Principalmente por los efectos de la convergencia, pero sobre todo, por su carácter de habilitador de derechos, el destino de Internet es clave en cualquier análisis de la Reforma de Telecomunicaciones en México, que incluyó cambios constitucionales y una ley reglamentaria está en proceso de concluir con los lineamientos del regulador. A pesar de que hubo quien les descalificó como “temas menores” cuando se pretendía llevar a discusión los asuntos relacionados a esta materia, las tendencias internacionales han ido arrastrando sus problemas asociados cada vez más cerca de los mexicanos hasta un punto en el que es imposible escapar de ellos.

Por Carlos Brito*

El primer punto a tratar es, desde luego, el relacionado con el acceso. Mientras que la AMIPCI reporta ya una cobertura de 51% de la población conectada, también es una concentración desigual entre los distintos estados y regiones (de 2013 a 2014 la tasa de crecimiento fue de 13%, mientras que de 2014 a 2015 fue de 5%). Estas brechas, según la reforma, deberían ser combatidas mediante elementos ligados a generar una mayor competencia, pero también a través de distintos instrumentos de política pública que incrementaría las bases de infraestructura, como la red compartida de la banda de los 700 Mhz y la ampliación de la red troncal del Estado para la explotación de nuevos operadores y algunos de los establecidos (lo cual, en principio, podría incrementar la cobertura).

Ambos proyectos se encuentran no sólo retrasados por varios meses en su cumplimiento, la red compartida ha recibido ajustes que reducen su capacidad y se le ha hecho menos atractiva mediante otras licitaciones, mientras que el proyecto de red troncal debería haber iniciado en diciembre 2014 y debería estar operando en 2018, además se han dado señales de que hay intentos por lograr una contrarreforma que les termine por anular completamente. Por último, las concesiones del tipo social, comunitario e indígena, no están restringidas para la radiodifusión, ya que de acuerdo a la reforma constitucional, también pueden extenderse para ofrecer servicios de telecomunicaciones.

Esfuerzos exitosos de sociedad civil como los de Rhizomatica en Talea de Castro y otras poblaciones de Oaxaca son un ejemplo que podría replicarse en distintas zonas del país, donde los operadores se han negado a ofrecer cobertura y que el regulador ha fallado en procurar lo necesario para llevar estos derechos: la población instalando y operando redes por su propia cuenta y en sus propios términos.

A pesar de que la reforma constitucional contempló que las telecomunicaciones fueran entendidas como un servicio público de interés general y de que, entre otras, serán provistas en condiciones de competencia, acceso libre y sin injerencias arbitrarias (artículo 6); la postura del Gobierno Federal en la discusión de la ley fue abiertamente contraria a la neutralidad de la red en los hechos y a pesar del discurso de la Estrategia Digital Nacional (que a veces y a veces no es vocera del Ejecutivo de la política pública en la materia). Esa esquizofrenia institucional se mostró sobre todo cuando el Gobierno Federal fue acusado a inicios de 2013 de haber censurado el sitio 1dmx.org en colaboración con la Embajada de Estados Unidos en México para presionar al proveedor de dominios GoDaddy. La directora de la EDN se declaró incompetente para comentar al respecto, dejando esa tarea a la Policía Federal.

Los artículos 145 y 146 de la ley en su iniciativa daban espacio, según declaraba el entonces subsecretario de comunicaciones Ignacio Peralta, a un escenario en que los ISPs podrían cobrar de distintas manera a los proveedores de aplicaciones, contenidos o servicios (PACS) en Internet a efecto de hacerlas “contribuir” en la inversión de infraestructura. El argumento central de las telcos en contra de la neutralidad de la red en todo el mundo. Además, su artículo 146 permitía una cantidad de interpretaciones donde podía pasar distintos tipos de tiering incluyendo priorizaciones (fastlanes/slowlanes). En el 145 se incluían obligaciones a los ISPs para bloquear PACS a solicitud arbitraria de autoridades no especificadas y responsabilidades para los intermediarios de censurar a discreción imponiéndoles la obligación de interpretar posibles violaciones a leyes: censura privada.

Producto de la presión social, expresada en manifestaciones en las propias redes pero también en las calles, estas disposiciones tuvieron que desecharse, quedando como resultado dos artículos sobre neutralidad de la red que, en una lectura integral, ofrece un marco apropiado para un Internet abierta y libre… asunto que, sin embargo, todavía queda en manos del Instituto Federal de Telecomunicaciones concretar. Y en este último punto, la cosa no pinta bien.

México ha cobrado cierta racha de crear órganos autónomos constitucionales (ajenos al ámbito del ejecutivo, legislativo y judicial) para temas clave de la política. Dos especialmente importantes para Internet son el regulador, el Instituto Federal de Comunicaciones (IFT); y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Este último aprobó a inicios de este año una resolución que instauraba en México una versión del “derecho al olvido” todavía más lesiva para la libertad de expresión y el acceso a la información que lo dispuesto en Europa con el caso Costeja. La resolución preveé una fórmula simple y sin ponderación alguna de derechos: el nombre de una persona es un dato personal y por tanto, a solicitud del titular, los buscadores de Internet deben desindexar los sitios que así se le requieran.

