En toda América Latina y en el resto del mundo, el uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) para ayudar a los gobiernos a proveer servicios públicos y sociales a los ciudadanos están en aumento en una tendencia conocida gobierno electrónica. A pesar de que son bastante evidentes los ventajas asociados con aceptar esas novedades en TIC, existen preocupaciones legítimas relacionadas con el aumento de su adopción en todo el mundo.

 

Por Tyler Snell* y Pilar Sáenz**

Las agencias estatales finalmente están adoptando estas tecnologías que muchos se mostraron reacios de adoptar con la esperanza de que los procesos se simplificaran, mejorara la transparencia, se maximizara la velocidad y eficiencia de las comunicaciones, y aumentara la participación ciudadana a través del uso efectivo del mundo digital. Según las Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el gobierno electrónico es un elemento básico del desarrollo inclusivo y sostenible. A pesar de que son bastante evidentes los ventajas asociados con aceptar esas novedades en TIC, existen preocupaciones legítimas relacionadas con el aumento de su adopción en todo el mundo.

Casi todas las base de datos digital existentes han sufrido ataques cibernéticos, y la mayoría han fallado en algún momento, incluidas las de los órganos gubernamentales que contienen información sobre impuestos y salud, de los organismos de defensa, de las compañías multinacionales con fotos privadas e información financiera, las bases de datos escolares con antecedentes académicos, entre otros fallos de seguridad que han dejando la información personal de millones de personas vulnerable. Quienes abogan por la privacidad y seguridad han insistido en la necesidad de discutir las ventajas y desventajas de la consolidación de la información en forma electrónica. Recientemente, las Naciones Unidas llevó a cabo la Encuesta de Gobierno Electrónico 2014 y el Foro Mundial de Gobierno Electrónico del Departamento de Economía y Asuntos Sociales de las Naciones Unidas en Astana, Kazajstán, celebrado el 7 y 8 de octubre de 2014. Estos espacios son lugares apropiados para abrir tal discusión. El Foro Mundial, por ejemplo, se centró en talleres que incluyeron el uso del enfoque de arquitectura informática para el sector público, las tecnologías de convergencia inteligentes, y la ciencia de datos para el gobierno inteligente.

Según la Encuesta de Gobierno Electrónico 2014, la región de las Américas es el segunda lugar tras Europa en su Índice de Gobierno Electrónico. Aunque Corea del Sur, Singapur y Australia dominan los tres primeros puestos a nivel internacional, los Estados Unidos y Canadá son los líderes en gobierno electrónico en las Américas, ocupando los puestos  7 y 11, respectivamente. En cuanto a la participación electrónica y la ciudadanía que en realidad hace uso de los servicios de gobierno digital, Uruguay se encuentra en el tercer puesto y Colombia en el octavo debido a que ambos países tiene un uso comparativamente alto en relación con el uso de  información electrónica, consulta electrónica y toma electrónica de decisiones. Como era de esperar, América Central y el Caribe obtuvieron bajos resultados en estos índices en comparación con el resto de América Latina y el mundo.

Una tendencia interesante y única en los países hispano hablantes que han adoptado el gobierno electrónico ha sido la agregación de documentos oficiales, académico y médicos en una conveniente carpeta en la nube, llamada la Carpeta Ciudadana. España y Colombia están liderando la adopción de este especie de bases de datos digitales consolidadas a escala nacional, mientras que algunas ciudades y municipios de otros países han adoptado las carpetas ciudadanas para sus gobiernos locales. Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Panamá y Uruguay han seguido políticas similares pero ligeramente diferentes mediante la creación de listas de servicios estatales en línea, pero que no necesariamente se mantienen en una carpeta en la nube o son dirigidas por una sola agencia gubernamental. Si bien estos países no han logrado consolidar su información tan agresivamente como España o Colombia, permiten un mayor margen de seguridad de la información ante la eventualidad de ataque de una de las bases de datos gubernamentales de manera que no todos los datos médicos, académicos y personales queden expuestos.

La Carpeta Ciudadana de Colombia es parte del Plan Vive Digital 2014-2018 del Presidente Juan Manuel Santos y el Ministro de las TIC, Diego Molano Vega, que incluye la creación de una alianza público-privada que propone proporcionar a cada ciudadano/a colombiano/a con una carpeta libre y en la nube, y que contendrá su propia cuenta de correo electrónico, identificación digital, historial médico, historial académico, certificado de nacimiento, información del pasaporte y certificaciones estatales. Para los/as colombianos/as, este conjunto de documentos oficiales supondrá una prevención ante el fraude asociado con la falsificación de identificaciones estatales, pero también abre un conjunto diferente de problemas relacionados con el almacenamiento en línea de información sensible. No está claro si esta Carpeta Ciudadana o incluso el correo electrónico oficial serán obligatorios para todos la ciudadanía y si cada hospital registrará automáticamente el historial médico de su paciente en esta carpeta en la nube, o si los/as colombianos/as tendrá la opción de prescindir de la misma.

