El Senado brasileño aprobó el proyecto de ley que busca reformar la gestión colectiva de los derechos de autor sobre obras musicales. Tras las continuas manifestaciones de la sociedad civil, el proyecto de ley que establece la necesidad de una mayor transparencia del órgano central de gestión colectiva sólo espera la sanción de la Presidente de la República.

Por Pedro Belchior, Mariana Valente y Eduardo Magrani, Centro de Tecnología y Sociedad.

Tema absolutamente polémico en el campo del derecho de autor, la gestión colectiva ha generado descontento por parte de los autores, artistas y usuarios de obras musicales durante décadas. En Brasil, la parte más satisfecha es la Oficina Central de Recaudación y Distribución (ECAD, en portugués), órgano encargado de la recaudación y distribución de los derechos relacionados con la ejecución pública de canciones y poseedor de monopolio legal para llevar a cabo la actividad.

Sin embargo, en las últimas semanas Brasil dio un importante paso hacia la reforma del sistema de gestión colectiva. Aprobado por unanimidad por la Comisión de Constitución, Justicia y Ciudadanía (CCJ) del Senado, el informe de la sustitución de la Ley del Senado No. 129/2012 fue seguido de la aprobación de una solicitud de urgencia, que envió el Proyecto de Ley del Senado (PLS) 129 directamente a la sesión plenaria del Senado, que se aprobó por el cierre del mismo día. El proyecto de ley fue a la Cámara de Representantes, donde se tomaron los mismos procedimientos. Aprobado por la Cámara con una enmienda, regresó al Senado para su ratificación. Actualmente, sólo depende de la sanción del Presidente.

Pero la historia y la movilización detrás del PLS 129 son antiguas. A principios de los años 90, cuando Brasil fue presidido por Fernando Collor de Mello, el Consejo Nacional de Derechos de Autor (CNDA, en portugués), el órgano responsable de la supervisión del ECAD, fue desactivado. Algunas décadas de monopolio legal sin regulación ni supervisión fueron suficientes para crear un sistema distorsionado y oscuro.

Dado el contexto generado por la gestión imprudente del ECAD, distintas Comisiones Parlamentarias de Investigación (CPI) fueron introducidas en el ámbito nacional y estatal – una en la Cámara de Representantes (1995/96), y tres en las Asambleas Legislativas de Mato Grosso do Sul (2005) , São Paulo (2009) y Rio de Janeiro (2011). En estas investigaciones, crímenes como falsificación, evasión de impuestos, apropiación indebida, malversación de fondos, conspiración, formación de cárteles y abuso del poder económico, pero esto no se ha traducido en graves consecuencias.

En 2011 una CPI fue establecida en el Senado para volver a investigar el ECAD. Bajo la presidencia del Senador Randolfe Rodrigues (PSOL / AP) y reportada por el Senador Lindbergh Farias (PT / RJ), la CPI levantó diversas irregularidades y delitos, entre las cuales la expulsión arbitraria de las asociaciones de la junta directiva de ECAD, la sustitución injustificada del servicio de auditoría contratada, el pago de recompensas a los empleados por participación en los beneficios, el pago de recompensas a los empleados para la participación en los beneficios, la distribución entre los ejecutivos de ECAD de los valores originalmente relacionados con los honorarios de la parte vencedora, la apropiación indebida de créditos no distribuidos y la formación de cartel, entre otros.

El informe, destacando las irregularidades y los crímenes, obligó a los artistas brasileños y a los usuarios de música a tomar posiciones sobre el asunto. Como resultado, el Senado desarrolló el PLS N º 129/2012, con el fin de establecer las condiciones para el ejercicio de los poderes conferidos al ECAD por la legislación nacional.

Meses después de su presentación ante el Senado, los cambios circunstanciales han traído el PLS 129 otra vez en la agenda: la modificación en el Ministerio de la Cultura, con la nueva ministra, Marta Suplicy, y el consecuente retorno del ex director de Propiedad Intelectual, Marcos Souza, aliado con la nueva dirigencia para la cultura en la Cámara de Representantes. Así, articulado por el GAP, grupo de artistas y otros agentes de la escena musical nacional, el PLS 129 fue enviado a la Comisión de Constitución, Justicia y Ciudadanía (CCJ) del Senado, y renovado por su relator, Senador Humberto Costa (PT-CE), reanudando el proceso que condujo a la aprobación del PLS en el Congreso.

El paso final para la presentación del proyecto fue la articulación de la iniciativa «Procure Saber», capitaneada por otros artistas nacionales de gran renombre. Como resultado, el PLS 129 se aprobó con carácter de emergencia en ambas cámaras de la legislatura, que culminó con la ratificación del proyecto de ley en la sesión plenaria del Senado.

El sustituto del PLS 129 mantuvo algunas y alteró otras disposiciones del proyecto anterior. Las cinco frentes elegidas para estar en la base del sustituto permanecieron las mismas: Transparencia, Eficiencia, Modernización, Reglamento e Inspección. Cambio en relación a la versión anterior, no existe una disposición de una ley de autonomía para la gestión colectiva, sino de modificaciones en la actual Ley de Derecho de Autor, con el fin de evitar la dispersión de esfuerzos legislativos. Otra predicción de la sustitución es convertir el Ministerio de Cultura en gerente de calificación y supervisión de las asociaciones de gestión colectiva de derechos de autor. La versión anterior, debido a las circunstancias políticas, dio el Ministerio de Justicia esta tarea.

El nuevo PLS 129 abandona la idea inicial de repartir las actividades de las asociaciones por categorías de derechos, y predice que las asociaciones tienen que demostrar su gestión eficaz y regular, se prevé procedimientos que respeten la contradicción y la defensa completa en el caso de sanciones por mala gestión. El ECAD se convierte en un objetivo de los deberes y obligaciones más claros para garantizar la transparencia y la eficiencia que son exigidas por artistas y usuarios de obras musicales. Por ejemplo, el nuevo ECAD asumirá la gestión de un único registro de las obras, una vieja petición de los miembros del segmento de la música, y se permitió a los artistas y a los usuarios la vigilancia constante y permanente de los datos relacionados con la ejecución pública de sus obras.

Otros puntos relevantes se refieren a la tasa relacionada con la administración de las asociaciones, para que el titular de los derechos reciba por lo menos el 85% de los montos recaudados; la limitación de los mandatos de los directores de las asociaciones, así como la igualdad de derecho al voto, para evitar las asimetrías de poder entre las asociaciones.

Así, con la aprobación de lo PLS 129 en el Congreso, el siguiente paso es la aprobación presidencial. En paralelo, se espera que la Presidente de la República esté atenta a la movilización de los artistas y de la sociedad civil y sancione la ley, además de tomar las medidas necesarias para la (re)creación de una entidad dedicada a la supervisión de la actuación del nuevo ECAD.

En conclusión, la aprobación del PLS 129 en el Congreso representa un gran avance, pero todavía es esencial la movilización y el acompañamiento del proceso de sanción presidencial, con la máxima atención a los vetos y cambios que pueden ocurrir fuera del alcance de los interesados directamente en la reforma.

Eduardo Magrani, Mariana Valente y Pedro Belchior, investigadores del Centro de Tecnología y Sociedad (CTS)
E-mail: eduardomagrani (at) gmail.com; pedrobelchiorcosta (at) gmail.com