En Digital Rights LAC quisimos preguntarles a distintos especialistas de la región sobre su balance personal en temas de derechos digitales. Este es el caso de Beatriz Busaniche de Argentina, a la que le preguntamos ¿cómo ha evolucionado la legislación en temas de derecho de autor en Internet en el año 2013? ¿Qué podemos esperar para el año 2014? Acá su respuesta.

El debate sobre derechos de autor está abierto en todo el mundo y Argentina no es la excepción, aunque el rumbo del país en materia de políticas públicas es difícil de prever.

A modo de balance de un año plagado de noticias vinculadas a los derechos humanos y las nuevas tecnologías, es posible afirmar que 2013 ha sido un momento de consolidación de la discusión sobre derechos de autor en Argentina, en un contexto en el cual un proyecto de flexibilización de las políticas públicas en la materia es no sólo deseable sino aparentemente posible.

El debate público sobre el tema está abierto, en particular por la variedad de casos judicializados que generan amplio interés en la opinión pública y en la prensa. El caso Taringa! es probablemente el más emblemático, ya que significa una embestida de la industria del libro contra uno de los portales más populares de habla hispana, que puede llegar a dirimir la situación no resuelta sobre el alcance de la responsabilidad de los intermediarios en las posibles infracciones al derecho autoral cometidas por usuarios.

El otro caso clave del 2013 fue el fallo del caso Pampa Films contra Youtube, que no sólo sobreseyó a Google como intermediaria, sino que consagró un principio importante en materia jurisprudencial: los usuarios que suben una película completa a la plataforma de videos no cometen un delito penal porque esa conducta no es asimilable al tipo penal de Estafa, tal como dispone la Ley de propiedad intelectual.

Organizaciones como la Fundación Vía Libre han tomado la iniciativa de dar un debate público sostenido en la necesidad de diseñar una política pública de derechos de autor que sea fiel a los principios constitucionales, que sea socialmente justa y que cumpla con los objetivos de ser un medio de promoción de las artes, las ciencias y la cultura que debe tener la propiedad intelectual, promoviendo y respetando los derechos humanos de acceso y participación en la cultura.

Diversos debates y conversaciones con actores clave del sector cultural en el país dan cuenta de que la necesidad de cambiar la ley de propiedad intelectual es innegable. Aún sectores vinculados a la industria y representantes de la gestión colectiva reconocen la necesidad de modificar y actualizar la ley en Argentina. La búsqueda de consensos entre los múltiples sectores interesados y la construcción de proyectos superadores son materia pendiente, que bien podemos establecer como metas para este 2014.