Era un ajetreado noviembre de 2009 cuando, entre 130 proyectos de ley que versaban sobre los temas más diversos, los diputados argentinos decidieron –sin demasiado tratamiento– extender el plazo de monopolio sobre fonogramas de 50 a 70 años post-publicación. Mercedes Sosa, la voz femenina más relevante del folklore argentino, había fallecido solo un mes antes. Sus primeros discos, como La voz de la zafra, habían sido publicados en 1961 y estaban prontos a ingresar al dominio público. Pero la rapidez asombrosa con la que actuaron los legisladores lo impidió: el proyecto de ley S3030/09, presentado por Miguel Pichetto (Frente para la Victoria), ingresó el mismo mes en que “la Negra” Sosa fallecía; se trató sobre tablas en la Cámara de Senadores y, en menos de dos meses, los diputados y senadores argentinos le habían robado 20 años a la música popular argentina.

Por: Evelin Heidel, Fundación Vía Libre

El problema de extender el monopolio de 50 a 70 años fue señalado con alerta por algunas organizaciones sociales, como Wikimedia Argentina, encargada de promocionar Wikipedia y sus proyectos asociados; Fundación Vía Libre, una ONG dedicada a la defensa de derechos digitales; y Red Panal, una plataforma de músicos. En sus comunicados advirtieron que los senadores, de afiliación peronista, estaban cometiendo el desatino de privatizar la marcha que los caracteriza y que tantos dolores de cabeza les había traído: en junio de ese año, Hugo Fontana, hijo de Hugo del Carril, les había prohibido la ejecución de la marcha en los actos de campaña. La marcha peronista de Hugo del Carril había sido registrada en 1949 y, en enero de 2010, iba a entrar al dominio público.

Las discográficas apuraron el proyecto, al que se le sumaron reconocidas voces argentinas como Fito Páez, para que el trámite parlamentario se resolviera rápido y ya. El hijo de Mercedes Sosa ayudó en el trayecto. Después de guardar el disco durante 48 años, sin re-editarlo, y con el cuerpo de Mercedes todavía tibio, las discográficas finalmente decidieron que a La voz de la zafra le tocaba ver de nuevo la luz, como reseñaba Diego Fischerman en Página/12. ¿En qué otro momento, si no, iban a editar estos discos?

Poca gente, sin embargo, se enteró de que todo esto estaba pasando. Página/12 fue el medio más activo y publicó en aquel momento una serie de notas sobre el tema. Una de ellas se preguntaba: «¿70 años no es nada?» Pero la respuesta quedó girando en el vacío: nadie, ninguno de los legisladores que habían presentado la medida, se atrevió a responderla, o siquiera la consideró de importancia. Litto Nebbia, reconocido músico y pionero del rock nacional argentino, criticó la medida.

Ya decía Marx que decía Hegel que la historia se repite, la primera vez como tragedia y la segunda como farsa. En este caso es una doble tragedia: una vez que la voz de «la Negra» Sosa ha sido privatizada y está nuevamente bajo las siete llaves de las decisiones de las discográficas, ahora queda privatizar algunas de sus imágenes más emblemáticas.

Esta vez, el proyecto es presentado por Liliana Mazure (Frente para la Victoria) y lleva las firmas de Gloria Bidgain, Susana Canela, Gastón Harispe, Héctor Recalde y Eduardo Seminara. Propone extender el copyright sobre las fotos, de 20 años post-publicación a 70 años post-mortem del autor, tal como está previsto para el resto de los autores en la ley 11.723. Por eso es que las fotos de Annemarie Heinrich, entre ellas el retrato a Mercedes Sosa, van a desaparecer de sitios como la Wikipedia.

El proyecto fue presentado a pedido de ARGRA, la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina, y entre sus objetivos se lee «equiparar el plazo de protección de los Autores Fotográficos» (sí, Autores Fotográficos, con mayúscula). En los fundamentos, se argumenta que «por vía del plazo, ingresan prematuramente en el dominio público obras que de hecho conviven con la actividad creativa y profesional de sus autores, y que de este modo se pierden para su acervo, reconocimiento y goce. […] Este ingreso en la esfera pública no redunda en un beneficio general de la comunidad, sino en un despojamiento pecuniario y moral del patrimonio de sus autores».

En la práctica, el aumento de los plazos significaría ilegalizar la actividad de acervos y repositorios digitales tan variopintos como el Archivo General de la Nación, la Biblioteca Digital Trapalanda de la Biblioteca Nacional o proyectos comunitarios y voluntarios como la Wikipedia. En efecto, el artículo 72 de la Ley de Propiedad Intelectual argentina establece la sanción penal por infracción a la ley 11.723. En el caso de proyectos como Wikipedia, sus propias normas establecen que no se pueden subir archivos que no cumplan con las siguientes condiciones: tener una licencia libre o estar en dominio público. Esto es así para evitar reclamos por copyright.

