Los defensores de la causa del acceso al conocimiento perciben el momento actual como clave para una gestión democrática, comprometida con los intereses de todos aquellos preocupados de la renovación de los derechos de autor y del cumplimiento de su función social.

Por Eduardo Magrani, Centro de Tecnologia e Sociedade.

La reforma a la ley de Derecho de Autor de Brasil se impone como una solución eficiente y viable para actual crisis brasileña, no debiendo ser vista, por tanto, separadamente de las demás soluciones, sociales y legales, teniendo en consideración que es sólo uno de los intrumentos destinados a garantizar un equilibrio entre los intereses de los autores y los intereses y derechos de la sociedad en general.

La reforma legal constituye una necesidad real y es el camino adecuado para actualizar la ley brasileña a consideraciones modernas y así corregir los problemas derivados del proceso de maximización de la protección de los derechos de autor y a los problemas asociados a la elaboración de un texto legal.

Conscientes de los defectos de la normativa actual y todo lo que ello implica, Juca Ferreira (Ministro de Cultura 2008–2010) intentó, a través de la revisión de la ley, -y en plena concordancia con el ministro saliente y con la posición del gobierno del presidente Lula- construir un instrumento para el desarrollo y consolidar una economía de la cultura en el país, garantizando, al mismo tiempo, los derechos consittucionales de los autores y de la sociedad a tener acceso a la educación, a la información y a la cultura. Históricamente, es la primera vez que Brasil adopta una actitud progresista respecto de la regulación del derecho de autor.

Después de un largo proceso de audiencias públicas, iniciado en el año 2007, y que involucro a muchos grupos diferentes de la sociedad brasileña, el Ministerio de Cultura elaboró un proyecto para reformar la ley de Derechos de Autor, que fue llevado a una consulta pública en junio de 2010.

Durante la consulta pública, el Ministerio de Cultura entregó claras explicaciones que permitieron a la sociedad entender la intención exacta del gobierno en torno a la reforma de la ley de Derechos de Autor. Entre las metas principales de la propuesta, podemos destacar las siguientes: asegurar incentivos y formas de proteger a los autores y sus creaciones, promover balance entre los derechos de todos los involucrados en el proceso, ampliar y democratizar el acceso de la población a bienes y servicios culturales, alinear la legislación actual a los nuevos paradigmas establecidos en el entorno digital, y para permitir a los estados adoptar políticas públicas para promover, supervisar, regular y proteger intereses sociales y nacionales tanto al interior como en el exterior del país.

El 23 de diciembre de 2010, el proceso de redacción del proyecto de ley fue concluido y su texto final fue enviado al Jefe de Gabinete de la Presidencia de Brasil (Casa Civil) con modificaciones inspiradas principalmente por los casi 8 mil comentarios hechos por la sociedad civil a través de mecanismos de consulta pública.

En enero de 2011, Ana Buarque de Hollanda fue nominada a la cabeza del Ministerio de Cultura, y debido al cambio de administración, el proyecto de Ley de reforma de Derechos de Autor volvió desde el jefe de gabinete al Ministerio de Cultura. Durante el análisis del texto hecho por la nueva ministra junto con el jefe de la sección de propiedad intelectual de la Secretaría de Políticas Culturales, se decidió que el texto sería reabierto para otra consulta pública. Este nuevo proceso ocurrió entre el 25 y el 30 de abril de 2011. En esta ocasión, sin embargo, la consulta fue hecha en una manera menos transparente y democrática, debido a que solamente especialistas pudieron comentar acerca de unos pocos temas seleccionados. Una vez que esta etapa de la elaboración del proyecto de Ley fue concluido, el texto fue enviado de vuelta al Jefe de Gabinete de la Presidencia de Brasil.

Desde su primer mes en el gobierno, Ana de Hollanda dejó en claro que no compartía la visión de sus antecesores en la promoción de la cultura libre, particularmente en el ambiente digital, avanzando en el sentido opuesto.

Después de dos años de duras críticas, Ana de Hollanda dejó el Ministerio, con una gestión marcada por su inhabilidad política para lidiar con importantes sectores de la sociedad civil y por defender intereses contrarios a la cultura libre y el acceso al conocimiento.

En septiembre de 2012, la presidenta Dilma Rousseff nombró en su lugar a la senadora Marta Suplicy, del Partido de los Trabajadores, ex prefecta de Sao Paulo y ex ministro de Turismo. En uno de sus promeros actos como Ministro de Cultura, la nueva ministro trajo de vuelta a Marcos Souza, quien fuera responsable de propiedad intelectual durante la época de Gilberto Gil y Juca Ferreira (2003–2010) y principal defensor dentro del gobierno de hacer una reforma a la ley de derechos de autor. El acto de sacar del gobierno a Souza fue visto en su momento como una de las señales más claras del desacuerdo de Ana de Hollanda con el legado de la política cultural del presidente Lula.

Debido al cambio de gobierno, la reforma retornó al Ministerio de Cultura y debe ser enviada pronto al Congreso Nacional, haciendo extremadamente importante una reconducción del debate sobre los derechos de autor en Brasil. El momento actual es percibido por los defensores del acceso al conocimiento como un movimiento de retorno a una gestión democrática comprometida con los intereses de todos aquellos preocupados de la actualización del sistema de derechos de autor y el cumplimiento de su función social.

Eduardo Magrani, profesor e investigador del Centro de Tecnología y Sociedad (CTS)
E-mail: eduardomagrani (at) gmail.com