados para que vote el “Marco Civil de Internet”, el cual tiene ahora un texto más protector de la privacidad.

En resumen, es evidente que, en los debates que siguieron al escándalo Snowden, el gobierno brasilero ha estado protegiendo su soberanía nacional y se ha presentado como guardián de la privacidad de sus ciudadanos para justificar su nueva agenda política.

Debe recordarse, sin embargo, que ese mismo discurso utilizado para proteger la soberanía y la seguridad de los intereses nacionales, ha legitimado la creación de lagunas en el sistema legal de los Estados Unidos con el fin de relativizar el derecho a la privacidad. Las Cortes de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (Foreign Intelligence Surveillance Act Courts, “FISA Courts”) creadas en 1978, fueron redescubiertas y fortalecidas en el período posterior al 9/11, con sucesivas enmiendas. Este arreglo institucional remueve el control judicial común sobre posibles mecanismos de monitoreo que violan la privacidad de los ciudadanos y es un sistema clave para las actividades de espionaje realizadas por la NSA, dentro y fuera de los Estados Unidos.

Que esto ocurra no es mera casualidad. Soberanía y seguridad son conceptos amplios y polivalentes. Es la práctica institucional la que ha logrado dar fuerza y forma al discurso que se aprovecha de ambos conceptos. En este punto, es crucial que el gobierno brasilero se proponga pensar no solamente en formas de subvertir el poderío de vigilancia estadounidense, sino también en establecer límites para el eventual montaje de este tipo de acuerdos en el ámbito interno.

Recientemente, los episodios que demuestran la actuación intrusiva de los órganos de inteligencia del gobierno brasilero se han multiplicado [2]. Las manifestaciones que agitaran el país en junio de este año fueron monitoreadas por la ABIN y por diversos tipos de autoridades en las redes sociales –inclusive comunicaciones personales a través de la aplicación Whatsapp- lo que motivo la detención de los administradores de páginas Web y una enorme cantidad de situaciones de probable lesiones a la libertad de expresión [3]. Para llevar a cabo la vigilancia digital, el General José Elito, del Gabinete de Seguridad Institucional de la Presidencia (GSI), ya tiene a su disposición el programa Mosaico.

En medio de la expectativa por la votación del Marco Civil, el periódico Folha de San Pablo reportó que la Agencia Brasilera de Inteligencia (Agência Brasileira de Inteligência, ABIN) espió a diplomáticos de al menos tres países entre 2003 y 2004 –Rusia, Irán e Iraq-. La información constaba en un reporte de la agencia al que tuvieron acceso los periodistas. En rápida respuesta , el GSI afirmó que se trataba de actividades de contrainteligencia y que las operaciones “obedecían a la legislación brasilera de protección de los intereses nacionales”. También prometió que los responsables por la filtración de los reportes secretos serían procesados. El hecho repercutió internacionalmente.

La propuesta de almacenar datos de brasileros en territorio nacional ofrece un nuevo campo para el “espionaje doméstico”. Mucho se ha abogado –equivocadamente- sobre cómo la medida en si misma haría que los brasileros estuviesen menos expuestos al escrutinio de otros gobiernos. Mientras tanto, poco se ha dicho a cerca de la (incluso) mayor vulnerabilidad que la situación puede representar para los brasileros. Como ya indicaran los resultados de la investigación elaborada por Centro de Derecho, Internet y Sociedad de USP [4] (Núcleo de Direito, Internet e Sociedade, NDIS), hay poca tradición por parte del Poder Judicial en ver el anonimato como una herramienta digna de protección. En forma frecuente existe una licencia excesiva para con cuestionables pedidos de identificación, que determinan el ofrecimiento precoz de datos de conexión y acceso. La vulnerabilidad se torna patente ante los elevados pedidos de de datos de identificación divulgados en los Reportes de Transparencia de Google. Con los datos basados en el territorio nacional, esta resistencia a la protección de la privacidad y la navegación anónima por las autoridades brasileñas puede tener efectos no deseados en la vida democrática.

