Por Gloria Meneses y Amalia Toledo

Dos meses después de la Reunión Preparatoria Regional de Gobernanza de Internet en Argentina, tuvo lugar, del 22 al 25 de octubre, el 8vo Foro Global de Gobernanza de Internet en Bali, Indonesia. Un evento organizado anualmente por las Naciones Unidas para fomentar el diálogo sobre la gobernanza de Internet entre sectores públicos, privados, académicos y la sociedad civil.

El tema que enmarcó el 8vo Foro Global de Gobernanza de Internet (IGF, por sus siglas en inglés) fue la “Construcción de Puentes – Mejorando la Cooperación Multiactores para el Crecimiento y Desarrollo Sostenible”. El propósito no fue otro que encontrar el terreno común de esas relaciones multistakeholder (multiactores), en donde se evalúan complejas cuestiones sobre la gobernanza de Internet (i.e. sostenibilidad, solidez, seguridad, estabilidad, desarrollo, etc.).

No obstante, éste no fue el único tema bajo examen. Por primera vez en la historia del IGF los derechos humanos fueron un eje central de los debates. La participación de la sociedad civil ha tenido mucho que ver en la inclusión de esta temática. No es secreto para nadie el papel fundamental que está jugando este sector en la lucha por la protección de los derechos digitales, por un Internet libre, por el acceso abierto y por muchos otros temas relacionados con la red y los derechos humanos. Todo indicaba que el IGF necesitaba un diálogo “multistakeholder” sobre las amenazas a los derechos humanos en el mundo online.

De otra parte, las preocupaciones sobre las constantes violaciones en la red a los derechos a la libertad de expresión, a la privacidad, al anonimato, entre otros, representadas a través de amenazas y ataques a periodistas, activistas y bloggers, tuvieron también eco en distintas sesiones. Esta situación ha quedado expresada en la pérdida de confianza en los gobiernos y los proveedores de servicio de Internet (en inglés ISP) por las y los ciudadanos. ¿Podrán los Estados y los ISP recobrar la confianza en un futuro cercano? ¿Será la garantía de los derechos humanos en Internet la mayor lucha de las organizaciones de la sociedad civil en los futuros IGF? Preguntas cuyas respuestas no podrán ser respondidas en tanto no haya compromisos firmes de todas las partes por el respeto de los derechos humanos en la red.

Complementando la situación descrita antes, el tema de la vigilancia masiva de ciudadanas y ciudadanos merece punto aparte. Las informaciones reveladas a través de las filtraciones de Snowden fueron cardinales en el interés por debatir las implicaciones de la vigilancia sin control de las comunicaciones online en nuestros derechos humanos. El programa de espionaje de la National Security Agency (NSA) fue la comidilla de las sesiones y los pasillos. No fue para menos que este tema se convirtiera en el segundo gran foco de las discusiones. Tanto es así que incluso algunos artículos de prensa internacional se refirieron al tema de vigilancia en el Foro como “el elefante dentro de la habitación”.

La delegación del gobierno de los EEUU llegó decidida a intentar limpiar su imagen como protector de los derechos humanos en los entornos digitales. En este contexto, fue común escuchar a los funcionarios estadounidense minimizar las críticas acerca del programa de espionaje de la NSA. Se defendieron usando frases como “todos lo hacen» y “el gobierno no es perfecto”. También aseguraron que los EEUU no utiliza la recolección de datos para reprimir a ciudadanas y ciudadanos de otros países. A esto añadieron que no existen razones con base en condición social, religión o inclinaciones políticas que los motiven a tal recolección. Difícilmente estos argumentos convencieron a la audiencia presente.

Los ISP, por su parte, se mostraron preocupados por la pérdida de confianza de las y los usuarios como resultado de las filtraciones de Snowden. Pero poco dijeron sobre su responsabilidad, y mucho menos aludieron a aquellas prácticas empresariales internas que ponen en peligro los derechos humanos de las y los usuarios.

Para la sociedad civil, en cambio, el IGF sirvió de plataforma para desafiar estas posturas, exigir rendición de cuenta y demandar transparencia. Frente a esto, por ejemplo, la Internet Engineering Task Force (IETF) expresó que la vigilancia de las comunicaciones online requiere la atención y solución de todos los posibles actores involucrados. Solo así podrá pasarse al siguiente nivel de Internet: una red segura y abierta que permita la efectiva protección y ejercicio de los derechos humanos. La IETF, por lo tanto, hace un llamado a las comunidades técnicas para crear más herramientas que ayuden a asegurar la privacidad de las y los usuarios en Internet, pero que también permitan que la sociedad funcione. De otra parte, la sociedad civil insistió en los 13 Principios sobre la aplicación de los derechos humanos a la vigilancia de las comunicaciones como una forma de diseñar programas de vigilancia estatal desde una perspectiva en derechos humanos.

En este contexto, vale la pena destacar el llamado de la delegación del gobierno de Brasil y la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (en inglés ICANN) sobre la celebración de una Cumbre Internacional de Gobernanza de Internet el próximo año en Brasil. De acuerdo con las expresiones del Ministro de Comunicaciones de Brasil, el objetivo de este evento es encontrar un nuevo modelo de gobernanza de Internet, uno más neutral. Esto responde a la indignación del gobierno brasileño con motivo de los escándalos de espionaje de la NSA hacia sus ciudadanía y gobernantes. Aún no sabemos la fecha exacta ni la ciudad anfitriona de este evento. Tampoco conocemos si será posible diseñar un modelo que mejore al actual. Lo que sí esperamos es que la posible versión mejorada del modelo multistakeholder respete las contribuciones que cada actor puede aportar para el desarrollo de un Internet más abierto, seguro, multilateral y basado en derechos humanos.

A manera de conclusión vale la pena resaltar la cada vez más relevante posición de la sociedad civil en esta plataforma multistakeholder. No solo su trabajo ha conseguido posicionar temas como los antes mencionados, sino también su participación es cada vez más fuerte y creciente. Como muestra tenemos que el 46% de los participantes del IGF provenía de este sector. Este porcentaje no es para nada despreciable si tenemos en cuenta que el restante se distribuye entre gobiernos, sector privado, comunidades técnicas, medios de comunicación y organizaciones intergubernamentales. Con toda probabilidad en años venideros seremos testigos de la significación que esto tendrá en el Foro. Mientras tanto, hay que reconocer que el IGF ofrece un espacio de participación en igualdad de condiciones en donde la sociedad civil tiene voz y una muy alta.

Gloria Patricia Meneses es colaboradora en el proyecto de Gobernanza de Internet de la Fundación Karisma, activista en RedPaTodos y miembro de la comunidad Mozilla. Twitter @gpmeneses

Amalia Toledo es colaboradora del grupo Derechos, Internet y Sociedad de la Fundación Karisma y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP). Twitter: @amalia_toledo