Por Atilio Grimani y Emiliano Villa

El desembarco de Street View en Argentina plantea distintas encrucijadas que deberán ser sorteadas para conseguir el equilibrio entre las ventajas ofrecidas por la herramienta y las posibles afectaciones sobrevinientes a la privacidad.

Córdoba y Esmeralda, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 10.15 am. La imagen de los transeúntes, edificios, automóviles e hitos de la ciudad están a punto de convertirse en bits de información y pasar al estrellato digital. Un auto de múltiples colores y con una cámara de última tecnología en el techo no pasa desapercibido. Se mueve sigilosamente por calles y avenidas, dejando constancia de todo lo que ocurre a su alrededor. El futuro ya llegó y con él una avalancha de potenciales ventajas y, por supuesto, potenciales problemas.

Street View, lanzado por primera vez en mayo del 2007 en Estados Unidos, desembarcó en Argentina en el último mes y comenzó a tomar un registro tridimensional de la Capital Federal, Gran Buenos Aires, La Plata, Rosario, Santa Fe y Córdoba. Sin embargo, antes de que esas imágenes puedan tornarse operativas –el proceso técnico de subida lleva entre ocho meses y un año, según informó la compañía- ya se ha encontrado con detractores provenientes de distintos espacios. Esto se debe en gran medida al pallet de experiencias recogidas en otros países donde esta tecnología ha anclado desde hace tiempo. El temor a que se repitan los mismos errores y afectaciones de derechos predispone en forma negativa a quienes se preocupan por la privacidad, cada vez más expuesta a los tiempos que corren.

El derecho a la intimidad –y su consecuente derivación hacia el derecho a la propia imagen- parece ser el lugar desde donde parten las principales objeciones. La obtención de nuestra foto por parte de este vehículo multicolor portando una cámara sofisticada en su techo sin el consentimiento de los actores involucrados es un problema crucial que hace que esta práctica choque con leyes de Protección de Datos Personales vigentes en muchos países, entre ellos, la Argentina. Y cuando ello ocurre, la misma práctica se vuelve objeto de críticas y reclamos en contra del servicio de Street View en sí mismo.

Ante críticas similares, desde el año 2008 Google desarrolló un algoritmo capaz de difuminar automáticamente rostros y placas vehiculares. Pero muchos creen que esto no es suficiente. Los responsables de Google en la región han dejado en claro que una vez subidas las fotografías a Street View, los usuarios que insistan con su afectación tendrán –al igual que lo hace Facebook por ejemplo- la posibilidad de reportar aquellas que identifiquen como inadecuadas para que sean revisadas y eventualmente removidas del sistema.

Pero los críticos van más allá y han cuestionado –por ejemplo— la captura de las imágenes de las fachadas de casas particulares. Se ha planteado que en determinados supuestos la identificación de una vivienda puede afectar, por variadas razones, la intimidad de su titular. En este caso, la compañía ofrece la posibilidad de pedir –siempre mediante pedidos concretos— la remoción de las capturas que hayan comprendido aquellas viviendas. Una vez más, estas medidas parecen ser insuficientes para evitar la individualización en todos los casos. De hecho, en distintas regiones de Europa, este sistema cuya génesis tuvo que ver con brindarles un servicio a los usuarios que quisieran recorrer de modo virtual distintas ciudades y sus áreas metropolitanas circundantes, ha tenido usos menos convencionales. Los inspectores de hacienda no han dudado en usar esta herramienta en beneficio propio como método alternativo a las prácticas tradicionales para evitar el fraude, esto es, cotejar las imágenes del Google Street View con los registros de la propiedad en busca de construcciones no declaradas. Resulta cuanto menos paradójico encontrarse con nuevas tecnologías elaboradas –en esencia— al servicio de particulares que terminan siendo utilizadas en su contra –o al menos, en contra de sus bolsillos.

Una última cuestión –ya alejada de las fotografías pero no por ello menos preocupante- que ha suscitado fuertes críticas –sobre todo en Estados Unidos y Alemania– tiene que ver con la captura de información privada de los transeúntes a través del sistema Wi-Fi utilizado por los vehículos de Google. En efecto, los vehículos de captura de imágenes también rastreaban hot spots de Internet inalámbrica. Pero se ha denunciado que entre los datos recabados de manera automática hubo correos electrónicos, mensajes, contraseñas, direcciones y números de teléfono de personas que, mientras estos vehículos realizaban sus tareas de mapeo fotografiando el entorno, se encontraban desprevenidas, conectadas a una red Wi-Fi abierta mediante distintos dispositivos electrónicos. La empresa, que fue declarada culpable en numerosas ocasiones por tribunales de justicia, se ha comprometido a mejorar sus políticas de seguridad en este aspecto.

A nivel local, Google ya ha sido llevado ante los tribunales de la Ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, donde por medio de una acción de amparo se ha pedido que se impida la captación de imágenes. Quien hizo reclamo sostuvo que fotografiar fachadas y transeúntes sin la debida autorización viola la privacidad de los sujetos retratados. La Justicia de primera instancia de la capital bonaerense desestimó la acción al no encontrar una afectación a la intimidad y privacidad, ya que se tratan de fotos obtenidas en la vía pública. El fallo ha sido apelado.

Mientras tanto, el auto de Google sigue recorriendo las calles la ciudad. Lo vemos una, dos, tres veces. Y él, por supuesto, nos ve a nosotros.