Esta resolución comenzó afectando directamente a medios de comunicación que en sus notas denunciaban supuestas prácticas de corrupción por parte de políticos mexicanos, ligados a la familia del expresidente Vicente Fox. De momento, tanto Google (el primer buscador afectado) como la Revista Fortuna (a través de R3D), mantienen esta resolución detenida dado un proceso litigioso que, se espera, pueda echar atrás esta forma de censura. En su argumentación, Google alega que las leyes mexicanas no le son aplicables para el servicio de buscador, dado que su operación radica en Estados Unidos, mientras que en la organización R3D defendemos una óptica donde la empresa sí está obligada a respetar disposición en materia de protección de datos, al tiempo de que combatimos la aplicación de esta resolución por violar la libertad de expresión.

El despacho privado Eliminalia, dirigido por Dídac Sánchez (que esperemos no mande a borrar este texto de los buscadores), es el principal impulsor del mal llamado “derecho al olvido”; declara que 80% de sus clientes son políticos y exfuncionarios, en un país que se destaca por altos niveles de corrupción y de colusión del crimen organizado con funcionarios de Estado. Las amenazas legales no siempre se concretan en una solicitud directa a Google y hay medios que ceden directamente a la presión retirando los contenidos de sus servidores. Este es quizá uno de los mejores ejemplos de un problema mayor que muestra las falencias del marco normativo mexicano apenas meses después de la reforma que presume girar en torno a la convergencia.

Mientras que el IFT se prepara para el proceso de expedición de las reglas sobre neutralidad de la red, los operadores se han apurado a normalizar distintas prácticas contrarias a este principio. Uno de ellos es la degradación deliberada de PACS, una práctica que resulta tangible pero invisible para los usuarios finales (no hay forma de saber si un operador reduce la calidad del servicio de manera deliberada o es un evento incidental); al respecto Netflix en su reporte anual sobre la calidad de su servicio en distintos operadores en el mundo, destaca a ISPs mexicanos entre los peores evaluados.

Al mismo tiempo, todos los operadores tanto fijos como móviles, han generado ofertas comerciales de paquetes de redes sociales gratuitas, zero rating, violando las disposiciones en materia de neutralidad de la red de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y aprovechando el vacío momentáneo de reglas. Sin embargo, está tan avanzada y organizada la normalización de esta violación a la neutralidad, que el propio IFT en su comparador de operadores (una tabla que realiza para ayudar al usuario a elegir mejor) ya presenta las ofertas de zero rating como una ventaja a considerar para el consumidor, incluso antes de expedir las reglas al respecto.

Además, desde septiembre de 2014 Enrique Peña Nieto inició conversaciones con Mark Zuckerberg para la introducción de Internet.org en México, una forma todavía más agresiva de zero rating. A pesar de que ha sufrido retrasos por los desacuerdos para operar bajo la red de Telcel (como apuesta Facebook por su cercanía con Carlos Slim) o de Telefónica Movistar; el IFT simplemente se ha mantenido pasivo y silencioso, a pesar de ser un regulador especialmente dotado de herramientas.

Además del argumento de “las OTTs deben pagar también por la infraestructura”, los ISPs han comenzado a manejar un discurso que posiciona a la neutralidad de la red como un principio excluyente a políticas de cobertura; en su lógica, necesitan discriminar PACS para hacer viable negocio, pasando por encima del sistema de innovación en Internet, de la libertad de expresión y los usuarios mismos. Cuando los mexicanos luchan por liberarse de un esquema de concentración en la televisión y la radio; pronto se podrían encontrar uno nuevo, más grande y complejo en Internet. ¿Si hubiera legislación con principios que impidieran de manera directa al INAI imponer el “derecho al olvido” éste lo acataría? La experiencia del IFT deja la duda.

Temas que parecían lejanos para México hace apenas unos años, como la responsabilidad de intermediarios, bloqueo de contenidos, legislación y regulación sobre neutralidad de la red, “derecho al olvido”, ahora son parte de la agenda digital de este país, sumadas a las discusiones propias de las políticas de cobertura y acceso. Hay una agenda más que se ha agravado para Internet en estos años de reformas, relativa a la vigilancia masiva de las comunicaciones, pero será tema de otra entrega.

La articulación de la sociedad civil es fundamental para generar un contrapeso a las visiones de gobierno e industria que privilegie los derechos humanos y la democracia sobre el lucro y el control político. Este año ha abierto muchas historias que exigen de participación e involucramiento de todos los sectores sociales. Internet ha significado un frente de apertura democrática cuando las instituciones formales del Estado Mexicano han ido retrocediendo en su función; más que nunca vale la pena defenderlo, que es, en última instancia, defendernos a nosotros mismos.

*Carlos Brito es Director de Incidencia de R3D, Red en Defensa de los Derechos Digitales.

Imagen: (CC BY-ND-NC) Joris Lootens