En el transcurso de unas pocas semanas, la ley de derecho de autor dejó de ser un tema desconocido en Uruguay y pasó a agitar a la comunidad cultural, ocupando un lugar en los principales medios de comunicación.

Por Jorge Gemetto*

A principios de julio, el gobierno uruguayo había incluido un artículo dentro del proyecto de ley de Rendición de Cuentas (una ley ómnibus que trata mayormente temas administrativos), que extendía el plazo de derechos de autor de 50 a 70 años después de la muerte del autor. El artículo 218 (tal era su número dentro del proyecto) se incluyó a pedido de la Cámara Uruguaya del Disco en coordinación con la Asociación General de Autores del Uruguay (AGADU), entidades que históricamente lideraron las reformas de la ley de derecho de autor, logrando imponer crecientes restricciones. Esta vez, y por primera vez, recibieron un revés político, producto de la oposición enérgica de múltiples sectores.

#noal218 fue el nombre de la respuesta de diversas organizaciones de la sociedad civil, estudiantes, músicos, escritores, ilustradores, actores, editores, colectivos feministas, grupos de software libre y organizaciones internacionales de derechos humanos, quienes unieron sus fuerzas en la iniciativa para eliminar el artículo en cuestión y evitar, tal como señalaban en su blog, la “privatización de la cultura en Uruguay”.

Las principales virtudes del movimiento #noal218 fueron la rapidez de reflejos para iniciar la campaña, la articulación de diversos sectores reconocidos de la militancia social, la determinación para pedir audiencias con los representantes políticos y plantearles el reclamo, la capacidad de organización en red, y el buen uso de la comunicación por medios digitales.

A la hora de evaluar el éxito del movimiento, ninguno de estos factores fue menos importante que otro. En varios medios de comunicación se destacó que #noal218 se trataba de un fenómeno en las redes sociales. Y en efecto, en parte lo fue. Sin dudas que el manejo fluido de la comunicación online por parte de activistas jóvenes, conocedores de los medios digitales, fue un rasgo distintivo del movimiento. Impresionaba la diferencia en la velocidad de comunicación del movimiento, con discusiones y debates que se abrían en las redes sociales a cada rato, en contraposición con el silencio de las entidades promotoras de la medida, que solamente se manifestaban frente al llamado de la prensa tradicional y que tan solo publicaron un escueto texto, en clave de comunicado, en el sitio web de AGADU.

De manera similar, la capacidad de organización en red, con una estructura poco jerárquica basada en vínculos de confianza y de trabajo en equipo, redundó en decisiones rápidas que fueron determinantes a la hora de lograr objetivos. Evidentemente, hay un factor generacional que determina esta diferencia tan grande en las formas de comunicación y de organización, y que en este caso favoreció a los activistas por el derecho a la cultura.

Sin embargo, sería un error creer que la victoria del movimiento #noal218 se logró únicamente en las redes sociales. Para empezar, hubo una estrategia que incluyó a los medios de prensa tradicionales. Estos, acostumbrados a escuchar siempre una sola campana, se sorprendieron ante la presencia de un nuevo actor social predispuesto a romper la voz hegemónica y a explicar pacientemente un concepto como el dominio público, poco familiar para la opinión general. La cobertura de la prensa no descolló por su precisión ni por su imparcialidad, pero al menos dejó en claro que existía un conflicto donde los intereses en juego no eran únicamente los de las cámaras empresariales o las entidades de gestión de derechos, sino también los de los artistas independientes, estudiantes, docentes y usuarios de cultura en general.

Por otra parte, existió una voluntad de acercamiento a los representantes políticos que explica en buena medida el éxito de la campaña. El gobierno no tenía una posición unívoca en favor de la extensión de los plazos de derechos de autor, sino que había respondido a una demanda concreta de un sector, sin información de que había otros sectores que se oponían a la medida. Lo interesante es que cuando los activistas solicitaron reuniones con los funcionarios del gobierno e hicieron público su reclamo, quienes dentro del gobierno tenían una posición en favor de la circulación social del conocimiento se sorprendieron. Varios funcionarios reconocieron sentirse felices de encontrar un nuevo interlocutor social, que les servía como respaldo para iniciar caminos que antes no pudieron emprender por falta de apoyo social. Otros, que no tenían una postura definida en torno al tema de derechos de autor, manifestaron estar agradecidos por recibir una nueva visión sobre el tema, diferente de las demandas históricas de AGADU y la CUD.

Cabe señalar que las condiciones políticas en Uruguay para un movimiento como #noal218 son sensiblemente más favorables que en otros países de América Latina. Uruguay no forma parte del Acuerdo Trans-Pacífico, y por lo tanto no sufre en estos momentos de presión internacional para endurecer su ley de derechos de autor. En este contexto, la marcha atrás en la extensión de los plazos no tiene ningún costo a nivel de política internacional. Cabe pensar que la situación sería muy diferente si Uruguay decidiera unirse al Acuerdo Trans-Pacífico o si prosperara el tratado de libre comercio con la Unión Europea. Para el movimiento de cultura libre, estas son posibles amenazas a tener en cuenta a la hora de pensar en el futuro.

Como ya hemos dicho, la extensión de los plazos de derechos de autor fue derrotada. Sin embargo, el movimiento #noal218 no tomó la victoria como un fin en sí mismo, sino como el inicio para una agenda positiva sobre acceso a la cultura y derechos de autor. La ley de derechos de autor uruguaya es extremadamente restrictiva, penaliza prácticas cotidianas socialmente aceptadas y choca directamente contra el derecho a estudiar y a acceder a la cultura. Por esa razón, desde la nueva plataforma se impulsa una reforma de la ley de derechos de autor que reconozca las prácticas culturales derivadas del uso de nuevas tecnologías, que proteja realmente a los autores y que fomente la cultura libre. El gobierno uruguayo se comprometió a generar el marco para que en los próximos meses se dé este debate de manera institucional, con la mayor cantidad de voces representadas. Es de esperar que de dicha instancia salgan las recomendaciones para que el parlamento inicie el camino legislativo orientado a garantizar el derecho a la cultura.

*Jorge Gemetto es co-director de “Ártica”, Centro Cultural On Line (Uruguay). http://www.articaonline.com/  Twitter: @Jorgemet