Más aún, este aumento de los plazos no redundaría en un real beneficio de los autores, ya que al establecer el plazo en 70 años post-mortem, en realidad se garantiza un derecho para los herederos. Las consecuencias nefastas de esta extensión hacia los herederos ya han sido verificadas en múltiples casos: desde los herederos de Fontanarrosa, que tras su muerte impidieron la publicación de sus obras por varios años hasta que un juez sensato tuvo el tino de recordarles que hay derechos culturales por encima de los derechos de propiedad; hasta el más reciente caso de la viuda de Borges, quien amenazó con llevar al escritor Pablo Katchadjian a la cárcel por la circulación de un remake de edición restringida (200 copias), en un claro experimento literario.

Así, el proyecto de ley de Mazure le otorga más poder a los herederos, quienes pueden resultar una verdadera molestia como en el caso de los autores más reconocidos. Pero en la enorme mayoría de los casos, los herederos simplemente condenan las obras de sus ascendientes al olvido. Fue precisamente para evitar eso que en 2010 el fotógrafo argentino Jorge Royan empezó a subir más de 600 fotos a Wikipedia, para evitar «que estas quedasen en su computadora perdidas cuando él no estuviese y que sólo fuesen una curiosidad para sus futuros nietos.»

La extensión del plazo resultaría sencillamente catastrófica para proyectos como Wikipedia. Wikimedia Argentina anunciaba que «Wikipedia se podría quedar sin fotos de la historia argentina». El título es lo suficientemente contundente, pero para ilustrar la idea, basta recorrer algunas de las fotos de Horacio Coppola o las más de 10.000 fotos agrupadas bajo la categoría «Dominio público de Argentina» de la Wikipedia para dimensionar el tamaño de la pérdida. Se perderán también las fotos de símbolos tan emblemáticos como la Coca Sarli, la del soldado llorando a Perón durante su entierro en el ’74, o la iconográfica foto de Eva Perón en malla de lunares. Eso, sin contar todo el archivo histórico fotográfico de la década de los ’70, con las marchas de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, que volverán a los archivos de los medios periodísticos y al ostracismo de los herederos.

En algunos casos, como con las fotos del 19 y 20 de diciembre de 2001, es imposible calcular cuándo entrarán al dominio público. ¿2106? ¿2150? Lo mismo sucederá con las fotos de la Guerra de Malvinas, entre otros registros históricos de importancia. Recordemos: de 20 años post-publicación, se pasa a 70 post-mortem.

Fundación Vía Libre, junto con más de 50 organizaciones, firmaron una declaración oponiéndose a la reforma. Entre las organizaciones firmantes se encuentran la Electronic Frontier Foundation, Creative Commons Internacional, varios capítulos de Wikimedia, y otras organizaciones similares. Diversos medios internacionales recogieron la noticia, aunque la repercusión en la prensa local parece haber sido más bien escasa, salvo por algunas notas sueltas en radios, y en los diarios La Nación, Infobae y Tiempo Argentino.

Pero las declaraciones y la prensa internacional no parecen haber hecho mella en Liliana Mazure, la diputada que presenta el proyecto. Sólo aseguró en su cuenta de Twitter que «En internet este tema no está regulado o sea que nadie sacara nada». Habría que preguntarle por qué, entonces, The Pirate Bay continúa bloqueado en Argentina. Luego advirtió que «en los demás medios, los autores cobrarán por su Derecho de autor tal como lo hacen los actores, los músicos, los directores».

El proyecto de Mazure expone en sus fundamentos: «La segura utilización de esas imágenes redundará en beneficio de la actividad empresaria de los medios periodísticos, que habrán de usufructuar sin cargo alguno un material que conserva intacta su vigencia y efectividad.»

Pero, en contra de sus objetivos manifiestos, le otorga más poder a las empresas periodísticas que contratan reporteros gráficos. El propio sitio web de la ARGRA, en un apartado dedicado al derecho de autor, expresa que: «Cuando las obras fueron hechas en el marco de una relación de dependencia, los derechos patrimoniales quedan sujetos a las condiciones negociadas en el contrato laboral (art 28)». Esto quiere decir que los derechos de las obras quedan para las empresas y no para los autores cuando estos fotógrafos estén en relación de dependencia. De hecho, la doctrina de adquisición de derechos de propiedad intelectual mediante la contratación no es una novedad, y se aplica para las obras de software y obras por encargo. En la práctica, este proyecto le restituye a los grandes medios periodísticos más de cincuenta años de archivo fotográfico, dado el carácter retroactivo de la ley.

Los beneficios para los fotógrafos son más bien escasos. Los perjuicios para la comunidad, enormes. Discutir la ley 11.723 es una tarea que ya no puede ser aplazada.

Nota del editor: El 4 de noviembre de 2015, la Cámara de Diputados aprobó y envió al Senado el proyecto de ley para extender la protección a 50 años a partir de la primera publicación de la obra. La aprobación se dio posteriormente a la redacción original de este texto.

Imagen: Dominio público via Wikimedia Commons