Brasil: la realidad práctica todavía nos coloca en un nivel de opacidad institucional muy lejos de una situación de transparencia ideal. Esa lectura menos optimista puede ser confirmada con números, tanto en el plan global como en el doméstico.

Por Paulo Rená Santarém

Transparencia gubernamental en Brasil: en el camino cierto, pero aún falta mucho

Internacionalmente Brasil fue uno de los ocho países pioneros de la Asociación Gobierno Abierto (“Open Government Partnership”) lanzada en 2011 y que hoy cuenta con 64 integrantes. Nacionalmente mucha cosa ha cambiado desde que en el mismo año, con la Ley nº 12.527, Brasil se convirtió en el 13º país de América Latina y en el 91º en el mundo en aprobar una norma específica para la garantía del acceso a la información.

Sin embargo, a pesar de esos resultados diplomáticos y legislativos innegables, la realidad práctica todavía nos coloca en un nivel de opacidad institucional muy lejos de una situación de transparencia ideal. Esa lectura menos optimista puede ser confirmada con números, tanto en el plan global como en el doméstico.

Comparación mundial

En el día 9 de diciembre de 2014 la fundación Open Knowledge Internacional lanzó la segunda edición anual del Índice Global de Datos Abiertos. Este año, Brasil bajó del 24° al 26° lugar entre los 90 países analizados, aun haya elevado su puntaje del 48% al 54 %.

En la elaboración del Índice Global de Datos Abiertos son analizadas cualitativamente la existencia, la oferta en formato digital, la disponibilidad al público, la gratuidad, la disponibilidad en línea, la legibilidad por máquina, la disponibilidad en masa, la apertura de la licencia de uso y la actualidad de los datos. Esos nueve criterios son medidos en nueve áreas específicas: horarios de los medios de transporte; presupuesto gubernamental; gastos gubernamentales; resultados electorales; registros de empresas; mapas nacionales; estadísticas nacionales; legislación; códigos postales; emisión de contaminantes.

El nuevo puntaje logrado por Brasil en relación a la situación en 2013, por un lado, mejoró mucho en el presupuesto gubernamental, con puntaje 100 % (antes el 45 %). Por otro lado, empeoró mucho en los códigos postales, con el 0 % (antes el 55 %) de transparencia en los CEPs. También ocurrieron otras dos fuertes elevaciones en el registro de empresas (del 10 % al 45 %) y en los datos sube la emisión de contaminantes (del 0 % al 35 %).

En cuanto a la caída en el ránking, la posición más baja se debe inicialmente al aumento de países evaluados. Si en 2013 eran sólo 60, de los 30 que estrenan en el listado de 2014, los vecinos latinoamericanos Chile y Uruguay ya entraron adelante de Brasil, respectivamente en 12º y 19º. Pero hay otros factores. Por ejemplo, India nos sobrepasó al elevar sus puntos de transparencia del 46 % al 68 % y con eso, saltó del 27° al 10° lugar.

Evaluación interna

Ya para una perspectiva comparativa doméstica, los primeros resultados concretos fueron divulgados en noviembre, en el informe “Estado Brasileño y Transparencia: Evaluando la aplicación de la Ley de Acceso a la Información”. El documento fue producido por la Red de Auditoría de Transparencia (“Transparency Audit Network”), una iniciativa mantenida por la Fundação Getulio Vargas, de Rio de Janeiro en asociación con el centro de investigación Birkbeck de la Universidad de Londres y apoyada por la Open Society Foundations.

La investigación trató de medir la tasa de respuestas, la tasa de precisión y plazo medio mediante el envío de 717 pedidos de acceso a la información, aglomerados en dos bloques. Primero, en una evaluación general, 173 diferentes integrantes de la administración pública: de 133 organismos de los Estados de São Paulo, Minas Gerais y Rio de Janeiro, de sus respectivas capitales, del Distrito Federal y de la Unión. Segundo, en la evaluación del Poder Judicial fueron examinados 40 tribunales, incluyendo Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justicia y Tribunal Superior del Trabajo, 5 Tribunales Regionales Federales, 5 Tribunales Regionales del Trabajo y los 27 Tribunales de Justicia de cada Estado y del Distrito Federal y Territorios.

