Esa es la gran pregunta detrás de la nueva tecnología de vigilancia implementada por dos comunas de la ciudad de Santiago, y que ahora se encuentra en tela de juicio por atentar, entre otros derechos, fuertemente en contra de la privacidad de las y los vecinos.

Por Paula Jaramillo, investigadora Derechos Digitales

“Puedo imaginarme, con bastantes escalofríos, la nitidez con que se puede ver mi pieza. Y no solo durante el día, ya que la cámara posee también visión nocturna”. Stephanie Söffge es capaz de ver con perfecta claridad el globo aerostático de vigilancia ubicado a tan solo 90 metros de la ventana de su casa. Desde que el globo fue instalado, ha debido alterar su vida cotidiana: “me ha obligado a cerrar constantemente las ventanas y a no poder vivir una vida tranquila como estaba acostumbrada, a sentirme vigilada las 24 horas, los 7 días de la semana”.

Söffge sufre las consecuencias de los globos aerostáticos de vigilancia ubicados en Las Condes y Lo Barnechea, tecnología militar de origen israelí que es usada en la Franja de Gaza y en la frontera entre Estados Unidos y México. Como se puede concluir, se trata de una medida altamente intrusiva: tiene una cámara de 360 grados, con visión nocturna y puntero láser, que permite reconocer a una persona en movimiento a más de 1,5 kilómetros de distancia, las 24 horas del día.

En Chile, por cierto, los alcaldes de ambas comunas han justificado su uso para combatir la delincuencia y reforzar la vigilancia del tránsito vehicular.

Estos últimos hechos hacen pensar que la discusión sobre la privacidad y la seguridad debe tomarse con la más alta seriedad y no ser presa de argumentos livianos. Todas y todos tenemos derecho a tener una vida segura, ¿pero debe ser el costo prescindir de nuestra privacidad?

La discusión seria se vuelve imprescindible en nuestros países, toda vez que buena parte de las y los ciudadanos no está lo suficientemente consciente de la importancia primordial del derecho a la privacidad, al punto de estar dispuestos a transarlo ante la promesa brillante de una mayor seguridad ciudadana, sin darnos cuenta que, de paso, estamos haciendo que nuestros hogares y calles se transformen en parte de una gran cárcel al aire libre, vigilados panópticamente por desconocidos cuyos intereses nos son totalmente ajenos.

En este contexto, las medidas de vigilancia masiva e indiscriminada no deben ser toleradas en un Estado democrático de derecho, bajo el riesgo de que se expandan descontroladamente sin considerar los derechos fundamentales que resultan lesionados. Es por eso que Derechos Digitales, en conjunto con otras dos organizaciones pro derechos humanos en Chile,interpusieron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, para que sea la justicia quien determine la legalidad, justificación y apego a los derechos fundamentales de la medida implementada.

Los globos de vigilancia a lo menos afectarían tres derechos constitucionalmente garantizados: la protección de la vida privada, la inviolabilidad del domicilio y el derecho de propiedad en sentido amplio. Además, en el recurso se hizo presente tanto la vulneración de las leyes que regulan el tratamiento de los datos personales en Chile y la actividad municipal; como también la arbitrariedad que encierra esta controvertida medida.

En este último punto se concentran aspectos que van desde su falta de proporción en función del objetivo perseguido -seguridad ciudadana y vigilancia de tránsito mediante cámaras que permiten grabar con alta precisión incluso dentro de los domicilios-, hasta la discriminación implícita que ella conlleva, considerando los factores que se tuvieron en cuenta tanto para proponer el proyecto, como para decidir la instalación geográfica de los dispositivos (por índices socioeconómicos).

Agrava los hechos el que las personas a cargo de la grabación de imágenes no son funcionarios municipales ni se encuentran sujetas a obligaciones específicas relacionadas con su labor, resultando especialmente sensible la ausencia de un deber de confidencialidad. Así parece que la sanción más dura en caso de vulnerar gravemente los derechos fundamentales de una persona sería la pérdida del puesto de trabajo, lo que claramente no guarda ninguna razonabilidad.

Las políticas públicas para combatir la delincuencia son una obligación para nuestras autoridades, pero también lo es que esas medidas se ajusten a la legalidad vigente, sin ceder o abandonar nuestros derechos fundamentales, dejándolos a merced de cualquiera que pudiera lesionarlos grave e impunemente. Es hora de exigir un debate serio cuando hablamos de seguridad, uno que comprenda a la privacidad no como una molestia, sino como un espacio determinante a la hora de desarrollar libremente nuestra personalidad e individualidad.

Imagen: (CC-BY) Constanza Figueroa / Derechos Digitales