Más allá que las actividades de inteligencia puedan tener justificaciones plausibles, esto no nos libera de la necesidad de promover una discusión profunda sobre cómo proteger a los ciudadanos brasileros (o extranjeros) contra las actividades de espionaje de su propio gobierno. No basta con protegerlos de las amenazas externas; es necesario establecer límites a lo que viene desde el interior.
Esto significa la apertura a un debate público amplio respecto de los límites de las actividades de vigilancia estatal. El garantismo procesal penal puede ser un punto de partida, pero su dogmática sólo podrá discutir las nuevas reglas del juego si logra ganar nuevos aires y aliarse con otras preocupaciones, como aquellas que se involucran con el derecho a la privacidad, libertad de expresión y las particularidades de la arquitectura de Internet.

Estas cuestiones son muy incipientes tanto en el debate público como en la producción académica de Brasil. Un ejemplo son los programas de las facultades de derecho. Son pocas las disciplinas, investigaciones o entidades especializadas en el estudio de estos derechos. Aquí, el debate recién comienza. La aprobación del Marco Civil y el debate sobre protección de datos personales pueden servir como impulso, pero las universidades necesitan reinventar sus cursos para abarcar el fenómeno de manera interdisciplinaria y proveer a la sociedad civil de diagnósticos más calificados, promoviendo intervenciones más elaboradas en políticas públicas.

Es posible que las actividades de inteligencia o contrainteligencia sean necesarias para mantener el estado de derecho democrático, pero deben estar libres de escrutinio público. La finalidad de las actividades debe ser clara y bien demarcada, y los límites legales respetados. La hipertrofia del sector en Estados Unidos debería servirnos como advertencia: la comunidad de inteligencia debería estar al servicio de la democracia, y no “ocupándose” de ella. Internet no precisa de niñeras.

Francisco Brito Cruz y Dennys Antonialli son Coordinadores del NDIS – Centro de Derecho, Internet y Sociedad de la Facultad de Derecho de USP.

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[1] El Decreto 8.135 de 4 de noviembre de 2013 determina que “la comunicación de datos de la administración federal pública debe ser realizada por medio de redes de telecomunicaciones y servicios de tecnología de la información ofrecidos por entidades de la administración pública federal”. Es una disposición que beneficia al Servicio Federal de Procesamiento de Datos (SERPRO, en portugués), la mayor empresa pública de tecnologías de la comunicación de América Latina, que “invierte en el desarrollo de soluciones tecnológicas en el área de Software Libre, como una política estratégica”. Fuente: https://www.serpro.gov.br/conteudo-oserpro/a-empresa-1.
[2] En materia de comunicaciones electrónicas. Es notorio el extenso número de escándalos protagonizados por el sector de inteligencia brasilero, descendiente directo del Servicio Nacional de Informaciones, creado durante la dictadura militar. Sin un propósito claro, la “escucha” analógica puede migrar a nuevas tecnologías. Para más sobre este asunto, es de interés la lectura SIN & ABIN: una lectura sobre el rol del servicio secreto (Río de Janeiro: Ed. FGV, 2002) de Priscila Brandão y Carlos Antunes, entre otros trabajos sobre la comunidad de inteligencia de Brasil.
[3] Estas situaciones se han resumido en el texto de Eduardo Magrani y Mariana Valente, titulado Internet y Democracia: Las manifestaciones de junio en Brasil, Digital Rights No. 3/2013.
[4] ANTONIALLI, Dennys y BRITO CRUZ Francisco. El derecho a saber quién es: un análisis empírico de las acciones de proveer datos de identificación de usuarios de Internet en Brasil. Mimeo, 2012. Monografía ganadora del Premio Marco Civil de Internet y Desarrollo de Derecho GV.

Traducción al español: Atilio Grimani