El sitio web 1DMX fue censurado por tres meses, sin ninguna explicación y con la colaboración del gobierno mexicano y estadounidense, además de la complicidad de una de las empresas proveedoras de nombres de dominio más grandes del mundo. ¿Qué implica la censura política en Internet para los demás países de nuestra región?

Por, Luis Fernando García*

El 25 de noviembre de 2013, la coordinadora de la Estrategia Digital Nacional anunciaba el compromiso del gobierno de México de “respetar absolutamente la libertad de expresión en Internet”. Una semana después, el 2 de diciembre de 2013, el gobierno censuraba la página de internet 1dmx.org.

Este sitio de Internet había nacido un año antes, el 2 de diciembre de 2012, un día después de la toma de protesta de Enrique Peña Nieto, la cual se vio marcada por la violencia policial, las detenciones arbitrarias y hasta una persona fallecida a manos de la Policía Federal. 1dmx.org se convirtió en un portal para recibir, ordenar y publicar los videos, fotografías y testimonios de las violaciones a derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad el 1° de diciembre de 2012.

Después de un año, en que el derecho a la protesta ha sido sistemáticamente atacado en México desde el gobierno y otros sectores, en los días previos al aniversario de las protestas, 1dmx.org planteó una reflexión sobre la erosión de estas libertades públicas a partir de ese 1° de diciembre de 2012 y se preparó para documentar de nuevo cualquier abuso que pudiera suceder durante los eventos de protesta programados para el 1° de diciembre de 2013.

No obstante, el 2 de diciembre de 2013, un correo electrónico de GoDaddy.com, el proveedor del servicio de registro del dominio 1dmx.org, informó a sus administradores que el dominio había sido suspendido por una supuesta violacion de los términos de uso.

Al solicitar detalles sobre esa supuesta violación, GoDaddy.com informa en un segundo correo electrónico que en realidad la suspensión es parte de una “investigación policial en curso” y refiere que para mayores detalles se debe contactar a un agente especial del Departamento de Homeland Security, de la embajada de los Estados Unidos en México. Al ser contactada, la embajada se niega a brindar información alguna.

Dado que la participación de la embajada de los Estados Unidos en México supone que la solicitud para suspender el dominio provino de alguna agencia mexicana, 1dmx.org interpone una demanda de amparo para combatir judicialmente la censura, claramente violatoria del derecho a la libertad de expresión y se señala a diez autoridades como probables responsables de ordenar la censura de 1dmx.org.

La demanda es admitida por un juez federal y se obliga a las autoridades a remitir un informe en el que acepten o nieguen haber ordenado la censura, y en su caso, intenten justificar su constitucionalidad. A la fecha, más de un mes de concluido el plazo para que las autoridades remitieran el informe, ocho autoridades han negado haber ordenado la censura de 1dmx.org. Sin embargo, la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Seguridad (técnicamente parte de la Secretaría de Gobernación) se han negado a remitir el informe.

Al mismo tiempo, un empleado de GoDaddy revela que la agencia que solicitó la censura fue el Centro Especializado en Respuesta Tecnológica (CERT), agencia que forma parte de la Comisión Nacional de Seguridad. Es entonces que, el 4 de marzo de 2014, 1dmx.org decide hacer público el caso realizando una conferencia de prensa y denunciando la censura a través del sitio op1d.mx.

Menos de 24 horas después, el dominio 1dmx.org es restituido sin que GoDaddy.com informe de las razones para ello. Las autoridades mexicanas y de los Estados Unidos tampoco han hecho público algún comunicado al respecto. La impunidad de los responsables pretende ser ocultada tras el silencio de los involucrados. Una cosa es incontrovertible: 1dmx.org fue censurado por tres meses. La censura de Internet en México no es una hipótesis sino una realidad.

Este caso plantea a su vez, varias cuestiones que vale la pena reflexionar de cara a los procesos de discusión sobre gobernanza de Internet, en los que de manera cada vez más frecuente se incorpora, o más bien se invoca, el lenguaje jurídico de los derechos humanos.

Por una parte, este caso deja en evidencia una intención real del gobierno de México de coartar la libertad de expresión y minar el derecho a la privacidad en Internet. Intención que continúa materializándose en reformas legislativas como el Código de Procedimientos Penales que incrementa las facultades de vigilancia sin salvaguardas adecuadas; el proyecto de modificaciones en materia de derechos de autor que disminuye las excepciones y limitaciones al derecho de autor en Internet, criminaliza a usuarios y establece un sistema de censura ante supuestas infracciones a derechos de autor en Internet; y la venidera Ley de Telecomunicaciones, que en una versión filtrada, revela intenciones de ampliar aún más las facultades de vigilancia del Estado, de posibilitar la censura en Internet y de comprometer seriamente la neutralidad de la red. Es claro que el lenguaje del gobierno mexicano sobre su supuesto compromiso con los derechos humanos en Internet no tiene credibilidad.

Igualmente, debe destacarse que la censura a 1dmx.org no hubiera sido posible sin la colaboración del gobierno de los Estados Unidos y de GoDaddy.com. Este hecho hace patente la necesidad de que, además de discursos sobre “libertad en Internet” y declaraciones de relaciones públicas, es indispensable que gobiernos y empresas establezcan procesos transparentes y basados en principios de derechos humanos para el manejo de solicitudes gubernamentales que comprometan la libertad de expresión y la privacidad en Internet.

Reiteradamente, se ha sugerido que el poder que los Estados Unidos y las grandes empresas de Internet que se alojan en su territorio en realidad constituyen una bendición para la libertad de expresión en Internet. Se alude con beneplácito a un “imperialismo de la primera enmienda”. Quizás sea momento de revisitar esas afirmaciones, pues en casos como el de 1dmx.org, es precisamente el elemento extraterritorial el que ha permitido ser llevado a cabo con éxito un acto de censura (abiertamente violatorio de la prohibición de censura previa plasmada de manera inequívoca en la Constitución de México y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos); y peor aún, ha dificultado enormemente las posibilidades de defensa y la sanción de los responsables.

Las implicaciones de este fenómeno deberían ocupar una posición importante en las discusiones sobre gobernanza de Internet, que hasta ahora, han estado acaparadas por voces e intereses muy ajenos a la realidad de América Latina. De lo contrario, eventos como la censura de 1dmx.org seguirán repitiéndose y la erosión de las libertades que hemos experimentado en las calles de México, continuarán su avance por Internet en América Latina.

*Luis Fernando García es abogado de 1DMX y especialista en derechos digitales. @tumbolian