Ante el anuncio en Colombia del proyecto de carpeta ciudadana, se empezaron a escuchar algunas voces en disenso. Particularmente, en la lista de discusión del colectivo RedPaTodos se realizó un mapeo de información que podría estar relacionada con este proyecto. A la luz de los hallazgos, parece que este no es un proyecto en discusión, abierto a comentarios, sino una iniciativa que ya está está en desarrollo. Sobre la posible implementación, se han planteado algunas preocupaciones, y ante la inminencia de la implementación, incluso se han planteado algunas consideraciones para su puesta en marcha.

Las preocupaciones incluyen la posibilidad de coacción entre el gobierno y los entes privados que implementen la iniciativa, el robo de información sensible, la posible suplantación de identidad ocasionada por violaciones al sistema, la utilización de la plataforma para la violación de derechos civiles, incluyendo la imposibilidad de realizar denuncias o presentar quejas a instancias oficiales de forma anónima.

Dentro de las consideraciones para su implementación se han señalado: la obligatoriedad de mantener la información de la carpeta ciudadana cifrada, así como la importancia de que la la implementación se realice con software libre y utilizando protocolos y estándares abiertos. Además, se propone la implementación de una infraestructura descentralizada para el almacenamiento de la información.

Sobre la información como tal, se ha planteado la necesidad de tener una autorización expresa del ciudadano para el acceso y uso de su información y una reglamentación clara que especifique los derechos de los usuarios, del Estado y de las instituciones que tienen acceso a la información.

La primera acción concreta emprendida por RedPaTodos fue la solicitud, vía derecho de petición al ministerio TIC, de la información sobre el estado actual de la iniciativa, las licitaciones y convocatorias realizadas en el marco del proyecto, los estudios técnicos que consideren los mecanismos para garantizar la protección de la información de los usuarios, la seguridad de esta información y los criterios tecnológicos relacionados con la implementación. Ante la falta de respuesta a esta solicitud, se está ejerciendo una acción de tutela que ordene al Ministerio TIC dar respuesta al derecho de petición.

España está dejando que cada comunidad autónoma determine la extensión de los servicios que ofrecen sus carpetas ciudadanas, pero sus objetivos son similares a los de Colombia. Los objetivos explícitos son garantizar a los/as ciudadanos/as españoles/as que su identidad digital esté protegida y facilitar una comunicación más fácil y frecuente entre el Estado y sus ciudadanía. Solo algunas ciudades contienen una cuenta oficial de correo electrónico, mientras que otras incluyen historias clínicas y académicas. Casi todas las carpetas ciudadanas en España ofrecen la posibilidad de pagar multas, presentar reportes policiales, y renovar documentos oficiales de identificación.

Colombia y Uruguay están relativamente bien en cuanto a sus servicios de gobierno abierto gracias a impulsos nacionales que iniciaron hace más de una década para incorporar las TIC con el fin modernizar sus democracias y implicar a su ciudadanía. Otros países de América Central y el Caribe, como El Salvador y Guatemala, se han quedado atrás debido a la falta de recursos y el énfasis en políticas de gobierno electrónico, aunque a medida que crezca la penetración de Internet en toda la región, esto seguro cambiará. Colombia y España están entre los primeros países iberoamericanos en establecer un Ministerio de Tecnologías de la Información y como resultado se han beneficiado enormemente de esfuerzos dirigidos por dichos ministerios. Es tal vez por eso que han seguido una estrategia de gobierno electrónico más agresiva mediante la creación de la carpeta ciudadana. Lo que queda por verse es si estas políticas de gobierno electrónico como la carpeta ciudadana, que están diseñadas para mejorar la seguridad digital, son capaces de cumplir los objetivos declarados, o si en realidad ponen la información sensible de la ciudadanía en un mayor riesgo por consolidarla en una base de datos presumiblemente segura, pero quizá más expuesta a ataques cibernéticos.

*Tyler Snell Google Policy Fellow en la Fundación Karisma (junio – septiembre 2014).

** María del Pilar Sáenz, Física de profesión, activista por vocación. Entusiasta del software libre, de las tecnologías abiertas y de la cultura libre. Trabajo en la Fundación Karisma y soy parte del colectivo RedPaTodos y de Hackbo. @mapisaro

*Traducido por Amalia Toledo.