En la semana del 16 al 20 de diciembre de 2013 tuvo lugar la 26ta Sesión del Comité Permanente de Derechos de Autor y Derechos Conexos (SCCR26) en la sede la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en Ginebra, Suiza. Una sesión que dedicó su discusión a varias propuestas de instrumentos internacionales para radiodifusores, bibliotecas y archivos, y centros educativos e investigativos.

Por Amalia Toledo

La SCCR26 tuvo una extensa y agotadora discusión que terminó poco antes de la media noche del viernes 20 de diciembre, dejándonos con la sensación general de que la OMPI está lista y dispuesta para mover, a toda prisa, la adopción de un tratado vinculante para la protección de los debatibles derechos de autor de los radiodifusores. En cambio, la protección al interés público se antojó tímida y desganada. Lo que es lo mismo que decir que cualquier futuro instrumento para bibliotecas y archivos –ni mencionar ya para centros educativos– necesitará de un impulso inusitado que de momento no es palpable.

Proyecto de tratado para radiodifusores

El proyecto de tratado para radiodifusores, a nuestro parecer, nace con un importante traspié (objeto de la discusión de la sesión de diciembre): el ámbito de aplicación. De acuerdo al proyecto de tratado, el ámbito de aplicación de este instrumento sería la protección a la señal transmitida por los organismos de radiodifusión, de difusión por cable, y potencialmente de difusión por Internet. Un nuevo “derecho” que se extendería por un periodo de 50 años de protección. Pero tal vez más crítico aún es que este nuevo “derecho” estaría afectando el uso de contenidos u obras protegidas de los que, en muchas ocasiones, el organismo de radiodifusión no posee derecho de autor alguno. Con ello, el tratado peligrosamente podría afectar la libertad de expresión y la innovación en Internet. Pensemos, por ejemplo, en una obra en el dominio público que es transmitida por un organismo de radiodifusión. Dado a la “protección” que crearía este tratado, tal organismo podría prohibir la retransmisión de una obra cuyos derechos de autor ya han expirado, impidiendo que cualquier usuaria y usuario pueda retransmitir tal contenido para uso personal.

Como ya mencionamos, este tratado se discute a ritmo acelerado con la mira puesta en la celebración de una Conferencia Diplomática en 2015, en donde su adopción podría ser definitiva. Pero antes de que esto ocurra, los Estados Miembros tendrán que ponerse de acuerdo sobre si el tratado incluirá o no todas las formas de radiodifusión por Internet o solo la radiodifusión producida por los organismos tradicionales. Desde la perspectiva de la sociedad civil, el interés público y el de consumidores, el panorama no es alentador. La gran mayoría de los Estados Miembros tiene una posición favorable a este tratado, destacándose México y Colombia como sus grandes defensores en la región latinoamericana. Y en del plenario, son muy escasas las organizaciones que presentan un punto de vista alternativo y/o contestatario. En este contexto, no obstante, destaca la ONG Knowledge Ecology International International (KEI), que ha sido enfática en destacar que la necesidad de este tratado no ha sido aún demostrada, como tampoco sus implicaciones económicas. Un reclamo que no es baladí, si pensamos que el proyecto de tratado está en contradicción con el propio derecho de autor, pues el objeto del derecho es la señal de transmisión, más no las obras que contiene.

Ante tal escenario, la alternativa de la sociedad civil será levantar las alarmas de atención para un futura adopción e implementación de este proyecto de tratado a nivel nacional.

Garantías a bibliotecas y archivos

La SCCR26 recibió con menos entusiasmo la discusión de un instrumento que reconocería los derechos de las bibliotecas y archivos de copiar, prestar, preservar, etc., documentos y obras. Básicamente, un instrumento que permitiría a las bibliotecas y archivos ejercer su misión dentro de la legalidad.

No obstante y en contraste con el punto anterior, durante los dos días dedicados a esta materia el debate se nutrió de diferentes puntos de vista. La postura de los países desarrollados y las organizaciones que representan a los titulares de derechos fueron claramente identificables: la misión de bibliotecas y archivos es indiscutiblemente importante, pero no existe la necesidad de crear un nuevo instrumento jurídico vinculante. Arguyeron que el marco legal internacional era suficientemente bueno. En cambio, ofrecían una vía menos jurídica: intercambio de experiencias, asistencia técnica y cooperación. La solución más extrema fue presentada por la Unión Europea, inclinada a la concesión de licencias.

Por otra parte, aquellos que promueven un tratado vinculante en esta materia lo componen, en su mayoría, los Estados latinoamericanos y africanos, junto con organismos de la sociedad civil que representan el interés público y abogan por un acercamiento en derechos humanos. Dentro de este grupo, fue común escuchar que el recién aprobado Tratado de Marrakech es un ejemplo de cómo el derecho internacional puede remediar desigualdades creadas por el derecho de autor. En una hoja informativa preparado por la International Federation of Library Associations (IFLA) queda evidenciado el desequilibrio existente en materia de tratados internacionales sobre derechos de autor: 7 instrumentos que benefician a los titulares frente a un único tratado a favor del interés púbico.

Asimismo, este grupo manifestó que el derecho internacional es una herramienta para ajustar e influir las legislaciones nacionales, por tanto, un tratado de este tipo es de vital importancia. En este sentido, desde la Fundación Karisma no solo tuvimos la oportunidad de expresar las preocupaciones de las bibliotecas y archivos colombianos, sino hacer un llamado de atención sobre cómo los acuerdos comerciales entre Estados están erosionando las capacidades nacionales para implementar sus legislaciones.

En resumen

Sin duda, la mesa está servida para el proyecto de tratado para organismos de radiodifusión. El año 2014 será testigo de una desesperada y álgida discusión a favor de los “derechos” de los radiodifusores. La agenda de la próxima sesión, que tendrá lugar entre del 28 de abril al 2 de mayo, fue acordada de la siguiente manera: 2.5 días para los radiodifusores, 2 días para bibliotecas y archivos, y medio día para centros educativos. No obstante, todo indica que los delegados a favor del tratado para radiodifusores se saldrán con la suya, disminuyendo el tiempo de debate de bibliotecas y archivos a día y medio. Situación no favorable para adelantar el documento de trabajo sobre bibliotecas y archivos.

En la Fundación Karisma esperamos regresar a la OMPI con el fin de seguir brindando nuestro apoyo al desarrollo de un futuro instrumento para bibliotecas y archivos, y para dejar en claro que un tratado para organismos de radiodifusión es una amenaza a nuestros más básicos derechos humanos.