Se verificó que, en promedio no sólo 1 de cada 3 pedidos fue completamente ignorado, como la precisión de las respuestas, que efectivamente atienden al pedido, fueron de sólo el 57 % entre los pedidos respondidos en general, el 26 % particularmente al Poder Judicial. El informe destaca que, algunos organismos y Tribunales quedaron particularmente debajo de ese promedio (Municipio de Rio de Janeiro con el 23 %), señalando una gran discrepancia en la adhesión a la transparencia estatal. Las conclusiones apuntan también indicios que hay una discriminación en el procesamiento de los pedidos en función de la existencia o no de un vínculo institucional del requirente: los investigadores de la FGV tardaron un promedio de 17,5 días para obtener sus respuestas, 25,5 días para los perfiles no institucionales.

Las descubiertas son aún más graves en la evaluación de los desafíos institucionales que perjudican la efectiva implementación de la Ley de Acceso a la Información. Ante la ausencia de reglamentación a normas claramente ilegales, el informe traza una serie de recomendaciones, además de apuntar nuevos caminos de investigación, como investigaciones ante otros entes y la propia formulación de más pedidos de información por la sociedad civil.

El valor democrático de los datos abiertos

En esa etapa de la apertura del acceso a la información en Brasil, mucho se puede aprender a partir de las experiencias de otros países. Podemos comenzar por observar en detalle qué hizo el Reino Unido, primer lugar en el Índice Global, como también nuestros vecinos mejor colocados. Aun más sencillo, podemos diseminar la elaboración de planes, por los municipios, estados y organismos públicos en general, que permitan trazar un camino en dirección a la atención de los requisitos objetivos de calidad de los datos públicos.

En todo caso, el paso más importante puede ser un mayor empeño de la sociedad civil en el uso de los pedidos de información. Desde periódicos que traten de realizar investigaciones minuciosas, hasta individuos que desean saber detalles de su interés privado, pasando por las incontables organizaciones privadas que lidian con pautas específicas: muchas personas, físicas y jurídicas, todavía no se dieron cuenta del valor democrático ni se apoderaron de esa herramienta que son los pedidos de información y del acceso de manera general.

La importancia tiene como mínimo una doble cara. De un lado, el control sobre los gobernantes permite evaluar el cumplimiento de los compromisos de campaña. Con el nuevo ciclo de mandatos que empiezan en 2015, saber en números concretos cuánto ha sido gastado en cada rubro es uno de los muchos caminos por los que la trilla de la transparencia permite mayor responsabilidad ante los gobernados. En esa misma línea, el ejercicio del acceso a la información puede ser necesario para examinar si el Estado no ha violado otras garantías fundamentales, tales como la privacidad, la inviolabilidad del secreto de comunicaciones, atención a los derechos de niños y adolescentes, celeridad razonable de los juzgamientos y el respeto a la mínima dignidad para presidiarios.

De otro lado, la apertura de datos puede llevar a una intensificación en la participación popular en las propias definiciones de las metas de gobierno. Desde un escenario mapeado en sus circunstancias reales, las demandas sociales se pueden condensar con más referencia en la realidad e imponer una mayor presión sobre la definición de las prioridades del poder público. Ante da gran diversidad de posibles necesidades de la población, saber qué cuestiones del cotidiano han sido más o menos atendidas puede servir como guía para una actuación más eficiente de la administración pública en la satisfacción del bien común.

Brasil no está en la posición más cómoda en el tema transparencia, pero muchas de las dificultades iniciales ya fueron superadas. Ahora necesitamos dar un segundo paso como nación en dirección a la concretización de la apertura de los datos públicos.