En marzo de este año entra en funciones un nuevo Gobierno en Chile, y cualquier política de desarrollo digital que implemente debe necesariamente considerar una variable de derechos, diseñando regulaciones que permitan un desarrollo sostenible, más allá de palabras de moda como gobierno digital, “smart cities”, emprendimiento, innovación o disrupción.

Por Francisco Vera

El desarrollo digital de un país no está separado de la regulación que lo sustenta. No se limita a avanzar lugares en ránkings de acceso a tecnologías o de gobierno electrónico, sino que se refiere a un enfoque integral, donde las tecnologías digitales son una herramienta para que las personas puedan maximizar su bienestar y el respeto a sus derechos.

La mera afirmación de algunos sectores de que (¡oh, casualidad!) sus intereses son los que mejor interpretan al país, no puede aceptarse sin antes hacer una reflexión crítica sobre las implicancias que tienen para el desarrollo de nuestros derechos. Así, el nuevo Gobierno tendrá que tomar varias determinaciones de regulación en materia digital, que impactarán directamente en los intereses públicos, en diversos ámbitos.

Privacidad y datos personales

Chile cuenta con una Ley de datos personales que desde un comienzo fue catalogada como hecha “a medida de las empresas”. En la práctica, eso significa que nuestros datos personales hoy están en “tierra de nadie”, por una débil configuración de derechos y mecanismos irrisorios para hacerlos cumplir, obligando a los afectados a acudir a tribunales para obtener sanciones efectivas a los abusos en esta materia.

Hoy se discute una reforma a esta ley, pero hasta el momento el proyecto no contempla la creación de una agencia de protección de datos personales, que entregaría a los ciudadanos herramientas efectivas para resguardarse frente a los constantes abusos que hoy existen en la materia. Sin embargo, numerosos grupos de interés empresarial pretenden mantener este statu quo, aludiendo al flujo libre de información y conocimiento, a las trabas que un régimen más efectivo supondría al emprendimiento digital y otros argumentos que pretenden mantener y consagrar el régimen de abusos que hoy existe.

Derechos de autor y propiedad intelectual

Después de la reforma del año 2010, todavía quedan numerosos desafíos por resolver. El primero y más grave: las negociaciones del Acuerdo Transpacífico, que obligarían al país a retroceder frente a la voracidad de la industria del entretenimiento, que en pos de proteger sus modelos de negocios, desea obtener el control de los contenidos que circulan por la red.

Por otra parte, aún nos resta solucionar múltiples problemas vinculados a la regulación de derechos de autor: la posibilidad de utilizar y reutilizar la información pública, especialmente aquella obtenida vía transparencia; revisar el engorroso sistema de registro y transferencia de derechos de autor hoy vigente; y la creación de un sistema que permita el uso de obras donde no es posible encontrar al titular de los derechos de autor (también conocidas como obras huérfanas), entre otras cosas.

En particular, y de cara a las reformas educativas que el nuevo Gobierno pretende implementar, cabe plantear derechamente la adopción de nuevas políticas de propiedad intelectual respecto a textos escolares y materiales educativos, apuntando a recursos abiertos, mediante el empleo de licencias de contenido que permitan la libre utilización (y reutilización) de los contenidos financiados con fondos públicos.

Gobernanza de internet

En materia internacional, Chile tiene un notorio déficit de participación en discusiones claves para los derechos digitales, que hoy principalmente se dan en múltiples foros tales como ICANN, que regula los nombres de dominio a nivel internacional, el FGI (Foro de Gobernanza de Internet) y otros espacios similares, cuya nota distintiva es la participación de múltiples interesados o stakeholders, que hoy resulta clave para adoptar políticas públicas sostenibles, informadas y efectivas en la materia.

Chile no puede seguir dándose el lujo de no participar o de acudir reactivamente a las reuniones de ICANN, sólo cuando se discute la posible implementación de una nueva extensión de nombre de dominio como “.patagonia.” El país tiene el desafío de elaborar una estrategia integral en este ámbito, entendiéndolo como un problema que trasciende lo técnico y abarca lo político, definiendo claramente, y con participación de todos los actores nacionales, qué rol debería jugar Chile en estos foros.

Apenas entre en funciones, el nuevo Gobierno chileno deberá enfrentar varios desafíos, como por ejemplo determinar la asistencia a la cumbre de regulación de Internet que está preparando Brasil para abril de este año, o definir la participación nacional en espacios como ICANN o el FGI, entendiendo que la regulación de internet es un tema cada vez más estratégico para los países, especialmente a la luz de los escándalos de vigilancia en que la NSA se ha visto envuelta.

Otros aspectos relevantes

Otro tema que probablemente forme parte de la agenda pública este año es la discusión de una reforma al régimen de delitos informáticos en marcha, que deberá garantizar un equilibrio razonable entre la persecución de estos delitos y el respeto a derechos humanos como la privacidad y libertad de expresión.

En materia de gobierno electrónico, por mucho tiempo se ha discutido cómo implementar un sistema de licenciamiento de software que impida la dependencia de determinados proveedores y maximice las externalidades positivas en las inversiones tecnológicas, permitiendo a otros órganos estatales (y también no estatales) utilizar y beneficiarse de esos avances. La respuesta siempre ha estado clara, y es la adopción de licencias de software libre, pero ha llegado el momento de implementarla de manera seria y coherente.

Finalmente, para sistematizar todos estos esfuerzos, es necesario trabajar en una estrategia digital de derechos, que trascienda la relaciones públicas y se haga cargo de evaluar rigurosamente los resultados de estrategias anteriores, y considerar seriamente los intereses del sector privado y la sociedad civil, con el fin de crear una carta de navegación que nos permita enfrentar el futuro digital de manera conjunta y sostenible.